Por Nelson Lombana Silva
El documento que contiene el acuerdo final entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (Farc – Ep) y el Gobierno Nacional, realmente es un tratado bien elaborado y del cual se tendrá que hablar por lo menos en los siguientes cincuenta y/o cien años, para bien o para mal.
Por lo tanto, se convierte en lectura, estudio e interpretación obligatoria, no solamente de la clase dominante, sino fundamentalmente, las distintas organizaciones sociales, sindicales, populares, campesinas e indígenas, que tienen asiento en Colombia.
Es un acuerdo para mostrar en la arena internacional, que coloca en evidencia la sapiencia del movimiento guerrillero y la gran conquista del pueblo colombiano en su conjunto.
No es una dádiva del régimen, es una conquista del pueblo colombiano en cabeza del movimiento insurgente, quien tuvo que colocar una cifra muy alta de sacrificio para que este acuerdo se cristalizara en la gran patria de José Martí y Fidel Castro y se firmara en el teatro Colón de Bogotá, el 24 de noviembre de 2016.
Por supuesto, que no es un acuerdo perfecto pero sí digno para un pueblo que resistió heroicamente más de 53 años el crudo terrorismo de Estado.
Defenderlo es el mayor desafío que tiene el pueblo colombiano y una forma de hacerlo es conociéndolo al derecho y al revés con todas sus fortalezas y debilidades.
Mientras esto no suceda su implementación será difícil, por cuanto nadie va a defender algo que no conoce.
Hasta ahora, se tiene una sola versión, la versión que ofrece la clase dominante a través de sus medios masivos de comunicación. La post verdad se difunde a diestra y siniestra, verdades a medias, mentiras estructuradas, etc.
Entre las múltiples mentiras se habla de impunidad. Con qué frialdad la derecha y la extrema derecha levantan verdaderas tempestades de mentiras aprovechando el analfabetismo político que predomina en el pueblo colombiano.
Al revisar el acápite del acuerdo sobre víctimas, solamente el inciso 5.1 intitulado: “Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”, desvirtúa categóricamente la cacareada mentira del uribismo de que el acuerdo está cruzado por la impunidad.
Se parte del criterio de que cualquier discusión de este acuerdo debe partir necesariamente del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. “No vamos a intercambiar impunidades”, dice el acuerdo.
En él se considera a la víctima con derechos. ¿Cuáles derechos? Derecho a la verdad, saber qué fue lo que pasó, por qué pasó, quién fue el verdadero responsable.
Eso es importante, pero no suficiente. Por eso, el acuerdo habla también de justicia, reparación y compromiso de no repetición. Estos cuatro elementos debidamente concatenados responden de verdad a la expectativa de la víctima.
Así las cosas, la impunidad que tanto habla Uribe y los uribistas no dejan de ser una engañifa. Adicionalmente, la demostración de miedo, porque esa situación debe ser compartida: Guerrilla y Gobierno. Realmente, lo que más le teme Uribe es a la verdad, a la justicia, a la reparación y al compromiso de no repetición.
Por eso, lucha para que el acuerdo fracase y no se cristalice. Y por eso, nosotros como pueblo, tenemos que luchar para que el acuerdo se materialice, se haga realidad. Y la única manera que esto se haga realidad es que el pueblo lo conozca y lo defienda con la movilización. No deje que otro le cuente su versión sobre el acuerdo de la Habana, entérese usted de primera mano leyéndolo y discutiéndolo con su núcleo familiar, barrial o veredal.
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