La muerte en combate de tres soldados en la vereda Brazuelas del municipio de Chaparral, descompuso al sanguinario coronel Villate, quien anunció públicamente que por cada soldado mataría a cien civiles, comenzando el 25 de abril de 1956 con la masacre de 72 campesinos en Santodomingo.
El sargento Ducón recorrió con sus hombres la zona invitando a la comunidad a una supuesta reunión y todo el que iba llegando lo iba amarrando de dos en dos con las manos atrás. Alfonso Campos – hermano de la camarada María Oliva Campos Torres – se encontraba durmiendo en el zarzo de su casa porque estaba en la recolección de café y había hartos trabajadores, al darse cuenta se vistió rápidamente con la esperanza de huir, pero los malhechores ya de salida en el portón notaron su ausencia y vinieron y lo sacaron amarrado y se lo llevaron.
A todos los que encontraron por el camino reclutaron. En Santodomingo, se construía una escuela de tierra amasada y había una fosa de donde habían sacado el material para el establecimiento educativo. En parejas los hacían parar al borde y los degollaban y los cuerpos caían al fondo de ésta.
Utilizaron este criminal método para no alertar a las guerrillas que merodeaban el entorno. Como Alfonso tenía una pieza en este caserío, los dueños suplicaron permiso para sacar el cuerpo de allí y darle cristiana sepultura; después de muchas súplicas lo pudieron hacer pero a escondidas, porque era consigna de los militares impedir que se cumpliera con el rito religioso.
Cuando veían las luces de las linternas de los maleantes, apagaban las velas y guardaban silencio hasta nueva orden. En esas condiciones fue sepultado en el cementerio de Santodomingo, Alfonso Campos, el único que tuvo ese “privilegio”.
Dos meses después hubo una tempestad y el río Tetuán se desbordó sacando los 71 cadáveres y regándolos por toda la playa como testimonio de la monstruosa masacre. Los familiares saltaban por encima de los cuerpos descompuestos en busca de sus familiares en escena dantesca.
Pero allí no pararon los instintos criminales del citado militar. Continuó la racha de asesinatos de humildes campesinos, los cuales eran devorados por las aves de rapiña, pues los familiares no podían darle sepultura. Fue tanto el número de muertos que las viudas acudieron al párroco de Chaparral para solicitar por lo menos el derecho a llorar y enterrar cristianamente a sus familiares.
El cura presionado, fue al casino de oficiales ubicado en el hoy parque Manuel Murillo Toro, confrontando al sanguinario coronel Villate. Después de una agria y acalorada discusión en la que el cura le dijo sin rodeos que debajo de la sotana tenía pantalones, se concedió a regañadientes el permiso de velar y sepultar los cuerpos caídos en la cruda violencia desatada y alimentada por el régimen bipartidista.
Para algunos sobrevivientes, el coronel Villate superó con creces semejante cifra, crímenes que reposan en la impunidad y quizás en el manto oscuro del olvido. “Sacaba a altas horas de la noche a cualquier cantidad personas, las llevaba a un sitio de concentración, motilaba a todo el mundo y sometía a la gente a vejámenes. Era un demente. Un criminal de la peor calaña”, recuerda Raúl Rojas González.
A pesar de la dura represión, el comunista Raúl Rojas González, persistía en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos. A cada paso se jugaba la vida. En respuesta, la comunidad lo eligió concejal en varios períodos: 1972, 1974, 1977, 1978, 1979, 1980, 1988, 1989, 1990 y 1991.
Grandes debates libró en el recinto del honorable concejo municipal y muchas iniciativas se hicieron realidad, entre otras, la construcción del acueducto municipal por gravedad y por supuesto, el señalamiento valiente de las fechorías que venía haciendo los militares del batallón Caicedo en unidad con los Chulavitas o Pájaros (Hoy paramilitares) y algunos gamonales de la comarca.
La construcción del acueducto por gravedad es toda una historia inédita, de mucho sacrificio colectivo de la comunidad y sus líderes populares, entre ellos, el camarada Raúl que con su esposa e hijos, participó en una caminata hasta Bogotá. La caminata era orientada por algunos militares. Sin embargo, el comunista Rojas González marchó a la cabeza, coordinando la solidaridad de los comunistas y comunidades que salían en los pueblos a ofrecer ayuda solidaria, como alimentos, agua y material de enfermería.
Esto tenía molesto a los principales organizadores, al extremo que en el municipio de Soacha un destacamento numeroso de comunistas salió a hacer calle de honor y entregar las respectivas ayudas, lo que fue impedido por la policía. Raúl fue detenido por un mayor de la policía e injuriado duramente. Raúl le contestó que en vez de impedir la marcha había que apoyarla, porque el objetivo era justo y humano. El presidente de la república, Belisario Betancur Cuartas, permitió la llegada de una comisión, comprometiéndose a hacer dicha obra.
Raúl en la mira de la represión
Son numerosas las cartas que el dirigente comunista Raúl Rojas González le hizo llegar a los militares denunciando las persecuciones contra él, su familia y la comunidad del sur del Tolima, especialmente de Chaparral, solicitando a su vez protección, la cual no obtuvo en la mayoría de las veces.
El 21 de junio de 1992 – por ejemplo – dirigió una con derecho de petición de garantías personales a Juan de Dios Silva Vieda, comandante Distrito de policía No.5 con sede en Chaparral, y con copia al gobernador, al ministro de gobierno y al Procurador General de la Nación, en los siguientes términos:
“Respetado señor: con la presente, comedidamente me permito solicitarle se digne brindarme las garantías necesarias para mi seguridad personal, por los siguientes motivos”:
“Durante las últimas semanas he recibido varias llamadas telefónicas de personas desconocidas y al parecer residentes en Chaparral, donde se me advierte que seré asesinado”.
“Según las llamadas anónimas, el motivo de las amenazas es por tener vínculos directos o indirectos con la guerrilla, concretamente con el 21 Frente de las Farc”.
“Sobre esta sindicación quiero manifestarle al señor comandante y a las demás autoridades municipales, departamentales y nacionales, que no tengo ninguna relación con miembros de la guerrilla y mi actividad es completamente política, como miembro de la Unión Patriótica, que es movimiento reconocido por el Consejo Electoral, con Personería Jurídica y con cobertura en todo el territorio nacional”.
“La Unión Patriótica es un movimiento civilista, amplio, de convergencia democrática, donde hay liberales, conservadores, Comunistas y en general gentes que quieren cambios en nuestra patria por la vía pacífica, por lo tanto, no existe ninguna relación con la subversión”.
“Señor comandante, como bajo su responsabilidad está la seguridad de todas las personas de esta jurisdicción, le solicito me brinde la seguridad para mi vida y la de mi familia, para poder continuar cumpliendo con mis actividades políticas en este municipio, donde actualmente soy concejal y el departamento donde ocupo una curul en la asamblea departamental”.
“Por lo anterior, ruego a usted se digne impartir las órdenes pertinentes para que se esclarezcan estos hechos y para poder obtener las garantías necesarias para mis actividades políticas y familiares y de trabajo en esta ciudad y en general en todo el departamento”.
“Fundo mi petición en lo consagrado en el título II de la Constitución Nacional y demás normas concordantes”.
El 29 de agosto de 1992, desde Bogotá, el diputado Comunista del Tolima, hace pública una carta dirigida a los miembros de Amnistía Internacional, en la cual hace un recuento de algunos casos de violaciones de los Derechos Humanos en este departamento. Dice:
“Muy respetuosamente me permito narrarles las diversas violaciones de Derechos Humanos protagonizadas por la fuerza pública en el departamento del Tolima en los años 1985 hasta 1991”.
1. “Denuncias ante el señor Procurador General de la Nación, firmadas por el diputado Raúl Rojas”.
2. “Relación de asesinatos de la guerra sucia en el Tolima y firmada por el diputado Raúl Rojas”.
3. “Denuncia de la masacre de la familia Camacho en Montoso (Prado), el 22 de febrero de 1991, por elementos paramilitares ya que la región venía siendo patrullada por militares de la Sexta Brigada del Tolima”.
4. “Denuncia al señor Procurador Provincial de Chaparral (Tolima), el 18 de septiembre de 1991, doctor Alfredo Gómez Barrera y firmado por varios campesinos”.
5. “El 21 de junio de 1991, en la vereda Mesones del municipio de Ortega (Tolima), el agricultor Jacobo Tique Totena y su esposa María de los Ángeles Corrales Hernández, fueron asesinados por paramilitares, cuando la región venía siendo patrullada por militares pertenecientes al batallón Caicedo de Chaparral (Tolima)”.
6. “El 20 de agosto de 1991, en la vereda Cairo municipio de Chaparral, fue asesinado Alirio Quintero Cruz por elementos paramilitares al mando de Carlos Cárdenas, según informes de los campesinos de la región”.
7. “A mediados del mes de septiembre de 1991, varias veredas de la fracción de las Hermosas, municipio de Chaparral, fueron bombardeadas por helicópteros de las fuerzas militares adscritas a la Sexta Brigada con sede en Ibagué, dejando varios vacunos muertos y tres viviendas averiadas, varios campesinos fueron amarrados a árboles, en especial el agricultor Enrique Quintero, quien fue asesinado a fines del mismo mes en el perímetro urbano de la población de Chaparral, a las seis de la tarde en pleno centro urbano, por elementos paramilitares que por informes de los campesinos pertenecen al grupo paramilitar que comandaba Carlos Cárdenas, hacendado de la región de Las Hermosas y que en varias ocasiones patrullaba con los militares pertenecientes al batallón Caicedo con sede en Chaparral”.
8. “El 11 de diciembre de 1991, se presentó el denuncio ante el señor juez de instrucción criminal de Guamo (Tolima), sobre el asesinato de Juan José Adán Aldana por elementos paramilitares en momentos en que la región se encontraba bajo patrullaje militar”.
9. “Delio Tique Totena, residente en la vereda Mesones del municipio de Ortega (Tolima), ha sido amenazado de muerte en repetidas ocasiones por militares de la contraguerrilla adscritos al batallón Caicedo. El 2 de agosto de 1991, varios campesinos lo pusieron en expectativa para que se retirara de la región porque el ejército (contraguerrilla) lo esperaba para asesinarlo”.
10. “El 4 de marzo de 1991, a las 12:15 de la noche Walter Rojas Campos, de 22 años de edad, fue asesinado por varios elementos paramilitares llamados: Libardo Ruiz, alias “perra loca” y Miller Castañeda, alias “huevo frito” y otros dos individuos que no se conocen sus nombres, pero que son personas que coordinan actividades con algunas autoridades de la policía y del ejército. Este caso fue denunciado ante el juez 17 de instrucción criminal y se encuentra en etapa de investigación”.
11. “Raúl Rojas González, en calidad de diputado departamental del Tolima por la Unión Patriótica, ha sido víctima de amenazas y atentados personales contra su vida y la de su familia. En 1986 fue colocada una bomba en la sede sindical de Sintragritol ubicada en la calle 4ª No. 11 – 48 de Chaparral, causando daños materiales. En marzo de 1989, fue víctima de un atentado, cuando un hombre le disparó con arma de fuego, siendo impedido de darle muerte por la rápida intervención de un compañero que se agarró con el sicario”.
12. “Desde el mes de junio de 1992, se viene desatando una campaña de limpieza social en el municipio de Espinal (Tolima): Aparecen cadáveres quemados, maniatados y baleados, sin que las autoridades den explicación, siendo tan grave la situación de inseguridad que el Obispo del municipio ha protestado, lo que ha hecho que hayan trasladado en los últimos días a toda la policía. Asesinan indigentes y luchadores sociales y populares”.
Un nuevo documento hace llegar el diputado Comunista Raúl Rojas González al entonces gobernador Germán Huertas Combariza denunciando más hechos de violencia contra los campesinos, especialmente del sur del Tolima, a manos de las fuerzas militares – paramilitares:
“A nombre de la dirección departamental del movimiento político Unión Patriótica, respetuosamente manifestamos a usted”:
1. “Con fecha 13 de julio dejamos ante el despacho del gobernador un memorial, contenido de varias quejas sobre crímenes y persecuciones contra integrantes de la Up propiciados por la fuerza pública (militares)”.
2. “Con fecha 23 de julio entregamos al despacho del señor gobernador un memorial cuyo contenido se refiere a persecuciones y crímenes cometidos en el norte del Tolima contra integrantes de la Up”.
3. “Hoy, nuevamente nos vemos en la necesidad de denunciar ante usted los más recientes hechos de violencia cometidos por integrantes del ejército y policía en el departamento, a saber: El martes 25 de los corrientes, en Planadas, fue asesinado nuestro principal concejal del municipio y candidato a la alcaldía, compañero Demetrio Aldana, cuya casa había sido dinamitada hace algo más de tres meses. De ese crimen sindicamos como autor intelectual y cómplice al general José Gregorio Torres, comandante de la Sexta Brigada, quien publicó en el diario El Tiempo una versión calumniosa e injuriosa contra nuestro mártir popular”.
4. “El 26 de agosto, fue allanada la casa del compañero Alfredo Cárdenas, según acta cuya fotocopia adjuntamos, por elementos pertenecientes al Das. La propaganda subversiva es el programa de la Up y algunos volantes alusivos a la campaña electoral”.
5. El martes 25 de agosto, en la vereda El Vergel, municipio de Ortega, fue detenida la maestra de la escuela Lida Nori López, por una patrulla del ejército nacional, siendo trasladada a Chaparral, bajo la acusación de ser de la Up”.
6. “El 7 de agosto, en la vereda La Estrella, municipio de Planadas, el grupo autodefensa armado por el batallón Caicedo de Chaparral, dirigido por Gracilio Aguirre, dos de sus hijos, Higinio Tavera y once elementos más, amenazaron de muerte a Uriel Vanegas, exigiéndoles que tenía que abandonar la Up y afiliarse al santofimismo”.
7. “El 13 de agosto, los mismos elementos en la vereda El Rubí, de Planadas, amenazaron en la misma forma a Hernando Medina, integrante de la Up. En la vereda La Laguna, Casa de Zinc y Casa Verde, de Planadas, viene operando el grupo “rojo atá” y grupos de autodefensa, armados por el batallón Caicedo, algunos de cuyos integrantes son: Reinaldo Martínez Ramírez, Damian Tovar, Damian Tovar (padre), Armando Tovar, Alirio Cardozo, Delio Cardozo, Ferdinán Castañeda, Alcides Castañeda, Aldemar Castañeda, Libardo Castañeda y Milfer Castañeda”.
8. “En el municipio de Purificación, se viene presentando casos muy graves de persecución, como son los denunciados por el sindicato de trabajadores agrícolas del Tolima (Sintragritol), (adjuntamos foto copia)”
9. “El comandante de la base militar ubicada en Guadualito, municipio de Rovira, capitán de nombre Helmer, viene visitando casa por casa de ese sector, exigiendo a sus habitantes que tienen que abandonar la Up y afiliarse al partido liberal, pues de lo contrario, son sindicados de ser auxiliadores de la guerrilla, los uniforma y los envía delante de las patrullas para que los maten; el 22 de agosto por intermedio del inspector de policía de Guadualito Hernán Bolaños, citaron a la inspección a Cecilia Barreto, Dora de Moreno, Arnulfo Marín, Juan Moreno, Adelia Varón, Evelio Rodríguez, el inspector los envió ante el capitán mencionado en Playarrica y éste les notificó que tenían que abandonar la Up y afiliarse al partido liberal”.
10. “El domingo 23 de agosto, fue detenido en Playarrica por el cabo primero de la policía de ese lugar, el campesino Evelio Rodríguez, quien se encontraba vendiendo el periódico VOZ, periódico que fue decomisado por el capitán del ejército ya mencionado. Fue prohibida la venta del periódico”.
“Con base en lo anterior ante usted hacemos las siguientes peticiones”:
1. “Que los crímenes políticos denunciados sean investigados”.
2. “Que se brinde a los dirigentes de la Up las medidas de seguridad necesarias para preservar la vida. Dentro de ellas, el suministro de escoltas; la iluminación de la calle 20 entre carreras Sexta y Séptima, sede departamental; y la calle 22 entre carreras 4ª y 5ª, sede de Fedetol”.
3. “Que la gobernación, por su conducto se pronuncie sobre los atropellos mencionados y públicamente le exija a los miembros del ejército y la policía, que no pueden seguir haciendo intimidaciones a ninguna persona so pena de ser sometidos a las condenas que tal delito conlleva”.
4. “Es necesario que usted nos defina, si su gobierno garantiza el desarrollo de nuestra actividad política y la campaña electoral, dentro de los marcos de la Constitución y la Ley, toda vez que creemos que el silencio al respeto es una peligrosa omisión del gobierno que pone en peligro la vida de nuestros dirigentes”.
5. “Por último, creemos indispensable proceder de inmediato a integrar el Tribunal de Garantías Electorales, donde esté la representación de todos los partidos, movimientos y grupos políticos, Tribunal que debiera estar dotado de facultades para investigar y fallar los casos que a él se cometan. De señor gobernador, atentamente”.
Con motivo del abominable crimen del director de Voz Proletaria, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Colombia y senador de la república por el Partido Comunista y la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, los dirigentes regionales del Partido Comunista y la Unión Patriótica, Raúl Rojas González y Alonso Núñez, suscribieron comunicado de prensa en la ciudad de Ibagué, el 9 de agosto de 1994, condenando y rechazando el crimen atroz.
El texto es el siguiente:
“El Partido Comunista Colombiano regional Tolima lamenta profundamente el aleve asesinato del senador y miembro del Comité Central del Partido Comunista, Manuel Cepeda Vargas, en las horas de la mañana del día 9 de agosto de 1994. Este asesinato como el de tantos militantes de las agrupaciones de izquierda, sectores democráticos y sindicales hacen parte de la política reaccionaria implementada con la complicidad del gobierno denominado: “Plan Golpe de Gracia”.
“Para acallar la voz de quienes con un pensamiento y un punto de vista diferente piensan que se deben dar cambios reales en la estructura del sistema gobernante”.
“Manuel Cepeda, Miller Chacón, para no mencionar otros, presentaron a nombre del Partido Comunista ante la fiscalía, ministerio de defensa y ministerio de gobierno, documentos en los cuales se les amenazaba y presentaron prueba de su origen, lo que solo mereció la burla y el desplante del ministerio de defensa y del fiscal general de la nación. Y hoy tenemos que lamentar la pérdida de ambos. A la vez que condenamos el asesinato, exigimos la investigación que lleve a hechos concretos en cuanto a castigo de culpables y no esos tantos que sólo han quedado en el papel sobre los escritorios de los diferentes funcionarios del Estado. Exigimos además del gobierno encabezado por Ernesto Samper Pizano una real apertura democrática donde haya verdaderamente espacio para otras formas de pensar, con el respeto a los Derechos Humanos de los ciudadanos como quiera que esto hace parte de la verdadera tolerancia política”.
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