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Vista parcial de la clausura II Asamblea Nacional por la Paz
en Bogotá Foto. Nelosi.
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Declaración Política II Asamblea Nacional por la Paz: “Convertir la paz en factor de unidad y movilización”.
Con la presencia de 1.500 delegados y delegadas de distintas organizaciones sociales, culturales, populares, sindicales y políticas y distintas regiones del país, se realizó en Bogotá la II Asamblea Nacional por la paz, evento programado por la Unión Sindical Obrera (Uso), Ecopetrol, la Universidad Nacional y el ministerio de trabajo, durante los días 18, 19 y 20 de noviembre.
La Asamblea sesionó en el hotel Tequendama teniendo tres ejes fundamentales de discusión: Política Minero – Energética, Desarrollo Regional y Construcción de Paz y Cultura de Paz y Postacuerdos.
El evento se caracterizó por la presencia de la mujer y de la juventud, lo mismo que la participación amplia, democrática en las distintas comisiones que funcionaron para facilitar la participación y discusión de los asistentes en busca de propuestas e iniciativas que alimenten el proceso de paz que se desarrolla en la Habana y seguramente en el transcurso de los próximos días con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Una lluvia de iniciativas fue recogida por las relatorías, las cuales fueron presentadas en plenaria y aprobadas por todos los asistentes, todas ellas dirigidas a la defensa del proceso de paz, la defensa del medio ambiente y las posibilidades en un posible postacuerdo.
Entre otras: Una cumbre que facilite la unidad popular y la elaboración de una agenda común para la paz, movilización nacional el 9 de abril de 2016 por la paz, paro cívico nacional contra la megaminería a cielo abierto, campaña de rescate del río Magdalena de las manos de una transnacional china, democratización de los medios masivos de comunicación y desarrollo tecnológico de los medios alternativos, encuentro nacional de medios alternativos, desarrollo de las organizaciones sociales y políticas, cese bilateral de fuego ya, desmonte total del paramilitarismo, rechazo total a las siete bases norteamericanas en Colombia, son entre otras iniciativas acogidas en esta magna II Asamblea Nacional por la Paz.
La siguiente es la declaración política:
Contagiados de un inmenso entusiasmo 1500 delegados y delegadas de los más variados sectores sociales y políticos, representativos de todo el territorio nacional, nos hemos reunido en Bogotá durante los días 18, 19 y 20 de noviembre, en la II Asamblea Nacional por la Paz, bajo el lema: “Territorios con energía construyendo paz para la nación”.
A lo largo de nueve meses compartimos esfuerzos y dificultades para hacer realidad este proceso nacional. Hoy contamos con muchos sectores y organizaciones sociales dispuestos a continuar en la lucha por la paz con justicia social.
En medio de un espíritu unitario y plural, nos hemos encontrado para afirmar nuestro compromiso con la paz y la democratización de nuestra sociedad acordando tareas y mecanismos para el proceso de paz.
Colombia se ha llenado de esperanza con este proceso que sin duda beneficiará a todo el pueblo colombiano. El proceso de la Habana entre el gobierno y las Farc cumple ya tres años y a pesar de las dificultades ha permitido importantes acuerdos; esperamos que la etapa de exploración entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno culmine para dar proceso a la fase pública de las conversaciones.
Esperamos que el gobierno vincule también al Ejército Popular de Liberación a este proceso de negociación de carácter integral. Un pacto de paz sin transformaciones políticas como se ha dicho aquí, que democratice la sociedad, requiere cambios en el modelo socio – económico del país, para hacer del país viable en el tránsito hacia el bienestar y la convivencia que el país requiere.
Hay que seguir madurando las posibilidades de un proceso constituyente para los cambios que necesita el país; medida como el alza en las tarifas de energía y la anunciada reforma tributaria, lo único que harán será agravar aún más la ya menguada economía familiar.
Llamamos al gobierno a respetar el carácter bilateral de los acuerdos de la mesa de la Habana, medidas unilaterales como el marco para la paz, el plebiscito unilateral y otras, lo único que hacen es introducir escollos que dificultan y prolongan la negociación.
La II Asamblea Nacional por la Paz, llama al gobierno a respetar los acuerdos de las mesas de diálogo con las insurgencias, a suspender las operaciones militares contra los campamentos insurgentes, entrega unilateral, a dar el paso de una tregua bilateral inmediata y emprender el desmantelamiento del paramilitarismo.
Se requiere de una nueva política petrolera y minero – energética, en un escenario de una Colombia del siglo XXI que incluya una política ambiental, un programa de defensa de los recursos y respectivas empresas estatales y una política sobre regalías y de la misma renta petrolera y minero – energética. Por eso, la II Asamblea por la Paz, arroja la propuesta de la unidad sindical obrera, de un proyecto de ley orgánica de hidrocarburos, que además tenga en cuenta el propósito de las comunidades relacionadas con la calidad de vida que estos proyectos deben garantizar en las zonas de impactos de la industria, la preservación de los ecosistemas y que los recursos sirvan para establecer las bases de la construcción de paz en Colombia.
La Asamblea llama al gobierno a parar los planes de privatización de Isagen y Ecopetrol, parar la fragmentación de Ecopetrol y hacer que todas las reversiones pasen a manos de esta empresa estatal.
Igualmente importante es parar las licencias ambientales en zonas de recursos hídricos fundamentales. Llamamos a las empresas minero – energéticas y especialmente a Ecopetrol, pagar los despidos de los trabajadores y reintegrar a quienes hasta hoy han sido despedidos durante el presente año.
La Asamblea orienta la creación de una mesa social minero – energética por la paz que desarrolle los puntos reivindicativos a conseguir de manera inmediata, pero con propuestas de cambio y de legislación política minero – energética de largo plazo. Trascender de un escenario de diálogo y reflexión a un escenario de incidencia significativa en la agenda pública del sector minero – energético, requiere de la articulación entre plataformas de la sociedad civil que compartan la apuesta por un sector minero – energético incluyente comprometido con el desarrollo humano integral, la equidad, la preservación socio – ambiental y la paz de Colombia.
Los atentados del líder Feliciano Valencia, el asesinato del líder campesino y ambientalista, Daniel Abril y la aleve agresión de la fuerza pública en el día de ayer (antier) contra el campesinado de Argelia (Cauca), que ha dejado una persona muerta y varias heridas, nos obliga a llamar al gobierno para la desmilitarización de las regiones y reconocer el derecho de los pobladores a decidir sobre su territorio y el desarrollo de proyecto comunitarios en el marco de la normalización en la nueva etapa una vez se firmen los acuerdos de paz.
El país está reclamando la libertad de 9.500 presos políticos. Los colombianos no pagamos impuestos para que se destinen a financiar una fuerza pública que dispara contra nuestro propio pueblo.
La construcción de paz requiere la adopción de garantías de no repetición desde el Estado colombiano que implica el reconocimiento de la protesta social, como derecho a la participación ciudadana, la identificación de las demandas que les motivan, la habilitación de canales que den respuesta de fondo a las reclamaciones sociales y populares, el disenso y el conflicto deben dejar de ser valorados como sinónimo de guerra y entendérsele como consustanciales a los procesos democráticos y de formación ciudadana.
Es preciso adoptar mecanismos de control y sanción de acciones de violencia y presión de la protesta popular y el uso abusivo de la fuerza policial que implica las prohibiciones estrictas de armas de fuego en manifestaciones sociales y la garantía de justicia para las víctimas de agresiones por parte de la fuerza pública, lo cual incluye la investigación y enjuiciamiento por parte de la jurisdicción ordinaria de manera pronta y eficaz.
Llamamos al gobierno y al congreso de la república a revertir la legislación que limita o criminaliza el ejercicio de la protesta, entre otras, la ley de seguridad ciudadana.
La Asamblea hace un llamado a los medios de comunicación, a los periodistas y editores, a que la información y las diferencias no se tramiten con instrumentos mediáticos de violencia. Le invitamos a titular en el sentido de que la paz de Colombia está cerca.
La paz es un reto nacional y exige de una mayor articulación de las diversas iniciativas que vienen adoptando su contingente para el propósito de la solución política del conflicto armado; por tal motivo proponemos darle un carácter permanente a los equipos de trabajo que organizaron las Asambleas Regionales y Locales, preparatorias para garantizar la realización de las conclusiones que hoy estamos acogiendo y aportar a la convocatoria para el primer trimestre de 2016, una Cumbre de Iniciativas de Paz en la idea de unificar agendas y simplificar espacios para hacer más efectiva nuestra acción por la paz.
El sindicalismo no puede ser indiferente frente a los destinos del país. Ya escuchamos la exposición de los compañeros.
Llamamos a los trabajadores y a la clase obrera en su conjunto a asumir iniciativas en favor de la paz y a una mayor unidad y coordinación con la Cumbre Agraria.
Llamamos a realizar una gran movilización nacional para defender el proceso de paz y por el cumplimiento de los acuerdos bajo el lema: “Colombia quiere la paz con democracia y justicia social”, para el 9 de abril de 2016, que convoque a todas las expresiones organizadas o no de la sociedad comprometida con la paz.
Salimos de esta II Asamblea Nacional por la Paz con el compromiso de convertirnos en activistas de 24 horas en la construcción de paz para que el pueblo colombiano se erija como un gran protagonista de las transformaciones democráticas para nuestro país.
Bogotá, noviembre 20 de 2016
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