Las comunidades de los municipios de Anzoátegui y Santa Isabel (Tolima), se reunieron ayer sobre el puente del río Totare para rechazar categóricamente la construcción de hidroeléctricas en este río, perjudicando gravemente el ambiente y el territorio de esta vasta región de estos dos municipios, ubicados al norte del departamento, y que son divididos por este río.
Cerca de doscientas personas se congregaron después de las tres de la tarde, de la mano de los personeros municipales, Jonatán Materón y Rodolfo Sierra, respectivamente, lo mismo que los concejos municipales en pleno de ambos municipios. Los personeros se comprometieron a redactar un documento para rechazar esta iniciativa imperialista de las multinacionales y trasnacionales y que hacen parte de la política perversa del uribismo y ahora del santismo.
Unos de los líderes comunitarios asistentes al encuentro señaló: “Hoy (ayer), a las tres de la tarde, se dieron cita en el puente del Fierro, sobre el río Totare, en límites de Anzoátegui y Santa Isabel, concejales de ambos municipios, personerías de ambos municipios y aproximadamente unas doscientas personas de ambos municipios, donde manifestamos un no rotundo a la creación de hidroeléctricas, un no rotundo al estudio de impacto ambiental para la creación de hidroeléctricas en el municipio de Anzoátegui, ya que las personas allí presentes exponían que estas hidroeléctricas que se pretenden crear sobre este río, no son con el fin de producir energía para el municipio, para los municipios cercanos, sino por el contrario, se hacen dentro del corazón de cinco solicitudes mineras que suman alrededor de 700 hectáreas en el municipio de Anzoátegui. Esto fue lo que se expuso allí”, señaló el líder comunitario quien pidió que se omitiera su nombre por el señalamiento que es víctima a diario.
Por su parte, el joven universitario y ambientalista, Diego Alejandro Zuluaga, indicó: “Saludar este espacio para poder dialogar las dos comunidades, los dos vecinos, los municipios de Santa Isabel y Anzoátegui. En este momento nos llama la unión, a partir de una amenaza y un riesgo que vemos sobre todo para para nuestros predios y para nuestro territorio”.
Agregó: “Debo reconocer al señor personero de Santa Isabel, porque en la misma resolución dice que él se opuso a que se realizara dicho estudio de impacto ambiental. También al consejo municipal de Santa Isabel que también cómo se expresa en la resolución, se opuso a la realización de dicho estudio”.
“También debo reconocer el ejercicio del concejo municipal de Anzoátegui (Tolima), en ese momento con la presidencia de la señora Miriam Londoño, que también rechazó rotundamente las solicitudes de títulos mineros que iban llegando. Todo el concejo en pleno. Los once concejales. Siempre tuvieron una preocupación latente del tema de la minería en Anzoátegui, porque allí fue donde comenzaron las solicitudes”.
A pesar del liderazgo del personero municipal de Anzoátegui, Jonatán Materón, también encaminado a rechazar la política minero – energética, el dirigente ambientalista, rechazó la postura del funcionario de separar la problemática ambientalista de la problemática política.
En esa dirección, dijo: “No estoy de acuerdo con la postura del señor personero de Anzoátegui, de que esto no tenga un contexto y una coyuntura política. Todo lo contrario. Sí me parece que es muy político y le voy a explicar por qué: En mis manos tengo un documento técnico que elaboré siendo consultor de la alcaldía de Anzoátegui. A este municipio llegaron cinco solicitudes de concesión de minería. Esas cinco solicitudes de concesión minera, son de aproximadamente, 700 hectáreas que tienen que ver directamente con el municipio a partir de la quebrada la Puerquera, que es finalizando la recta de don Alirio Torres (ya fallecido), baja directamente hasta Verdún, hasta la Unión (Veredas), coge de ahí hacia el Hatillo, baja hacia Cuminá, cogiendo Santa Bárbara, Betulia, Santa Rosa. Toda esa área que para Anzoátegui en este momento está en solicitud de concesión de exploración minera. Unas las hace Anglo Gold Ashanti, directamente para la explotación de oro. ¿Eso qué significa? Eso significa que la hidroeléctrica no va a sacar energía para las comunidades, ni para exportarla, sino que la hidroeléctrica sería el primer paso para empezar a hacer todo este daño ambiental. Este proyecto que en este momento nos está presentando tiene que ver directamente con unos proyectos minero – energéticos que son del orden nacional, porque la solicitud que se está realizando la hace la agencia nacional de minería. ¿Cuál es el problema que está en el centro de la discusión? Es el problema de la autonomía territorial. Es una discusión que tiene que ver entre el ordenamiento jurídico que está consignado en la ley orgánica de ordenamiento territorial y el código minero que fue aprobado en el año 2001”.
“El primero que lo hace es Piedras en el Tolima, a través de una consulta popular; sigue Cajamarca (Tolima), que lo hace a través de una consulta popular. Pero, cuando el gobierno nacional se empezó a dar cuenta que se le venía pasos de gigante, en ese momento pasa la solicitud de consulta el alcalde de Ibagué para consulta popular y no se lo aprueba el tribunal administrativo y lo envía al Consejo de Estado. Posterior, el concejo municipal de Ibagué, de manera muy juiciosa, porque conozco el asesor jurídico que hace toda la documentación previa en términos de derecho, son 24 páginas de afirmación constitucional, defendiendo el recurso natural hídrico, como patrimonio natural del municipio. ¿Qué es lo que sucede? Lo envían al señor gobernador (Oscar Barreto Quiroga), y el gobernador políticamente dice: Tribunal Administrativo. Y el Tribunal Administrativo responde de una manera que me parece vergonzosa, con un solo párrafo responde las 24 páginas de argumentación jurídica, diciendo: Eso es ilegal, porque el Estado es dueño del subsuelo”.
Por su parte, el personero de Santa Isabel, Rodolfo Sierra, manifestó argumentadamente, su rechazo a la construcción de la hidroeléctrica en el río Totare por su impacto ambiental grave contra esta vasta cuenca hidrográfica. El defensor público se declaró partidario de hacer causa común para defender el territorio de la política extractivista y de la construcción de hidroeléctricas, las cuales no van a ayudar al desarrollo comunitario, sino que van a fortalecer las multinacionales y transnacionales.
La comunidad de ambos pueblos hermanos, se declaró dispuesta a movilizarse en defensa del medio ambiente y la autonomía de las comunidades que se hayan asentadas allí.
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