Foto: Internet
Por Nelson Lombana Silva
El programa de seguridad: Partido Comunista Colombiano – Unión Patriótica, creado mediante Decreto 978 de 2000, por orden expresa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el cruel genocidio adelantado sin piedad alguna por el binomio militar-paramilitar en el marco de la política de exterminio diseñada por el Estado Colombiano, comenzando por el triste célebre ex presidente, Virgilio Barco Vargas y seguida por el innombrable Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez, entre otros, al parecer se encuentra en el laberinto y sin general.
Al pasar del tiempo se ha ido debilitando peligrosamente, mientras que los índices de inseguridad se mantienen y en algunas regiones aumenta, con saldos trágicos y desconcertantes. Cada vez dicho programa es más maniatado, lo que genera honda preocupación, en una campaña tan crucial para el futuro de Colombia.
Este programa cuenta a nivel nacional con cerca de ciento cincuenta escoltas, entre hombres y mujeres, duramente estigmatizado por el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien no dudaba en decir que era un programa de la guerrilla para proteger guerrilleros disfrazados de civil.
Desde un principio ha estado en la mira de la reacción. En vez de crecer y hacerse más eficiente ha ido disminuyendo peligrosamente, ha disminuido la gasolina, cero peajes y limitaciones extremas para su desplazamiento. Suena absurdo, pero hay que prever un suceso 48 horas de antelación para que se autorice la posibilidad del desplazamiento.
Sin embargo, hay un hecho más grave, deprimente y repudiable: El tratamiento que se le viene haciendo al escolta, una profesión de alto riesgo no reconocida por el Estado. Increíble pero cierto. Al oído de la comunidad internacional defensora de los Derechos Humanos.
Este que era un programa especial, el gobierno le ha quitado este fuero, siendo tratado con indiferencia y casi sin importancia. Ha predominado la tercerización laboral con contratos de prestación de servicios, a veces contratos por un mes o dos meses con tramitologías completas como si fuera un contrato a término indefinido.
A pesar de ser un programa especial, es subordinado a empresas de seguridad privada, las cuales crean Uniones Temporales para licitar y adueñarse de estos contratos, convirtiéndose en un verdadero negocio para unos pocos, en detrimento de la dignidad humano de los trabajadores y trabajadoras de la seguridad en Colombia.
Había una gran expectativa que con el arribo a la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), del señor Augusto Rodríguez Ballesteros, en el marco del Gobierno del Cambio, los cambios a favor de los trabajadores de seguridad iban a cambiar en grado sumo, iba a florecer la estabilidad laboral, pero hasta ahora no ha sido así. Al parecer el trato es de tercera, de indiferencia, como si estos hombres y mujeres que se juegan la vida a diario por prestar seguridad no fueran seres humanos.
La evaluación anual, muchas veces se convierte en un drama, sobre todo cuando son asignadas personas que desconocen de cabo a rabo el programa PCC- UP. A esto hay que sumar la licitación para cambio de operador, donde los exámenes médicos rigurosos, han dejado a muchos trabajadores en el pavimento por el desgaste natural como seres humanos, unas veces por la visión y en otras por la capacidad auditiva, etc.
Fue tal la presión contra los trabajadores de seguridad que durante un buen tiempo fueron sometidos al examen de polígrafo, personas con antigüedad y de absoluta confianza del programa.
La situación requiere un replanteamiento por parte del señor director, Augusto Rodríguez Ballesteros, comenzando por revisar el comportamiento ético del círculo más cercano que lo acompaña, porque podría ser que dicho funcionario no tenga a su disposición completa y seria información de lo que realmente está ocurriendo. Lo otro sería que tuviera voluntad política para hacer justicia y los miembros del programa sean nombrados en propiedad, sobre todo aquellos que llevan quince y hasta veinte años laborando. Además, que lidere un proyecto para que esta actividad sea considerada en Colombia de alto riesgo.
De otra parte, los sindicatos clasistas y no clasistas deberán en el 2026 adelantar asambleas y acciones concretas en esta dirección, no se pueden quedar cruzados de brazos, teniendo en cuenta que la unidad y la movilización son caminos de victoria. A todos los trabajadores de la seguridad en Colombia, venturoso año nuevo, paz, alegría y resistencia popular en el 2026.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario