Por Nelson Lombana Silva
La Unidad Nacional de Protección (UNP), viene tomando una serie de medidas arbitrarias y peligrosas contra los protegidos que son de la oposición al régimen corrupto y descompuesto que preside Iván Duque Márquez, pero que en realidad quien gobierna es el considerado narcotraficante número 82, Álvaro Uribe Vélez.
Son medidas que generan todo tipo de suspicacia en un país dominado por la mafia y la violencia, especialmente del Estado. A la fecha se habla por ejemplo de más de 86 masacres en Colombia, en lo que va corrido del presente año; casi dos centenas de excombatientes farianos asesinados en completo estado de indefensión, cientos de líderes campesinos, indígenas y políticos de izquierda, asesinados, desplazados y desaparecidos.
Se ha venido denunciando la unión militar – paramilitar, las fuerzas oscuras que se vale el establecimiento para imponerse sobre montaña de crímenes, corruptela y violencia contra el pueblo. No es un invento de la oposición o de los comunistas, es una cruda realidad que conoce perfectamente la comunidad nacional e internacional.
En esas condiciones concretas, objetivas, las medidas que toma la UNP genera incertidumbre e indignación en los que tenemos la oportunidad de tener un esquema de seguridad, gracias a la denuncia internacional y a lo acordado el estado con la corte interamericana de derechos humanos. O sea, no es una dádiva del gobierno nacional, como en algunos círculos se quiere insinuar, es un acuerdo, un compromiso de obligatorio cumplimiento.
Estuvimos durante un buen tiempo a merced del DAS, el cual fue disuelto por la criminalidad que le imprimió el estado en el gobierno uribista. Éste se convirtió en un nido delincuencial contra el pueblo y, sobre todo, contra la oposición de vastas proporciones.
Poco a poco el estado ha venido minando este programa de protección, en un país que no para el terrorismo de estado. La violencia contra el pueblo es el pan nuestro de cada día. El fantasma de las águilas negras (que en realidad debería llamarse: “Águilas verdes”), sigue latente en todo el país. Amenazan, desplazan y asesinan y no pasa nada en este país.
Nos metieron en el cuento de “estudio de riesgo”, estudio que han utilizado para levantar esquemas en distintas regiones del país. Ahora, hay que decir el desplazamiento con pelos y señales, de una manera directa y digital. Informar con 48 horas de antelación, desde el correo electrónico del protegido. En el caso particular que soy periodista, ¿Cómo hago para prever un suceso 48 horas antes, para solicitar permiso y cubrir periodísticamente el acontecimiento o suceso? Literalmente los periodistas estamos maniatados con esta medida. Además, no es simplemente informar, es solicitar que se estudie la posibilidad. Muchas veces, la respuesta es: No hay permiso para el desplazamiento.
Ahora, por cuestión de seguridad el desplazamiento debe ser sigiloso y de bajo perfil. Pero según la UNP, se debe informar a Raimundo y todo el mundo del desplazamiento, decir la ubicación exacta y someterse a la sospechosa vigilancia satelital.
Ante había un chip para el tema de los peajes, gasolina en mayor cantidad. Todo eso es pasado. Así, estos esquemas son frágiles, con armas de corto alcance. La seguridad en Colombia en estas condiciones es como un decir.
De igual manera, es lamentable que las unidades de protección no tengan una estabilidad laboral, tampoco su actividad sea considerada de alto riesgo. Digamos en términos sencillos: No hay un solo estímulo que realmente fortalezca un esquema de seguridad de estas características.
Y así, podríamos seguir enumerando anomalías, que ciertamente, desdicen seriamente del interés del estado por preservar la vida de los protegidos, especialmente de oposición en Colombia. Este país está pletórico de crónicas anunciadas, esta podría ser una más.
Son medidas que generan todo tipo de suspicacia en un país dominado por la mafia y la violencia, especialmente del Estado. A la fecha se habla por ejemplo de más de 86 masacres en Colombia, en lo que va corrido del presente año; casi dos centenas de excombatientes farianos asesinados en completo estado de indefensión, cientos de líderes campesinos, indígenas y políticos de izquierda, asesinados, desplazados y desaparecidos.
Se ha venido denunciando la unión militar – paramilitar, las fuerzas oscuras que se vale el establecimiento para imponerse sobre montaña de crímenes, corruptela y violencia contra el pueblo. No es un invento de la oposición o de los comunistas, es una cruda realidad que conoce perfectamente la comunidad nacional e internacional.
En esas condiciones concretas, objetivas, las medidas que toma la UNP genera incertidumbre e indignación en los que tenemos la oportunidad de tener un esquema de seguridad, gracias a la denuncia internacional y a lo acordado el estado con la corte interamericana de derechos humanos. O sea, no es una dádiva del gobierno nacional, como en algunos círculos se quiere insinuar, es un acuerdo, un compromiso de obligatorio cumplimiento.
Estuvimos durante un buen tiempo a merced del DAS, el cual fue disuelto por la criminalidad que le imprimió el estado en el gobierno uribista. Éste se convirtió en un nido delincuencial contra el pueblo y, sobre todo, contra la oposición de vastas proporciones.
Poco a poco el estado ha venido minando este programa de protección, en un país que no para el terrorismo de estado. La violencia contra el pueblo es el pan nuestro de cada día. El fantasma de las águilas negras (que en realidad debería llamarse: “Águilas verdes”), sigue latente en todo el país. Amenazan, desplazan y asesinan y no pasa nada en este país.
Nos metieron en el cuento de “estudio de riesgo”, estudio que han utilizado para levantar esquemas en distintas regiones del país. Ahora, hay que decir el desplazamiento con pelos y señales, de una manera directa y digital. Informar con 48 horas de antelación, desde el correo electrónico del protegido. En el caso particular que soy periodista, ¿Cómo hago para prever un suceso 48 horas antes, para solicitar permiso y cubrir periodísticamente el acontecimiento o suceso? Literalmente los periodistas estamos maniatados con esta medida. Además, no es simplemente informar, es solicitar que se estudie la posibilidad. Muchas veces, la respuesta es: No hay permiso para el desplazamiento.
Ahora, por cuestión de seguridad el desplazamiento debe ser sigiloso y de bajo perfil. Pero según la UNP, se debe informar a Raimundo y todo el mundo del desplazamiento, decir la ubicación exacta y someterse a la sospechosa vigilancia satelital.
Ante había un chip para el tema de los peajes, gasolina en mayor cantidad. Todo eso es pasado. Así, estos esquemas son frágiles, con armas de corto alcance. La seguridad en Colombia en estas condiciones es como un decir.
De igual manera, es lamentable que las unidades de protección no tengan una estabilidad laboral, tampoco su actividad sea considerada de alto riesgo. Digamos en términos sencillos: No hay un solo estímulo que realmente fortalezca un esquema de seguridad de estas características.
Y así, podríamos seguir enumerando anomalías, que ciertamente, desdicen seriamente del interés del estado por preservar la vida de los protegidos, especialmente de oposición en Colombia. Este país está pletórico de crónicas anunciadas, esta podría ser una más.
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