Hace algún tiempo escribíamos una nota periodística en la cual expresábamos nuestra preocupación por la ubicación de los cuarteles de policía dentro de la comunidad en los distintos municipios del Tolima. Decíamos que era la población civil la que estaba vigilando a la policía y no la policía a la población como dice la norma constitucional. Aunque suene risible no era una exageración.
En el municipio de Planadas, Tolima, por ejemplo, el cuartel que funcionaba en el barrio Aeropuerto, fue trasladado al centro del poblado, a un lado del palacio municipal, cerca al templo católico, al parque principal y las distintas casas ocupadas por familias. Es más: Prácticamente esa calle fue cerrada.
A la luz del de derecho internacional humanitario, DIH, la población se convierte automáticamente en escudo humano. Lo mismo sucede en los restantes municipios de este departamento y seguramente en todos los departamentos del país.
Accidentes se han sucedido a granel. Hace un buen rato – por ejemplo – en el municipio de Anzoátegui un policía asesinó a un estudiante de bachillerato que se disponía a graduarse al disparársele “accidentalmente” su fusil. Como Luis Alfonso Vargas, era parte de una familia humilde su crimen quedó en la impunidad, no pasó absolutamente nada.
En cierta oportunidad el ejército acampó en terrenos de la escuela “Simona Arévalo”, también de Anzoátegui, Tolima, nosotros protestamos pero los padres de familia se fueron lanza en ristre contra nosotros calificándonos de “enemigos de los soldaditos”. A los pocos días una madre de familia se llevó su peor susto cuando el soldadito al entrar a su casa uniformado se le disparó el fusil de dotación y una esquirla estuvo a punto de dejarla tuerta. Entonces sí comprendió nuestra preocupación.
Ahora, el honorable Consejo de Estado ha proferido una sentencia hablando precisamente sobre la ubicación de los puestos de policía. Nadie le ha parado bolas y por el contrario, la cúpula policial torciéndole como siempre el cuello a la verdad, ha dicho que no se retira dizque porque sería cobardía.
Los medios de incomunicación y de alienación por supuesto no han hecho alharaca sobre este pronunciamiento, como bien lo dice el connotado periodista Alfredo Molano Bravo. La importantísima decisión del alto tribunal ha pasado de agache, lo cual podría indicar que los efectos de esta decisión no se concretarán y la población seguirá siendo escudo humano de la policía nacional. Niños, lisiados, enfermos, ancianos y mujeres tendrán que seguir viviendo sobre verdaderos polvorines. Es la cruda realidad que se minimiza a diario.
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