Ejército cómplice con delincuencia en el sur del Tolima, denuncia FARC

Ejército cómplice con delincuencia en el sur del Tolima, denuncia FARC. Donald Ferreira, mimbro Partido FARC. Foto Nelosi.

Por Nelson Lombana Silva

Se recrudece la violencia en el sur del departamento de Tolima, concretamente en el martirizado municipio de Planadas. Lo grave es que al parecer existe una coordinación criminal entre las fuerzas militares acantonadas allí y bandas paramilitares.

Por denunciar estos hechos lamentables, al parecer el Ejército Nacional le ha entablado una demanda contra el ex comandante Donald Ferreira por el presunto delito de injuria y calumnia.

Es más: El ex comandante fariano ha perdido intempestivamente sus derechos políticos, invalidada la cédula de ciudadanía y al parecer le han reabierto las órdenes de captura por parte de la justicia ordinaria desconociendo de cabo a rabo la jurisdicción especial para la paz. Eso quiere decir que en cualquier momento podría ser puesto preso.

De igual manera, Donald Ferreira (Gustavo Bocanegra), señala que no sabe con exactitud para dónde están cogiendo los recursos destinados a la implementación del acuerdo de paz.

Al parecer el dirigente del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), ha tenido que abandonar la región, pues teme ser asesinado por esta macabra alianza que al parecer viene desarrollándose en este municipio.

Dijo que en la vereda La Esmeralda Alta hay un grupo paramilitar que lidera Germán López, que la comunidad ha denunciado ante las autoridades militares y policiales, pero hasta la presente no han actuado. En días pasados detuvieron un familiar de este sujeto en la zona y después de tenerlo con grilletes, fue puesto en libertad más abajo de la vereda La Esmeralda sin una sola explicación.

“Los militares saben dónde están los tipos armados y no pasa nada”, dice. Agrega: “En estos momentos yo tengo invalidada mi cédula, suspendidos los derechos políticos, vigentes las órdenes de captura”.

De otra parte, el dirigente del Partido FARC denuncia la presencia de USAID, ONG de la CIA, quien se ha abrogado el derecho de manejar diversos proyectos asistencialistas del gobierno nacional y de repartir tierras a los campesinos, desconociendo organizaciones agrarias probadas en la lucha como SINTRAGRITOL, ASTRACATOL y otras organizaciones campesinas con suficiente idoneidad en toda la región.

Lo mismo la presencia de multinacionales encaminadas a robarse los recursos naturales, especialmente el agua y los minerales preciosos que hay en la región. Al parecer se proyecta en el corregimiento de la Herrera, municipio de Rioblanco, la construcción de un túnel para desviar el agua con destino a los cañaduzales del Valle del Cauca.

Denuncia también el dirigente político la iniciativa del gobierno nacional de hacer una contra reforma agraria para devolverles la tierra a los terratenientes en municipios como Roncesvalles, Rovira y Cajamarca, entre otros.

A pesar de la cruda violencia que ha dejado como saldo varios guerrilleros desmovilizados asesinados, lo mismo que líderes y lideresas de la región, el ex comandante fariano formula un llamado a la unidad para exigir el cumplimiento de lo Pactado en la Habana, rechazar la violencia y aclimatar la paz.

Hace un llamado a participar del paro cívico nacional programado para el 25 de abril por las Centrales Obreras, especialmente la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El pasado 15 de marzo se llevó a cabo una caravana por la paz entre Planadas y la zona veredal donde están concentrados, caravana que no apoyó el mandatario local y por el contrario, intentó sabotear, según señala Donald Ferreira.

Finalmente, señaló que a pesar de la incertidumbre que reina en la región el Partido FARC seguirá denunciando y convocando a los campesinos e indígenas a la movilización y la organización.

En exclusiva para página web: www.pacocol.org el ex comandante Donald Ferreira (Gustavo Bocanegra) concedió el siguiente reportaje:

-         El ejército nacional le ha colocado demanda contra usted por el presunto delito de injuria y calumnia. ¿Por qué?

Sí, tengo entendido que el ejército colocó una denuncia contra mí por injuria y calumnia; los hechos se relacionan con una denuncia pública que hicimos nosotros mediante comunicado del Partido FARC, sobre la grave situación que se viene presentando en el sur del Tolima, concretamente en el municipio de Planadas, donde ha cobrado la vida de dos ex guerrilleros simultáneamente sin mayores explicaciones, uno muerto con arma corta y el otro con arma larga. De igual manera, otro compañero que apareció muerto entre los municipios de Coyaima y Ataco. No se sabe las causas reales de su asesinato.

En relación con esto, unos compañeros de la vereda Esmeralda Alta, que vivían en la vereda San Agustín, fueron también asesinados en días pasados. Esto se relaciona con otra serie de asesinatos que se han venido presentando de un año para acá, al parecer gracias a una banda criminal que se ha venido creando en la Esmeralda manejada por Germán López.

Esto la comunidad lo denunció oportunamente ante el ejército y la policía. Capturaron un familiar de este individuo, pero más abajito de la vereda La Esmeralda lo soltaron después de tenerlo con grilletes, individuo, según la comunidad, lista en mano amenaza los campesinos de la zona y posteriormente vienen apareciendo todos estos asesinatos.

Nosotros dijimos en ese comunicado que en el caso de la inteligencia militar, debe responder porque ella sabe habida cuenta que la comunidad ha denunciado. Es decir, los militares saben dónde están los tipos que andan armados y no pasa nada.

Además, los muertos fueron insultados con graves improperios diciendo que eran guerrilleros de las Farc, extorsionistas y toda una cantidad de insultos hacia el Partido FARC.

Esa denuncia hecha por el Partido ha generado el descontento de las autoridades colocándome el ejército según entiendo, una denuncia por injuria y calumnia en Ibagué en días pasados.

Las pruebas que tenemos para denunciar la postura militar en la zona hablan por sí solas. Realmente no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo las comunidades. Esto lo sabe la Personería municipal, la Fiscalía de Planadas, la Organización de Naciones Unidas (ONU), organizaciones de Derechos Humanos, las veedurías, etc.

De manera que las FARC simplemente quisimos decir públicamente que nos extraña mucho que a estas alturas, las autoridades no velen por las familias que hay en Planadas y permitan estos sangrientos hechos que vienen sucediendo.

En más, en días pasados, el 15 de marzo, realizamos una caravana por la paz, rechazando fuertemente la violencia en esta región y de igual manera, por la defensa del acuerdo de paz, que es algo que tampoco se ha implementado como se debe; nos extrañó que la administración municipal de José Funor Dusán, administración conservadora de la línea del gobernador Oscar Barreto Quiroga, no hiciera acompañamiento a esta caravana por la paz, a pesar que había anunciado su participación.

Por el contrario. Nos quería impedir la movilización aduciendo que solo podíamos marchar por detrás de la iglesia, para no obstaculizar el espacio, cuando estábamos enarbolando la bandera de la paz, en defensa de la vida de los líderes y lideresas de Derechos Humanos de los ex guerrilleros y de la comunidad de todo el municipio.

No sé por qué el alcalde, la administración, los políticos de Planadas, los micro empresarios los ve uno permanentemente hablando de paz, presentando proyectos de paz, pero cuando hay que tomar las banderas de la paz y salir a defenderla  en las calles, se esconden. Esto es grave. Nos dejan solos en esta batalla y para completar nos amenazan con capturas.

En estos momentos yo tengo invalidada mi cédula, suspendido los derechos políticos, vigentes las órdenes de captura que me impuso el régimen durante el conflicto, sin darme la oportunidad de una explicación y defenderme jurídicamente, caso que debería estar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Igual, una serie de compañeros nuestros también vienen siendo perseguidos al tener abiertas las órdenes de captura en los juzgados de Ibagué, sin respetar que hay una justicia especial para la paz donde nosotros firmamos para que los abogados nos respalden y que todo esto vaya a la jurisdicción especial para la paz. De manera que la incertidumbre en el municipio de Planadas (Tolima) es grande, en relación con los hechos que se vienen sucediendo, así como en otros municipios del Tolima. La preocupación es latente.

Ante esa cruda realidad, nuestro llamado es a la unidad y a apoyar la movilización nacional programada para el 25 de abril, en el territorio del Tolima, porque la bandera de la paz hay que agitarla, sobretodo una paz con justicia social, una paz estable y duradera.

Los campesinos de la región vienen denunciando atropellos por parte de la fuerza pública contra ellos, no se ha cumplido la reforma rural integral como tal, no se sabe para dónde están cogiendo los recursos de la implementación del acuerdo, no aparece la reforma agraria que son tres millones de hectáreas para los campesinos que no tienen tierra. A la fecha no han hecho el censo para saber quiénes son los campesinos beneficiados con este acuerdo de la Habana, tampoco un censo sobre las deudas de los campesinos de las fincas que se necesitan legalizar porque no tienen escritura pública.

Las hidroeléctricas vienen amenazando en quedarse con los recursos naturales en el sur del Tolima; en el caso particular del corregimiento La Herrera, municipio de Rioblanco, allí las hidroeléctricas ya están amenazando con entrar, generándose amenazas contra los líderes comunitarios a través de panfletos de la AUC, Águilas Negras, por el solo hecho de decir que entre los páramos de Bejuqueros, las azucareras del Valle, en coordinación con multinacionales, proyectan construir un túnel para sacar el agua de estas lagunas y estos páramos y llevar regadíos a los cañaduzales del Valle del Cauca, propiedades de la familia Cabal y cuyo abogado de esta familia es el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Así mismo, la empresa de teléfonos de Bogotá (ETB), en convenio con la represa El Quimbo y los que están transportando todo esa vaina de las redes eléctricas por Herrera, vienen causando estragos y daños en las comunidades, con el único propósito de robarse toda esa energía hacia otros territorios sin concertar con las comunidades. Por lo mismo están las hidroeléctricas que proyectan hacer en la Marina (Chaparral) y en el municipio de Roncesvalles.

Pero no es solamente esto: El gobierno viene haciendo una persecución terrible contra los campesinos en Roncesvalles, el cañón de las Hermosas, en Rovira, en Cajamarca. En estos sitios, cantidades de campesinos se tomaron las tierras de los terratenientes hace muchos años, y, el gobierno ahorita, desconociendo la posesión de los que sí trabajan la tierra y desconociendo el acuerdo que dice que debe formalizarse la propiedad pagándole incluso, al hacendado a través de la Agencia Nacional de Tierras, está impulsando el tema de la restitución de tierras, que es una política antipopular, política que va en contravía de los principios de los campesinos, porque es poner a pelear el vecino con el vecino y tratar de recuperar las tierras a los terratenientes de la región.

Esto es lo que venimos denunciando. Además, los atropellos que viene sucediendo en el municipio de Anzoátegui, el tema de los montes de Galilea, el Triángulo del Sur del Tolima, donde en Coyaima este triángulo ha dejado sin agua a la comunidad indígena y todavía les toca vivir con aljibes.

Por estas y otras denuncias que el Partido FARC hemos hecho contundentemente y que lo seguiremos haciendo sin cesar, estamos siendo perseguidos de muchas maneras en el departamento de Tolima, muy especialmente en el sur.

-         Dicen algunos medios de comunicación que en el sur del Tolima, las FARC se estarían reorganizando militarmente ante el incumplimiento casi total por parte del gobierno nacional de lo pactado en la Habana (Cuba) y firmado en Bogotá. Es más: Se afirma también que estos serían los que vienen asesinando a los mismos guerrilleros ¿Qué hay de cierto?

Eso lo dicen los medios de comunicaciones afines al gobierno nacional: Caracol, RCN y otros. Pero la realidad es otra. Aquí, lo que hay es una persecución encaminada a sembrar terror con los asesinatos selectivos sin más acá, sin más allá, y segundo, pretender continuar con la estrategia de la dilatación para no cumplir el acuerdo como tal, ni con los campesinos, ni con las FARC en los espacios territoriales donde la gente ha tenido que irse a otros lugares de trabajo.

La tal seguridad que en días pasados dimos al secretario de gobierno del municipio de Planadas, junto con el secretario de gobierno departamental de la administración de Oscar Barreto Quiroga, quien decía que todo marchaba bien, de que todo andaba bien, de que la comunidad podía estar tranquila, deja un mal sabor, porque cómo puede decir que la comunidad está tranquila cuando hay tres, cuatro muertos de seguido, sin más acá, sin más allá.

Si está la comunidad tranquila es porque ¿vivían mal los que ahora son muertos? Entonces, quién mató a esta gente. Esa es la pregunta que nos hacemos. Claro, con esto no estoy acusando al gobernador, ni al alcalde, diciendo que ellos están detrás de estos asesinatos, ni siquiera a la inteligencia militar. La pregunta es por qué puede vivir una comunidad tranquila cuando el día de la caravana por la paz, varios ex guerrilleros nos manifestaron que los están amenazando con llamadas, que están saliendo hombres vestidos de negro a los caminos a decir con palabras soeces que los miembros de las Farc se tienen que ir de la región.

La zozobra ha hecho de que no se pueda seguir impulsando, por ejemplo, las veedurías, las organizaciones agrarias en el territorio, con el único propósito de saber las comunidades cómo se vienen invirtiendo los dineros en esta región del Tolima por parte de los gobernantes.

-         Hay preocupación también en el sur del Tolima por la presencia de USAID, prácticamente ONG del Servicio de Inteligencia Americana (CIA). ¿Qué concepto le merece a usted la presencia de ésta?

Todos sabemos que la USAID siempre ha estado al servicio de la inteligencia americana y es la que viene desarrollando los diversos programas asistencialistas en la región.

En cabeza de ella está una serie de proyectos, que si bien la gente los necesita porque hay múltiples necesidades, no es la solución a los diversos problemas de las comunidades.

Pero, con esto trata el gobierno de tramar las comunidades, engañarlas como se engaña un niño con un dulce, cuando en realidad lo que hace es apoderarse de una buena parte de los recursos del proceso de paz y de paso hacer cruda inteligencia para el imperialismo norteamericano.

Nosotros hemos dicho que cómo así que la USAID entonces ahora entrega títulos de tierra a nombre del acuerdo de paz. Eso lo viene haciendo. Ni siquiera concerta con las asociaciones agrarias, como el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima (SINTRAGRITOL), Asociación de Trabajadores del Tolima (ASTRACATOL), hay organizaciones de Derechos Humanos y otras organizaciones agrarias como Asohermosas en el cañón de las hermosas, Sacatín en Planadas, organizaciones indígenas de los hermanos Nasa. Hay una serie de organizaciones que existen en el entorno donde ellas deberían manejar el tema de la implementación, porque el acuerdo dice eso y no una Agencia gringa.

Estamos señalando la conducta e intenciones de USAID que no son de buenas a primeras buenas intenciones, sino que también trae unas intenciones oscuras, como lo hemos venido diciendo. Por eso al parecer nos demandaron.

-         ¿Quiere decir usted que los dineros para la implementación los vienen manejando algunos avivatos y oportunistas en el sur del Tolima?

Claro, claro. Muchas personas quieren ahorita solucionar sus problemas a nombre de la paz. Pero, realmente las personas que son víctimas y han sido atropelladas en sus movilizaciones por reclamar los derechos de las comunidades, los vienen dejando a un lado.

-         El acuerdo de paz está en cuidados intensivos. El gobierno nacional no ha cumplido lo pactado. Últimamente ha arreciado contra la JEP. ¿Cuál es su opinión?

La opinión mía es que el gobierno nacional quiere acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Lo dijo Álvaro Uribe Vélez: “Hay que derogar la JEP”. ¿Por qué? Porque le teme a la verdad. El temor del uribismo es extremo y en el caso del Tolima no se quedan atrás. Los dirigentes del Tolima tienen rabo de paja, sobre todo aquellos que después fueron fundadores del Centro Democrático y del uribismo.

Esos que primeros fueron conservadores como Luis Humberto Gómez Gallo, lo mismo Barreto y otras personas. En su momento, en el caso de Luis Humberto Gómez Gallo, financió el paramilitarismo en el sector de Leticia, en el municipio de San Luis.

Hoy en día, Luis Humberto Gómez Gallo, ya es muerto. Pero esas raíces de estos senadores fueron llevados a los cargos por parapolítica, fueron todos los que apoyaron a Uribe en tiempo de su gobierno, fueron sus defensores en el Congreso donde estuvieron.

De manera que ellos les temen a la verdad, porque desplazaron mucha gente y ordenaron su asesinato en muchos casos. ¿Qué quieren? Salvarse ellos y enjuiciarnos a todos los que les hemos apostado a la paz. Y, lo que proponen aún es más grave todavía: Están diciendo que las penas graves que están en la justicia ordinaria, que son penas colocadas por jueces sin mayor investigación, sino solo porque fulano vino y dijo tal cosa, sean pagadas a través de la justicia ordinaria. O sea, nos anuncian es cárcel. Esto es una dura puñalada al Acuerdo de Paz, al corazón de la paloma de la paz y están llevando a que las víctimas verdaderamente no conozcan la verdad de todo lo que ha venido pasando en Colombia.