El terrorismo de Estado liderado por un brazo del militarismo-paramilitarismo, se acentúa con virulencia en todo el territorio nacional saboteando con patas y manos el acuerdo de paz entre las Farc – Ep y el Estado Colombiano. Sin embargo, no son solo los “milicos – paramilicos”, sino el alto gobierno con su presidente a la cabeza Iván Duque Márquez en cumplimiento del titiritero Álvaro Uribe Vélez.
La verdad sobre el origen, las causas y los principales financiadores de este conflicto por más de 50 años, es el terror para el narcotraficante número 82, ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso hace esfuerzos sobrehumanos para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no funcione y el acuerdo en su conjunto se venga a pique.
No obstante, la verdad se abre paso contra viento y marea. Seria investigación señala que entre 2002 – 2010, se presentaron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales (Falsos Positivos), a manos del militarismo más reaccionario, presionado por el presidente de la época para presentar estadísticas abultadas de bajas supuestamente de guerrilleros y así recibir el chorro de dólares por parte de Estados Unidos.
Esta infeliz práctica de exigir bajas al precio que sea, desafortunadamente no pertenece al pasado, se insiste, según se ha venido denunciando por parte de organismos de Derechos Humanos e incluso, militares honestos que no están de acuerdo con esta criminal práctica. No es descabellado el rumor, si se tiene en cuenta que quien gobierna a Colombia entre bambalinas es el narcotraficante ex presidente, Álvaro Uribe Vélez.
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| General Nicacio de Jesús Martínez. Foto: Internet |
El general Nicacio de Jesús Martínez, actualmente comandante del ejército nacional, tiene que ver con trece hechos de ejecuciones extrajudiciales que dejaron 36 víctimas, cuyos crímenes reposan en la más absoluta impunidad. Es tal la gravedad que tres senadores de los Estados Unidos enviaron una carta al congreso con el fin de que no ascendieran a esos militares implicados en “falsos positivos”, pero el gobierno hizo caso omiso.
En la práctica, se sigue desarrollando los “falsos positivos”, en regiones distantes del país. Dice el semanario VOZ La verdad del pueblo, edición número 2982: “Estos casos que se han documentado continúan manteniendo la misma práctica, se interceptan civiles y por medio de engaños, promesas de trabajo o secuestro, se ejecutan estos asesinatos en muchos territorios del país. Las poblaciones más apartadas así lo han evidenciado”.
Es decir, la criminalidad contra el país nacional no es cosa del pasado, se sigue presentando común y silvestre en diversas regiones del país, con la pusilanimidad e incluso, complicidad del poder castrense liderado por un ministro de defensa incapaz y entregado de pies y manos al uribismo y los grandes gamonales que han financiado toda esta guerra contra el pueblo humilde y desamparado, con la amplia incomunicación mediática que con su macabro silencio se hace cómplice de esta orgía de sangre que sigue bañando la geografía nacional.
O sea, el entramado contra la paz y el acuerdo histórico de la Habana, viene de las grandes alturas del poder. No son “manzanas podridas” como suelen decir el ministro de Defensa y el presidente de la república. Eso lo tiene que tener claro el pueblo colombiano en el momento de asumir una postura consecuente con el acuerdo. La cúpula del Estado le apuesta a la guerra, porque le representa dividendos para su clase social que es la que le interesa, mientras que al pueblo le interesa la paz, porque es el que viene colocando sus víctimas y todo el dolor que genera un conflicto armado.
Esto también lo debe tener claro el pueblo para asumir una posición clara y consecuente. No cabe ni posturas ambivalentes, ni neutrales. Al fin y al cabo el proceso está cruzado por la lucha de clases.
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