Acerca del código de policía

Comunidad de Villa Restrepo. Foto Nelosi

Por Nelson Lombana Silva

El arbitrario y represivo código de policía, lo presentó en el departamento del Tolima, el entonces representante a la cámara por esta circunscripción, Carlos Edward Osorio, como su obra maestra. En su momento dijo que era el código más completo y moderno que traería paz, tranquilidad y convivencia entre la ciudadanía colombiana. Fue al parecer su única obra de marca mayor que hizo durante su tránsito por esta unidad legislativa.

Ese mismo personaje de derecha, que suele cambiar de color y partido como el camaleón, al parecer se presentará como candidato a la gobernación del Tolima. Sin sonrojarse está dispuesto a buscar el respaldo popular, mostrando como su principal aporte el código de policía. Código que constituye un verdadero esperpento antidemocrático y represivo que hace perfecta sintonía con la tenebrosa “seguridad democrática” del narcotraficante número 82, Álvaro Uribe Vélez o quizás con el fascismo.

El 7 de marzo, este código fue socializado a la comunidad urbana del corregimiento de Villa Restrepo, municipio de Ibagué (Tolima), por parte de la policía. Mientras se desarrollaba esta actividad en la biblioteca El Cañón del Combeima, a menos de un kilómetro de distancia de allí, por el mismo cañón, era atracada una habitante por dos hombres y una mujer, quienes la despojaron de todas sus pertenencias, cuyo monto total aún no se ha tasado.

Con aire de sumisión y resignación la comunidad escuchó los alcances de esta represiva norma. La charla estaba dirigida fundamentalmente a los vendedores ambulantes y dueños de los pequeños negocios que hay en la región. “El vendedor o tendero tiene que volverse policía para requisar al que entre a su negocio, “sapiar” y convertirse en informante”, dijo una de las asistentes al término del encuentro. “Lo más grave – agregó en su comentario – es que automáticamente se puede uno convertir en objetivo militar por la parte denunciada”.  

Es cierto. Si una persona armada es sorprendida en un lugar público, bar, panadería o tienda, automáticamente el propietario del establecimiento será objeto de comparendo o cierre temporal o definitivo del establecimiento. Si le encuentra a ese visitante una bicha de marihuana, correrá la misma suerte.

Se pierde toda privacidad. Es más: El policía puede allanar su local sin orden judicial emanada de un juzgado por simple sospecha. El grado represivo de este código es extremo, atenta contra todo principio democrático. Obliga al civil a ser “soplón” sin dinero y en cambio, sí a exponerlo a una violenta reacción de la persona denunciada.

El cuadro sería así, más o menos: Entra un transeúnte a su cafetería y pide un tinto. ¿Qué tiene que hacer y decir el vendedor? “Con gusto, pero primero contra la pared para una requisa”. Esto parecería risible o extremo, pero no hay tal, porque si llega la policía y le da por pedir antecedentes a ese visitante y le encuentra una navaja, cuchillo o revolver, automáticamente será responsable el dueño del negocio, tanto como el portador de esas armas.

El uso del suelo es otro aspecto bien complejo. Tendrá que especializarse sólo en una actividad. No podrá ejercer dos actividades. Por ejemplo, si usted tenía un restaurante y quebró no podrá montar una tienda. Su tramitología será engorrosa para cambiar su razón social. No podrá tomarse el refresco en la acera. Pierde poder el infraganti. Un fumador de marihuana se puede escapar, con el tiempo lo detiene la policía y le puede colocar perfectamente el comparendo, la sanción. 

Hay negocios donde les exige la ley ambulancia y grupo de paramédicos. Todo por cuento del pueblo, mientras el dinero de los comparendos tomará otros rumbos privados y particulares.

Semejante esperpento represivo que en nada resuelve el problema de seguridad y tranquilidad del pueblo, lo presenta el señor Carlos Edward Osorio, connotado conservador uribista, como lo último en guaracha y, seguramente, con base en esa “gran obra”, se presentará en la plaza pública exigiendo votación para llegar a la gobernación del Tolima.