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| Anzoátegui (Tolima). Foto: Nelosi |
Por Nelson Lombana Silva
La traumática toma guerrillera del perímetro urbano del municipio de Anzoátegui (Tolima), ocurrió el 11 de agosto de 2001, a partir de las cuatro de la tarde. Unidades de las Farc-Ep irrumpieron en esta localidad y durante tres días tuvieron en vilo a la comunidad y al poder represivo del Estado. Este año cumple el suceso veinte años.
Hasta ahora se ha contado la versión oficial y, de una manera descontextualizada y acoplada totalmente a los intereses de la clase dominante. En esos términos, la guerrilla es la mala del paseo y el gobierno la víctima. Así se cuenta y así lo repite maquinalmente el común de la gente. Claro, la información la toma de los medios de comunicación y como se sabe, estos medios transmiten la versión del gobierno.
Cuando esto sucedió, yo laboraba en una emisora comunitaria en el distante municipio de Planadas (Tolima). El impacto fue durísimo. La patria chica en una encrucijada de esta naturaleza. Lo primero que se me ocurrió pensar fue en un error político. La comunidad no tenía una formación política e incluso, información veraz sobre la situación generadora del conflicto social y armado que estaba padeciendo el país.
Recogiendo testimonios de las personas directamente afectadas, muchas señalan sin ruborizarse que hizo más daño el avión fantasma y los helicópteros ametrallando indiscriminadamente que la acción subversiva. El terrorismo de estado se sintió con más fuerza que el movimiento guerrillero. “La guerrilla que tenía el control del pueblo autorizó nuestra salida y el ejército desde el aire nos disparaba”, relata un cacharrero (vendedor ambulante).
Sin embargo, más allá de estas consideraciones, valdría la pena preguntarnos quién es el responsable de que existiera o exista guerrilla en Colombia, por qué se da este fenómeno social y cómo podría superarse.
Lo cierto es que las Farc-Ep firmó un pacto con el estado y se desmovilizó, pero desafortunadamente, el gobierno nacional no lo ha cumplido y por el contrario, ha desatado una verdadera cacería humana contra los integrantes de este grupo guerrillero, en completo estado de indefensión ha venido asesinando a dichos desmovilizados, traicionando lo pacto con veeduría internacional.
En esas circunstancias, bien podría decirse que la guerrilla se ha desmovilizado, no así el estado y el paraestado. La violencia sigue. ¿Y por qué sigue? Sigue porque las causas que originaron el levantamiento popular y armado del pueblo en Colombia, siguen incólumes, inmodificables. El poder represivo, criminal, violento, corrupto y mafioso del estado sigue vigente.
Por el contrario. Ha aumentado la miseria, el desempleo, la explotación del hombre por el hombre, se ha reducido la soberanía nacional y la soberanía alimentaria. Cada vez Colombia está más tomada por militares de Estados Unidos. No hay salud, ni educación para todos y todas y de calidad.
Esas son las causas reales que originaron la lucha armada del pueblo, que en el caso de las Farc-Ep se la jugó por un acuerdo de paz, intentando buscar caminos distintos de lucha por el cambio de régimen y la construcción de una sociedad humana con posibilidades reales para todos y todas.
Toda noticia o hecho tiene varias caras, las cuales hay que analizar críticamente para entonces sí emitir un concepto estructurado y aproximado de la realidad. Así pues, en el colegio, en las juntas de acción comunal, se debería analizar la toma guerrillera hace veinte años, con un espíritu crítico, analítico y autónomo, no tomando solamente la versión oficial y mediática.
Hay que luchar para que el estado cumpla con lo pactado en la Habana y la violencia cese. No es nada fácil, pero tampoco imposible, entre otras cosas, porque la violencia es un negocio para una minoría, mientras resulta ser una tragedia para el pueblo.
El desafío consiste en ir más allá de la versión oficial. Es gran desafío que hoy tenemos todos y todas, para comprender al derecho los hechos y desde luego, la historia. Los victimarios no pueden seguir posando de víctimas.
La traumática toma guerrillera del perímetro urbano del municipio de Anzoátegui (Tolima), ocurrió el 11 de agosto de 2001, a partir de las cuatro de la tarde. Unidades de las Farc-Ep irrumpieron en esta localidad y durante tres días tuvieron en vilo a la comunidad y al poder represivo del Estado. Este año cumple el suceso veinte años.
Hasta ahora se ha contado la versión oficial y, de una manera descontextualizada y acoplada totalmente a los intereses de la clase dominante. En esos términos, la guerrilla es la mala del paseo y el gobierno la víctima. Así se cuenta y así lo repite maquinalmente el común de la gente. Claro, la información la toma de los medios de comunicación y como se sabe, estos medios transmiten la versión del gobierno.
Cuando esto sucedió, yo laboraba en una emisora comunitaria en el distante municipio de Planadas (Tolima). El impacto fue durísimo. La patria chica en una encrucijada de esta naturaleza. Lo primero que se me ocurrió pensar fue en un error político. La comunidad no tenía una formación política e incluso, información veraz sobre la situación generadora del conflicto social y armado que estaba padeciendo el país.
Recogiendo testimonios de las personas directamente afectadas, muchas señalan sin ruborizarse que hizo más daño el avión fantasma y los helicópteros ametrallando indiscriminadamente que la acción subversiva. El terrorismo de estado se sintió con más fuerza que el movimiento guerrillero. “La guerrilla que tenía el control del pueblo autorizó nuestra salida y el ejército desde el aire nos disparaba”, relata un cacharrero (vendedor ambulante).
Sin embargo, más allá de estas consideraciones, valdría la pena preguntarnos quién es el responsable de que existiera o exista guerrilla en Colombia, por qué se da este fenómeno social y cómo podría superarse.
Lo cierto es que las Farc-Ep firmó un pacto con el estado y se desmovilizó, pero desafortunadamente, el gobierno nacional no lo ha cumplido y por el contrario, ha desatado una verdadera cacería humana contra los integrantes de este grupo guerrillero, en completo estado de indefensión ha venido asesinando a dichos desmovilizados, traicionando lo pacto con veeduría internacional.
En esas circunstancias, bien podría decirse que la guerrilla se ha desmovilizado, no así el estado y el paraestado. La violencia sigue. ¿Y por qué sigue? Sigue porque las causas que originaron el levantamiento popular y armado del pueblo en Colombia, siguen incólumes, inmodificables. El poder represivo, criminal, violento, corrupto y mafioso del estado sigue vigente.
Por el contrario. Ha aumentado la miseria, el desempleo, la explotación del hombre por el hombre, se ha reducido la soberanía nacional y la soberanía alimentaria. Cada vez Colombia está más tomada por militares de Estados Unidos. No hay salud, ni educación para todos y todas y de calidad.
Esas son las causas reales que originaron la lucha armada del pueblo, que en el caso de las Farc-Ep se la jugó por un acuerdo de paz, intentando buscar caminos distintos de lucha por el cambio de régimen y la construcción de una sociedad humana con posibilidades reales para todos y todas.
Toda noticia o hecho tiene varias caras, las cuales hay que analizar críticamente para entonces sí emitir un concepto estructurado y aproximado de la realidad. Así pues, en el colegio, en las juntas de acción comunal, se debería analizar la toma guerrillera hace veinte años, con un espíritu crítico, analítico y autónomo, no tomando solamente la versión oficial y mediática.
Hay que luchar para que el estado cumpla con lo pactado en la Habana y la violencia cese. No es nada fácil, pero tampoco imposible, entre otras cosas, porque la violencia es un negocio para una minoría, mientras resulta ser una tragedia para el pueblo.
El desafío consiste en ir más allá de la versión oficial. Es gran desafío que hoy tenemos todos y todas, para comprender al derecho los hechos y desde luego, la historia. Los victimarios no pueden seguir posando de víctimas.
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