En respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los ibaguereños se movilizaron anoche. Un grupo se concentró en el parque Manuel Murillo Toro, denunciando el interés del presidente Iván Duque Márquez de hacer trizas los Acuerdos de la Habana, desnaturalizando éste y cercenándole la esencia a la JEP, de tal manera que no haya verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. La oligarquía teme que la verdad acerca del conflicto social y armado salga a flote y una forma de impedirlo lo hace el presidente con su propuesta contra la JEP de objetar algunos puntos de la norma estatutaria.
Quiere la burguesía que no haya tampoco reparación a las víctimas por cuanto propone que en el caso de la guerrilla sea ella la que indemnice a sus víctimas, cuando el movimiento fariano en cumplimiento estricto de lo pactado entregó todos sus bienes al Estado. De igual manera, señala el gobierno que ni los militares, ni los paramilitares, ni los gamonales, ni los terratenientes y ni los banqueros, asuman su responsabilidad, en más de cincuenta años de cruda violencia y terrorismo de Estado.
En esa campaña de marchitar el proceso de paz y ahogar la JEP, el corrupto Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, insiste en que el movimiento fariano sea sometido tanto a la jurisdicción de la JEP como a la jurisdicción ordinaria. Es decir, que los ex guerrilleros sean juzgados dos veces por la misma causa. Algo inadmisible en un estado que presume de ser democrático y de Derecho.
Al decir de los entendidos en la materia, la burguesía con su presidente se empecinan en empujar al pueblo a la más espantosa violencia como en los peores y aciagos momentos. Así las cosas, movilizar al pueblo colombiano y a la comunidad internacional en defensa del Acuerdo de Paz, sea hoy una prioridad de todos y todas. Eso lo entendió un grupo numeroso de ibaguereños que se congregó después de las cinco de la tarde para lanzar un grito potente de solidaridad al proceso de paz y de denuncia de los carroñeros de la guerra que liderados por el narcotraficante número 82, Álvaro Uribe Vélez y su partido fascistoide del Centro Democrático, hacen hasta lo imposible porque la verdad no salga a flote.
Intervenciones
Líderes y lideresas de distintas organizaciones políticas, sindicales y populares, fijaron su posición durante el mitin. Andrés Hernández, secretario general del Partido Comunista Local Ibagué y candidato al concejo municipal por la Unión Patriótica, dijo: “Los acuerdos de paz firmados entre el Estado y la insurgencia de las Farc – Ep, ha sido uno de los mayores logros de la sociedad colombiana en los últimos cincuenta años. La lucha por el reconocimiento al derecho a la verdad, la reparación y la garantía de no repetición de las víctimas, es parte fundamental de la lucha por la paz”.
Agregó: “El Partido Comunista Colombiano y la Juventud Comunista (JUCO), frente al anuncio presidencial de objetar parcialmente la ley estatutaria en seis artículos de los 159 que contiene esta norma, objeción que genera efectos y consecuencias e inseguridad jurídica para los ex combatientes de las Farc, para las víctimas y para la comunidad internacional que ha apoyado el proceso de paz y la implementación de los acuerdos; esta objeción llega a profundizar los reiterados incumplimientos del gobierno nacional en la implementación de los acuerdos”…
“Consideramos que está en desarrollo una ofensiva que tiene como objetivo fracturar de forma irreversible el acuerdo para la culminación del conflicto armado, logrado entre el Estado Colombiano y las Farc – Ep. El asesinato de dirigentes sociales y políticos, la dilatación del plan marco de implementación, los montajes y desprestigios contra la jurisdicción especial para la paz, entre otros sumados a la ley estatutaria rompen el principio con el cual todo contrato incluyendo un tratado de paz tiene un carácter obligatorio de obligatorio cumplimiento”.
Por su parte, la lideresa del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), María Ayala, indicó: “Según el gobierno nacional la Jurisdicción Especial para la Paz, no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Ante eso, la Corte Constitucional ha dicho que la Fiscalía podrá continuar con su investigación, búsqueda y recuadro del material probatorio, mientras cumpla con la remisionalidad a la JEP, aunque la Fiscalía debe continuar con los procesos no podrá atribuir responsabilidades, decidir sobre la libertad y citar a diligencias judiciales sin el conocimiento de la JEP. Es decir, una vez las objeciones a las que el gobierno nacional está diciendo que la JEP no puede continuar, la Corte Constitucional ya dio su veredicto”.
Subrayó: “El acuerdo de paz de Colombia es un ejemplo para el mundo, es el primer acuerdo que ha podido establecer una jurisdicción especial para la paz, donde se busque la justicia, la verdad y el compromiso de no repetición. Aquí, los entes armados y los no armados que han estado involucrados en el conflicto armado tienen que dar la cara, tienen que decir la verdad sobre el conflicto, no como en otros países. Y esto es una cosa que en Colombia no nos interesa. A la mayoría y al gobierno y a la clase alta no le interesa que se sepa la verdad, porque si se sabe la verdad, se demostrará que la violencia en Colombia, es una violencia de Estado, es una violencia estructural. Por eso, la verdad no es permitida en este país”.
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