En corta ceremonia realizada el sábado 12 de noviembre en la Habana (Cuba), sede de los diálogos de paz entre las Farc – Ep y el gobierno nacional, los voceros autorizados Iván Márquez y Humberto de la Calle Lombana, respectivamente, dieron a conocer los resultados del estudio del acuerdo a partir del requerimiento de los que votaron por el No en el pasado plebiscito. Más tarde, el presidente Santos dio más detalles de lo acordado y que al parecer concreta así el acuerdo final que permitirá el desarme de las Farc – Ep y la actividad política de este movimiento guerrillero.
Mientras que Humberto de la Calle Lombana señala que este es un gran acuerdo, mejor, superior al aprobado inicialmente, el comandante Iván Márquez lo califica como el acuerdo de la esperanza y destaca que hubo la necesidad de ceder al máximo para no abortar la gran oportunidad de paz ante la intransigencia de la clase dominante.
Aún no se conoce con exactitud todos los cambios, enmiendas o ajustes de que fue objeto el acuerdo concebido en la Habana y firmado públicamente en Cartagena de Indias. Todo parece indicar que las dos delegaciones trabajan arduamente para presentar el documento completo con sus modificaciones.
Sin embargo, los medios de comunicación han venido dando algunas pistas concretas sobre el contenido del nuevo acuerdo, que ojalá acojan los halcones de la guerra, los mismos que añoran la confrontación, pero que nunca van a ella.
El acuerdo de paz no entra en su totalidad al bloque de constitucionalidad, por ejemplo. Al parecer sólo quedarían temas relacionados con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que de hecho ya hacen parte de la constitución de 1991. El principio general de garantía de cumplimiento por las partes, parte del criterio de la buena fe. El Estado, por su parte, los principios del acuerdo serán parámetros de interpretación y guía de la aplicación normativa y práctica.
La otra modificación tiene relación con la Corte Constitucional que podrá en ciertos casos revisar las tutelas interpuestas contra las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz.
También se consideró los límites a la restricción de la libertad de los guerrilleros. Se precisó el área veredal, el horario y el sitio de residencia que determine el Tribunal para la Paz.
Determinar la conexidad del narcotráfico en el marco de la Jurisprudencia de la Corte. Todos los magistrados serán colombianos. La duración será de diez años y durante los dos primeros años se harán las respectivas solicitudes de acusación.
Las curules no serán entregadas a “dedo”, dijo el presidente Santos. El nuevo partido de las Farc – Ep no podrá inscribir candidatos para ocupar las 16 curules transitorias. Estas serán entregadas a las comunidades y sobre todo a las víctimas afectadas gravemente por el conflicto.
El Nuevo Partido de la Farc – Ep no tendrá el 30 por ciento de financiación, al parecer entrará en igualdad de condiciones con los demás partidos.
Habrá pleno respeto a la libertad de culto. El enfoque de género consiste fundamentalmente en la prioridad que debe recibir la mujer. “Significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada una. Supone reconocer que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requiere acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos”, dijo el presidente Santos.
Las Farc – Ep presentarán un inventario de bienes y activos, los cuales serán dedicados a la reparación material de las víctimas.
Terceros podrían ir a la jurisdicción especial para la paz. Hace referencia a los que sin tener armas directamente hayan ayudado a atizar la violencia en Colombia. Son los no combatientes que tuvieron una participación activa o determinante en los crímenes más graves. “Los que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los pueden afectar en la justicia ordinaria”, indicó Juan Manuel Santos. Las ONG no podrán actuar como fiscales y acusar. “Sólo presentarán información que sea valorada y contrarrestada por los Jueces y Magistrados del Tribunal.
Se creará una comisión experta para revisar la legislación agraria. No se crearán nuevas reservas campesinas, no se pondrá en peligro la propiedad privada. El catastro no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras.
Hay expectativa ahora por lo que sería la implementación del acuerdo, su refrendación. Algunos especulan con la posibilidad de ir a un plebiscito y otros del gran acuerdo nacional teniendo en cuenta la supuesta oposición a la paz. Farc – Ep y gobierno nacional, se declararon optimistas con la disposición de trabajar a toda máquina para concluir lo más rápido posible.
Lo importante de todo este proceso es sin lugar a dudas la comunidad, el pueblo debidamente organizado y movilizado. Es el pueblo el que debe apropiarse del acuerdo y no dejárselo quitar de los belicistas de pacotilla que siguen tramando contra la paz, mientras hacen declaraciones rimbombantes a favor de ella. El acuerdo, dijo el comandante Timoleón Jiménez es propiedad del pueblo colombiano en su conjunto. Ahora el jueves 17 hay movilización nacional, el pueblo debe salir a expresar la necesidad de acuerdo de paz ya y rechazo absoluto a la mafiosa y criminal Reforma Tributaria. Ahí nos vemos… viva la paz con justicia social.
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