Tiene razón el ambientalista anzoateguiense, Diego Alejandro Zuluaga, al plantear que no se puede separar el tema ambiental del tema político, planteamiento hecho el 29 de mayo en el puente que une los municipios de Anzoátegui y Santa Isabel (Tolima), sobre el río Totare.
El argumento es elemental: Las multinacionales y transnacionales no se mueven por el territorio colombiano como pedro por su casa por casualidad o accidentalidad. Se mueven gracias a decisiones políticas tomadas en el parlamento y sancionadas por el presidente de la república. No son chivas locas que aparecieron por obra y gracia del espíritu santo.
En ese sentido, para hallar una solución a la problemática ambiental y detener la política minero – energética que concibieron primero Uribe Vélez y después Santos Calderón, necesariamente hay que incluir el elemento político. Al no hacerlo así, hacemos lo que viene sucediendo en muchas regiones del país: Salimos a rechazar la destrucción de la naturaleza y cuando llegan las elecciones vamos como mansos corderos a votar por los mismos que han autorizado la presencia de estas multinacionales y transnacionales con todo su poder destructivo.
Ese el llamado que hace Diego Alejandro Zuluaga. Se pretende construir una hidroeléctrica en el río Totare, no con el fin de favorecer los intereses de los campesinos de la extensa región, sino con fines particulares, los cuales están articulados con la explotación minera de una región agrícola, cafetera y cañera de este municipio ubicado al norte del Tolima a 73 kilómetros de la capital Ibagué. Al parecer son más de 700 hectáreas que están en la mira de estas transnacionales y multinacionales, entre otras, Anglo Gold Ashanti.
Cuantos campesinos y campesinas rechazarán este monstruoso zarpazo. Sin embargo, acudirán a votar por Iván Duque, quien es el monigote de Álvaro Uribe Vélez, quien, sin pena ni gloria, ha entregado la soberanía nacional a dichas multinacionales y transnacionales. Incluso, le ha permitido a los Estados Unidos que instale en nuestro territorio nacional 21 bases militares gringas.
Una cosa está relacionada con la otra y eso es lo que llama la atención Zuluaga al criticar la postura del personero de Anzoátegui, Jonatán Materón, quien al parecer ha indicado que una cosa no tiene relación con la otra.
Desde esta perspectiva, hay que decir que una forma concreta de parar este artero ataque contra la naturaleza y los mismos habitantes de la región que seguramente serán desplazados más adelante, es apoyar la candidatura presidencial de Gustavo Petro Urrego. Es el único candidato presidencial que desde un principio rechazó la política minero – energética de Uribe y Santos.
Lo mismo sucede con la salud. La ley 100 de 1993, fue liderada por Álvaro Uribe Vélez, ley que privatizó este derecho y creó las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), verdaderos pulpos económicos para unos cuantos, entre ellos, la mujer de Uribe Vélez. Cuántos anzoateguienses habrán sido víctimas del infame paseo de la muerte, cuántos colombianos. Que tramitología hay que hacer para sacar una cita, siempre le recetan al paciente casi que los mismos medicamentos: Acetaminofén. Cuántos familiares, amigos, paisanos, muertos en las puertas de las clínicas y hospitales. Sin embargo, llegan las elecciones y votamos por los verdaderos responsables de estas. ¿Será que Iván Duque terminará con este criminal negocio sabiendo que la mujer de su patrón es una de las más beneficiadas con el dolor del pueblo? El único que ha dicho sin rodeos que acabará con esto es Gustavo Petro.
Lo mismo sucede con la tenencia de la tierra en Colombia. La tierra debería ser para quien la hace producir, en este caso, el campesino, pero resulta que está concentrada en muy pocas personas llamadas terratenientes o latifundistas. Uno de ellos, es precisamente Álvaro Uribe Vélez. Aprovechando su poder primero como alcalde de Medellín, después como gobernador de Antioquia y después como presidente de la república, se apoderó a sangre y fuego de inmensas extensiones de tierra no solo en su departamento, sino en muchas regiones del país. Muchas de estas tierras, a pesar de su fertilidad, no están en uso, mientras miles de campesinos añoran un pedazo para hacerla producir y así llenar las plazas y supermercados de alimentos frescos.
Petro es el único que ha dado una respuesta certera a esta problemática y ha dicho que esas tierras improductivas deben ponerse a producir, a partir de medidas plausibles, sin ese fantasma de la expropiación.
Así podríamos seguir planteando cosas que sustentan la propuesta de Gustavo Petro que deberíamos apoyar decididamente el 17 de junio, tempranamente. Dejar a un lado esos prejuicios que nos ha impuesto la clase dominante a través de los medios de comunicación. Petro es una persona honesta, lo demostró en Bogotá. Que Petro se hubiera robado un solo peso, el escándalo sería mayúsculo, pero como no se robó nada, entonces han inventado cuentos estúpidos como ese de “castrochavismo”, que nadie sabe qué es eso, que fue guerrillero, etc.
Vale la pena analizar la propuesta de Diego Alejandro Zuluaga y asumir una decisión consecuente con su clase social, porque Petro pertenece a nuestra clase social, ya hizo pública su declaración de renta, cosa que no ha hecho Iván Duque, quien pertenece a la clase rica, a la clase oligárquica como diría Jorge Eliécer Gaitán. Jamás un rico ayuda a un pobre, en cambio el pobre sí está dispuesto a ayudar al pobre.
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