Aprovechando el silencio tétrico y cómplice de los medios masivos de comunicación, la clase dominante le ha propinado otra trapera y mortal puñalada a los acuerdos de paz entre las antiguas guerrillas de las Farc – Ep y el presidente Juan Manuel Santos Calderón.
El acuerdo se encuentra en cuidados intensivos y solo un milagro lo podría salvar: La movilización nacional del pueblo colombiano exigiendo su cabal cumplimiento. Sin embargo, esta posibilidad resulta remota por cuanto el grueso del pueblo aún desconoce que este acuerdo es suyo y sigue pensando que es un acuerdo por las alturas entre la dirección de la insurgencia y el estado. “Ese no es problema mío, – me dijo un transeúnte en la tercera de Ibagué – es problema de ellos”.
El pueblo piensa así, porque no ha tenido libertad y democracia para digerir y entender la esencia del acuerdo de paz. El estado lo ha mantenido en el oscuro mundo de la desinformación, la incomunicación, pero sobre todo, la alienación y el terrorismo. Realmente la clase dominante, con toda mezquindad y temerosidad de perder su poder ilegítimo, lucha por todos los medios para que nada cambie, todo siga igual.
No sorprende esta postura, por cuanto el acuerdo de paz también está cruzado por la lucha de clases. La oligarquía es una clase agonizante y el pueblo que encarna el Partido Farc es la clase naciente, que aún no ha nacido totalmente. La pugna es a muerte. No hay términos medios. Es la cruda realidad.
Burguesía criminal y mentirosa
La burguesía colombiana se caracteriza por ser una de las más atrasadas del mundo, no admite una reforma por elemental que ésta sea, afinca su cruel imperio en la criminalidad, en la mentira y en el ventajismo.
Recordemos a manera de ejemplo la guerra de los mil días, la violencia de los 50s y la que se viene desarrollando bajo el imperio del silencio mediático. Todos los días matan gente en Colombia, hechos que poco y nada trascienden en los medios de comunicación; en honor a la verdad, trasciende más un simple catarro al padre del paramilitarismo, Álvaro Uribe Vélez, que una masacre de campesinos o indígenas.
El presidente Juan Manuel Santos Calderón, consumado mentiroso e incumplido, le miente al país y a la comunidad internacional sin sonrojarse; hábilmente se presenta como amigo de la paz, pero como jefe de estado capitalista, está muy pendiente de los intereses de la clase a la cual pertenece, la clase dominante. Hace fielmente lo que esta le ordena.
Así las cosas, quien viene haciendo trizas los acuerdos de paz es el gobierno nacional con su doble discurso. Los demás poderes públicos no son más que peones del poder ejecutivo en Colombia y todos ellos, de la burguesía y el imperialismo norteamericano. Esa es la trama por descifrar.
La figura del fast track, que ingenuamente se pensaba era para hacer leyes y producir así algunos cambios a favor del pueblo, ha sido utilizada por la clase dominante para reacomodarse y oxigenarse.
Todo el tinglado político de los mismos con las misas, ha sido revestido para que pelechen los mismos que han venido pelechando. Los delfines juegan su triste papel como Rodrigo Lara o la familia Galán, para solo colocar un par de ejemplos. A la fuerza bruta y sin remordimiento, se imponen personajes siniestros como Germán Vargas Lleras, Álvaro Uribe Vélez, Óscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia, Fernando Londoño, José Obdulio, primo de Pablo Escobar, etc.
El Consejo Nacional Electoral resulta manejado por magistrados del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador. En ese marco, las investigaciones contra el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el presidente Juan Manuel Santos Calderón, por los vergonzosos escándalos de Odebrecht, caen estrepitosamente como era apenas obvio. “¿El poder para qué?”, ya había dicho Darío Echandía.
Para eso ha servido el fast track. Y claro, para impedir a los partidos de izquierda y democráticos el acceso a los medios de comunicación, para negarles la personería jurídica a los movimientos sociales y desde luego, negar todo tipo de financiación por parte del estado.
Todos como en Fuenteovejuna contra los acuerdos de paz: El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Así lo indica la Corte Constitucional, por intermedio del togado Luis Guillermo Guerrero, que al considerar exequible el acto legislativo 01 de 2017, garantiza que los responsables del paramilitarismo, de las masacres y los crímenes horripilantes que han conmovido al mundo, no serán obligados a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Eso se llama: Impunidad.
De igual manera, amplía la inmunidad a los ex presidentes, ex gobernadores y ex ministros, mientras que con los ex miembros guerrilleros, los supuestos beneficios sí se reducen peligrosamente a su mínima expresión.
Y para rematar la esperanza de paz, Cambio Radical, propone que los magistrados que han defendido los derechos humanos no pueden hacer parte del Tribunal de Paz. Violando las normas constitucionales se aprueba semejante exabrupto, obligando a elegir magistrados del establecimiento, de la clase dominante.
El presidente del recién creado Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño, ha dirigido una carta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), planteándole estos temas y demandando un pronunciamiento claro, preciso y concreto, ante esta cascada de incumplimientos por parte del estado colombiano, a un acuerdo firmado, precisamente, el pasado 24 de noviembre de 2016, es decir, hace un año.
Todos esos esfuerzos son válidos e importantes, pero mientras el pueblo no se pronuncie como es su deber, la contrarreforma a lo pactado seguirá aumentando peligrosamente. Parar esta contrarreforma es tarea de todos y todas.
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