 |
| Presidente nacional de Anthoc |
Por Nelson Lombana Silva
El presidente nacional de Anthoc, el sindicato más importante de la salud por sus posiciones clasistas, desnudó con pelos y señales la gravísima situación que vive la salud en Colombia en el marco del modelo neoliberal.
Según Yesid Camacho Jiménez, anualmente se pierde cerca de 7.5 billones de pesos por concepto de la corrupción en sus más distintas modalidades y tonalidades. Se ha perdido en grado sumo el concepto ético, siendo reemplazado por el afán de lucro, de ganancia al precio que sea.
En esa cruda dinámica al parecer el mandatario de los ibaguereños se movería. Es decir, al parecer no estaría actuando propiamente como alcalde sino como negociante, según analiza el dirigente sindical.
“Todo el mundo sabe – dice el presidente nacional de Anthoc – que el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo tiene inversiones en el sector salud, que sus amigos tienen inversiones en el sector salud”.
Ante el interés de privatizar el hospital público San Francisco, el dirigente sindical ve en esta postura un marcado negocio particular. “Lo que ve uno de por medio es que lo que se quiere consolidar es un negocio en la ciudad de Ibagué a costillas del derecho de la salud de la población y a costilla del derecho de los trabajadores”.
Ni en este hospital, ni en la USI sobra personal. Dice: “Aquí no sobra personal en los hospitales en los niveles profesional, auxiliar y técnico. Podría estar sobrando un gerente, unos subgerentes, una cantidad de asesores”.
Sobre la teoría del mandatario de que por ley tendría que acabar con algunos de estos dos entes, Yesid Camacho Jiménez, responde: “No hay ninguna norma en Colombia que diga que en un municipio como Ibagué no debe haber sino una sola ESE o un solo hospital público. Esa ley no existe”.
Quizá por conveniencia económica se podría dar la fusión, dice el líder sindical. Incluso, se declara partidario colocando ciertas condiciones, entre otras, no despedir a ningún trabajador y médico tanto del San Francisco como de la USI.
Según el presidente nacional de Anthoc, el alcalde persistiría en sus proyectos privatizadores, para lo cual habría contratado al doctor Héctor Restrepo Montoya, ex director de calidad de la secretaría de salud de Antioquia. Funcionario que al parecer no resolvió el problema de la salud en este departamento.
Dice, igualmente, que como siempre se viene responsabilizando a los trabajadores de la crisis que sacude la salud pública en Colombia, pero no se dice absolutamente nada de las verdaderas causas. “Aquí se rompe la cuerda por el lado más débil y el lado más débil son los trabajadores y la población”.
La versión de la ministra de trabajo, Clara López Obregón, de que por el retiro de la mesa de negociación de las centrales obreras no se reajustó el salario mínimo en 8.5 por ciento, el sindicalista y también dirigente polista califica tal pronunciamiento de “estúpido”, al decir: “Son justificaciones estúpidas”. Agrega: “Si el gobierno colombiano tuviera voluntad de incrementar el 8.5 por ciento, lo había hecho con las centrales en la mesa o sin las centrales en la mesa. La señora ministra se ha acomodado al gobierno de Juan Manuel Santos”.
El reportaje con el presidente nacional de Anthoc, Yesid Camacho Jiménez, es el siguiente:
- Compañero Yesid Camacho Jiménez: ¿Cómo analiza la situación liquidacioncita del hospital San Francisco y de la USI, en la era del médico Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez?
Es una decisión que había tomado el señor alcalde, pero que afortunadamente por la presión de los trabajadores y vastos sectores de la comunidad, se ha logrado que se retire el proyecto de acuerdo del concejo en dos ocasiones.
Pero persiste en que va a presentar el proyecto de acuerdo en el mes de marzo, en las sesiones ordinarias del concejo. Ha venido dorándoles la píldora a los trabajadores del hospital San Francisco, fundamentalmente, trayendo un nuevo asesor para un nuevo estudio. Ya ha pagado como tres estudios el municipio de Ibagué, para determinar cómo liquida la USI o el San Francisco.
Ahora trajo al doctor Héctor Restrepo Montoya, quien fuese director de calidad de la secretaría de salud de Antioquia. Eso lo miramos con extrañeza porque no fue capaz de arreglar el problema en el departamento de Antioquia. Antioquia tiene inclusive, 32 hospitales que no han podido resolver su naturaleza jurídica. Antioquia tiene problemas quizás más grandes que los que tenemos en el departamento del Tolima en materia de servicios de salud.
Este es el que ha traído esta administración municipal como la gran solución a los graves problemas de salud que presenta el municipio de Ibagué.
Nosotros tenemos claro varias cosas: 1. Que hay unas garantías constitucionales y legales. Estamos de acuerdo que pueda haber una fusión de las dos ESES en una sola. Pero que esa fusión debe ser por incorporación sin liquidar a ninguna de las dos entidades, sin meterse en el desgaste de una liquidación. 2. Que están en la obligación de incorporar a los trabajadores que están en las dos entidades a la nueva entidad o a la que actúe como receptora de la otra. Puede ser que el San Francisco actúe como receptor de la USI, o la USI de San Francisco. 3. En ese proceso de incorporación debe respetar los salarios y las prestaciones, los trabajadores deben pasar sin solución de continuidad.
La corte constitucional en el año 2014, declaró exequible el decreto 1399, en los artículos tercero y cuarto, que establecen la obligatoriedad de incorporar el personal sin solución de continuidad con todos los derechos laborales, que debe resolver el problema de la planta de personal, porque la mayoría de los trabajadores los tiene por fuera de la planta de personal, los tienen en plantas temporales, tanto en la USI como en el San Francisco. 4. Debe resolver el problema de la continuidad de la prestación de los servicios fundamentalmente para la población.
Lo que dicen los estudios, los análisis que han hecho muchos de los profesionales de la salud en la ciudad de Ibagué, es que en la USI y en el San Francisco, por el contrario, falta personal. No sobra personal para garantizar la prestación del servicio a la población. Hace falta personal.
Desafortunadamente, aquí se le echa la culpa al salario de los trabajadores y no se le echa la culpa a las verdaderas causas de la crisis que tienen los hospitales. Hay una situación clara. El recaudo de cartera de los hospitales no supera el 40 por ciento. Lo que quiere decir que hay un 60 por ciento de pérdida en el recaudo de la cartera de los hospitales. ¿Y eso de quién es responsabilidad? Es responsabilidad esencialmente de las EPS, pero también de la corrupción y la negligencia que ha habido en muchas de las administraciones de estos hospitales, de la politiquería que ha plagado a los hospitales, de la corrupción en los contratos que se firman, de los sobrecostos que hay muchos de los servicios que se prestan en los hospitales. Aquí se rompe la cuerda por el lado más débil y el lado más débil son los trabajadores y la población.
Entonces, nosotros estamos planteando claramente que aquí tiene que haber: 1. Una salida de fondo al problema de la facturación. 2. Una salida de fondo al problema de la contratación y 3. Debe haber una salida de fondo al manejo administrativo de estos hospitales.
Pueden colocar hospitales sin planta de personal. Voy a citar un ejemplo concreto: Si usted mira el hospital universitario de Cartagena o del hospital universitario de Santander, que fueron hospitales que fueron liquidados, que se dejaron sin planta de personal. El hospital de Cartagena no tiene sino 40 personas en la planta de 1600 personas que trabajan ahí. Sin embargo, está igual de quebrado a todos los que tienen planta de personal. Eso deja en claro que no son las plantas de personal, no son los salarios de los trabajadores, los causantes de la crisis de la salud.
Otra cosa que debe saber la población del Tolima es que no son inmensos los salarios de los trabajadores. Los salarios de un trabajador de la salud, comparados con sus pares en otras ramas de la administración, son el 50 por ciento. Doy un ejemplo: Un notificador de un juzgado tiene aproximadamente, entre 2 millones 500 mil y 3 millones de pesos, mientras el promedio de las auxiliares de enfermería que es más o menos el par de ese trabajador, no llega a 1 millón 600 mil pesos. Es decir, no son grandes salarios los que se están pagando a los trabajadores de la salud en Colombia.
Y, muchos de ellos, los tienen con contratos de prestación de servicios que no garantizan siquiera la existencia de salario. Son los llamados: “Contratos basura”.
Esto fue parte de lo que se discutió con la ministra de trabajo, Clara López Obregón, hace dos días que estuvo en la ciudad de Ibagué. No puede seguir diciendo que es que son los salarios de los trabajadores y que hay que firmar acuerdos para re disminuir aún más los salarios de los trabajadores. Yo no puedo bajarles los salarios a los trabajadores, quitarle unos derechos, violando la constitución y la ley, para dejarle más margen a las EPS, a la intermediación, a la corrupción de los políticos, a la corrupción de los administradores de los hospitales y todos estos procesos que se han venido dando y que ha violado los derechos fundamentales de la gente.
En esa medida, nosotros hemos planteado que hay que declarar en estado de alerta a toda la población y que si es necesario lo que se hizo en el Chocó, un Paro Cívico para defender las instituciones hospitalarias vamos a tener que hacerlo.
- El principal caballito de batalla del alcalde Jaramillo es que por ley debe desaparecer una de las dos: La USI o el hospital San Francisco. ¿Qué opina sobre el particular?
No hay ninguna norma en Colombia que diga que en un municipio como Ibagué no debe haber sino una sola ESE o un solo hospital público. Esa ley no existe.
Que por conveniencia económica se pueda plantear que es conveniente fusionar las dos ESES para bajar una carga burocrática, podríamos estar de acuerdo. Por eso, lo estamos diciendo: Nosotros estamos de acuerdo en la fusión por incorporación. Pero lo que tiene que salir es solamente los cargos por libre nombramiento y remoción. Esos cargos de alto costo que valen más de $6 millones de pesos, $7 millones de pesos promedio de salario básico por mes, que no son productivos y que lo que hay que preservar son a los trabajadores desde el nivel profesional hacia abajo para garantizar la prestación de los servicios.
Está demostrado, reitero, que aquí no sobra personal en los hospitales en los niveles profesional, auxiliar y técnico. No sobra personal. Podría estar sobrando un gerente, unos subgerentes, una cantidad de asesores. Eso es lo que vemos nosotros que sobran en los hospitales. El resto de personal se necesita y hay que mirar cómo se les garantiza su estabilidad laboral para que la institución siga funcionando.
Por eso, en el pliego nacional de los trabajadores estatales, en el capítulo de salud que se va a presentar, estamos planteando que los hospitales tienen que volver al viejo sistema de presupuestación. Es decir, que los hospitales tienen que volver a que el Estado les garantice un presupuesto, garantice el pago de la nómina, lo mismo que sucede con los maestros en el territorio colombiano.
Cómo sí se puede garantizar que los maestros sí tengan su nómina y los recursos para el pago de la nómina. Lo mismo estamos diciendo que los hospitales públicos se les garanticen el pago de la nómina de todos los trabajadores que están en los hospitales públicos y haya una vigilancia especial sobre las nóminas de esos hospitales para que no se llenen de plantas paralelas, ni de personal burocrático, que únicamente hace favores políticos y no prestan servicios de salud.
- ¿Se podría decir que el alcalde no estaría actuando como mandatario sino como negociante de la salud en Ibagué?
Eso lo hemos venido señalando durante mucho tiempo. El doctor Jaramillo y sus amigos, que todo el mundo los conoce en salud aquí en Ibagué, Gilberto Barragán, Nelly Barragán, Yesid Sánchez, etc, etc. Es un grupo de especialistas que tiene un “combito” ahí, han estado interesados en quedarse – por ejemplo – con la clínica El Limonar; ahora están diciendo que van a montar especialidades en lo que resulte de la fusión entre el San Francisco y la USI. Pero eso, son negocios privados. Todo el mundo sabe que el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo tiene inversiones en el sector salud, que sus amigos tienen inversiones en el sector salud. El doctor Barragán tiene un negocio de montaje de unidades de cuidados intensivos, de unidades renales, manejado por su hijo. Es decir, ellos están metidos en ese negocio. Y, entonces, lo que ve uno de por medio es que lo que se quiere consolidar es un negocio en la ciudad de Ibagué a costillas del derecho de la salud de la población y a costilla del derecho de los trabajadores.
- Con semejante infraestructura que tiene el hospital San Francisco, se especula que el interés de fondo era montar una clínica privada. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre el particular?
Sí, ellos han venido mirando a ver el cómo le meten operador privado a las diferentes entidades. Eso mismo lo han venido mirando para el Federico Lleras Acosta, eso lo estuvieron trabajando con el antiguo interventor del hospital Federico Lleras Acosta, el que salió en el mes de noviembre y que dejó al hospital Federico Lleras en peores condiciones que como lo recibió hace dos años larguitos.
Ahí está el documento del gobernador Oscar Barreto Quiroga, no lo estamos diciendo nosotros como sindicato, el gobernador contrató una auditoria, la auditoria que contrató el gobernador está diciendo: 1. Que por un lado el hospital lo recibió la Súper salud para la intervención con 400 camas y en este momento el hospital no tiene funcionando sino 270 camas.
Es decir, que a los tolimenses, no es propiamente al hospital, es a los tolimenses, les cerraron 130 camas, dentro de esas camas, le cerraron camas de psiquiatría, medicina interna, pediatría. Es decir, a los que llaman en el sistema de salud los derechos prioritarios que son los niños y los ancianos, son a los que le han cerrada las camas.
Qué más dice el gobernador en su documento: Que el hospital antes de la intervención recaudaba de lo facturado en promedio el 55 por ciento de la cartera; en este momento el hospital no recauda siquiera el 50 por ciento de lo facturado. ¿Quiere decir? Que está trabajando a pérdida.
El déficit del hospital ha crecido. ¿Qué dice el gobernador? Yo no puedo recibir el hospital en este momento como está, porque se nos vienen todos los embargos encima. ¿Qué tiene responsabilidad el gobernador? Sí, también tiene responsabilidad porque fue gobernador aquí en el período de Iván David Hernández hace dos períodos de gobernación y también hubo corrupción y también hubo malos manejos del hospital, hubo problemas con la contratación.
Pero, en este momento, lo que hay que mirar es cómo se resuelve el problema de fondo y es que las EPS, sean obligadas por el gobierno nacional a pagar la deuda que tienen con los hospitales públicos y asuma las nóminas de los hospitales de tal manera que no sigamos teniendo este problema que si no se factura, no hay trabajadores, no hay con qué pagar salarios y no se responde por la prestación de servicios con calidad a la población del departamento del Tolima.
- ¿Es muy marcada la corrupción en la salud del departamento del Tolima y la ciudad de Ibagué?
Aquí, hemos visto cómo han pasado cosas y desafortunadamente los órganos de control son manejados por los mismos jefes políticos que tienen el manejo de los hospitales. La peor corrupción es la de las EPS. Eso es vox populi. Palacino está en Miami, pero desde allá sigue manejando todo el negocio de Saludcoop, Café salud y Cruz Blanca. Todo el grupo Saludcoop.
¿Cuánta plata pierden los hospitales en la liquidación de Saludcoop? Los hospitales públicos van a perder en la liquidación de Saludcoop billón quinientos mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque no es lo que aparece en la cartera, es lo que certifica la EPS a la hora de presentar las cuentas al liquidador.
¿Qué más va a perder? Vamos a perder más de dos billones de pesos en el caso Caprecom, ya perdimos alrededor de 200 mil millones de pesos en el caso de Sol salud, de Humana Morir. Es decir, todas estas EPS que se han ido liquidando, le han dejado un remanente de pérdidas a los hospitales públicos que nadie responde por ellos.
Dicen: Vamos a responder por las de Caprecom. Pero Caprecom está reconociendo más allá del 40 por ciento de la cartera que tenía los hospitales con Caprecom. Resulta que la Súper salud, por eso colocamos una demanda ante la corte constitucional, para que declare inexequible la facultad que tiene legalmente la Superintendencia nacional de salud para liquidar hospitales departamentales y municipales, porque están violando hasta la descentralización administrativa en este país. Si el hospital es propiedad del municipio, del departamento, cómo así que una Superintendencia puede ordenar su liquidación y desaparecerle el hospital a un municipio o a un departamento, como lo ha venido haciendo en varios departamentos, como pasó en el Chocó con los hospitales, donde finalmente la corte constitucional terminó desautorizando a la superintendencia de nacional de salud.
Hay todo un proceso de corrupción marcado. Qué ha dicho la ANDI: En este campeonato por la corrupción donde están Odebrecht, Reficar, etc, etc, el sector salud lleva el primer puesto. Somos los líderes. Al año se pierde mínimo un billón 500 mil millones de pesos en corrupción. Y no es solamente la corrupción de las EPS, es la corrupción también de la doble afiliación que hacen los alcaldes, es la corrupción de los contratos de los hospitales, es la corrupción de la sobrefacturación, es la corrupción que parecen equipos comprados como nuevo y van a mirar y son equipos repotenciados traídos de diferentes partes y metidos a los hospitales como nuevos, hay la corrupción en el tema de los medicamentos. Aquí, traen medicamentos hasta de contrabando y los meten como si fueran comprados en el mercado normal en los hospitales y muchas otras entidades.
Es decir, hay una cantidad de hechos. Todo eso que ocurre en materia de corrupción es lo que está afectando gravemente a la salud de los colombianos. Se habla de un billón 500 mil millones de pesos por concepto de corrupción en Colombia, pero la intermediación está por encima de los 6 billones de pesos.
Es decir, lo que se queda en el camino del negocio de las EPS al año, son más de 6 billones de pesos. Entonces, aquí no podemos hablar de simplemente de un billón 500 mil millones de pesos, tenemos que hablar más o menos de 7.5 billones de pesos, que se queda en todo este proceso del negocio.
- El dicho popular dice: “No hay cuña que más aprete que no sea la del mismo palo”. Se esperaba que el alcalde Jaramillo por ser médico, su padre ex ministro de salud, la salud en Ibagué le había llegado la hora de salir adelante. Pero al parecer no es así. ¿Qué está pasando?
¿El problema cuál es? Los médicos especialistas, la mayoría, hay contadas excepciones, los que aún siguen en las plantas de personal de los hospitales que son muy poquitos, ya no ven esto como un postulado, como una cuestión ética de prestar un servicio de salud, lo ven como negocio.
Los médicos por eso no quieren que los vinculen a las plantas de personal, ellos prefieren que les digan que son empresarios de la salud, a que le digan que son trabajadores. Hoy, construyen sindicatos para hacer contratos sindicales, pero esos contratos sindicales son verdaderas empresas, verdaderos negocios entre los hospitales y ese grupo de médicos.
Entonces, cuando uno va a mirar que los médicos van a renunciar masivamente, (además porque tienen un gran poder, hay escasez y tienen controlado la producción de médicos en el país), entonces como tienen ese gran poder, ellos sí pueden decir tranquilamente yo renuncio, me voy y se cierra el hospital, y los pacientes me tendrán que llegar a mi clínica privada. Si yo soy el único dermatólogo en el municipio o departamento y renuncio en el hospital público, pero trabajo en la clínica privada, ¿A dónde va a llegar el paciente? Va a llegar a la clínica privada. Y resulta que en la clínica privada yo soy socio del negocio.
Entonces, aquí hay una situación muy compleja que nosotros no culpamos a los médicos, culpamos al sistema, el sistema los llevó allá. El sistema estableció una reestructuración en donde a todo mundo lo sacaron de la planta de personal y lo volvieron contratista.
Por eso hoy, el 80 por ciento de los trabajadores y profesionales de la salud en Colombia están por contrato. Es decir, de los 280 mil trabajadores de la salud que hay en Colombia, solamente alrededor de 45 mil están en las plantas de personal, los restantes están todos por contrato de prestación de servicios, a través de cooperativas, a través de contratos sindicales.
Ya prostituyeron hasta el movimiento sindical, porque acá en el sector salud han nacido más de 400 sindicatos en los últimos 5 años, pero no para defender los intereses de los trabajadores, sino para explotar ellos mismos a esos trabajadores, porque los dueños de los contratos sindicales, los que tienen el manejo de contrato sindical, explotan a sus propios colegas, a sus propios compañeros y a los que ocupan cargos inferiores. Y si usted va a mirar los grandes contratos sindicales son los que eran de Anestecoc, los que eran de la cooperativa de especialistas y los que trabajan explotados por sus mismos compañeros del sindicato. Son las auxiliares de enfermería, las enfermeras jefe, los médicos generales, los bacteriólogos con salarios miserables, con salarios realmente de hambre. Este es un sistema de explotación que lo crearon desde el modelo de salud y que hoy sigue vigente rigiendo la salud de los colombianos.
- Finalmente, la ministra de trabajo, Clara López Obregón, de paso por Ibagué en estos días, dijo que el salario debería ser del 8.5 por ciento, pero no se pudo porque las centrales obreras se retiraron de la mesa de concertación. ¿Cuál es su opinión sobre el particular?
Lo único que yo digo es: Si el gobierno colombiano tuviera la voluntad de incrementar el 8.5 por ciento, lo había hecho con las centrales en la mesa o sin las centrales en la mesa. Y había quedado como un “rey” el presidente de la república. Había dicho: Yo como presidente de la república le estoy compensando el salario a la gente, el poder adquisitivo del salario mínimo.
Aquí no pueden sacar justificaciones que me parecen incluso estúpidas. Además, cuando la misma ministra acaba de sacar en diciembre una resolución, nosotros le vamos a meter una demanda penal a la ministra, con todo el cariño que le podamos tener a la doctora Clara, por todo el hecho de haber sido compañera nuestra en el Polo. Yo soy militante del Polo. Pero yo no puedo concebir que una ministra que reclamó ser de izquierda, que defendió la formalización del empleo mientras fue presidenta del Polo, en diciembre saque una resolución legalizando la tercerización contra lo que dice el plan nacional de desarrollo. Es que en el plan nacional de desarrollo, el artículo 74, el párrafo tercero, dice que el gobierno garantizará en el sector público que todo el mundo que desarrolle actividades permanentes, debe estar en la planta de personal. Y ella está sacando una resolución legalizando la tercerización por fuera de las plantas de personal. Entonces, está diciendo: Si usted tercerizador de empresa temporal de servicios y le paga sueldo, le reconoce algunos festivos y dominicales, reconoce algunas cositas del régimen laboral, eso es legal. Eso es legal. Eso es violar lo que en la misma ley quedó establecido que fue parte de la negociación y que se determinó en el congreso de la república. Ella no puede decir para el sector público puede haber tercerización laboral y en el sector público por inactividades permanentes, porque lo que dijo la ley es que esas actividades permanentes deben estar en las plantas de personal. Y no está solamente en esta ley, eso existe desde 1968, desde la reforma administrativa de Carlos Lleras Restrepo, en el decreto 2400 y en el decreto 3074, está la prohibición de vincular por contrato de prestación de servicios a las personas que desarrollan actividades permanentes del Estado.
Entonces, la señora ministra se ha acomodado al gobierno de Juan Manuel Santos, que no tiene ninguna diferencia con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, así diga cantidad de cosas. En la política social toda es contra el pueblo y es contra los trabajadores.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario