La otra historia del Tolima 3

Por Nelson Lombana Silva

Violación derechos humanos en el sur del Tolima

La violación sistemática de los Derechos Humanos en el sur del Tolima no es de ahora. Por el contrario, ha sido una constante a través de la historia, violación en la cual han estado presentes, principalmente, el Estado y el paramilitarismo, a través de las fuerzas militares y las mismas decisiones arbitrarias asumidas por la clase dirigente.

No en vano dijo Carlos Marx de que el capitalismo vino al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza. Se entiende al saber que este sistema económico no maneja relaciones humanas sino intereses económicos. Maneja como eje fundamental los intereses de la clase dominante: La burguesía.

Mientras exista el capitalismo, existirá la violación sistematizada de los Derechos Humanos. Esta violación sistematizada presentada en el sur del Tolima, se presenta porque es política de Estado (Terrorismo de Estado), pero también por la presión que ejerce el imperialismo norteamericano sobre nuestro país. No se mueve una hoja en Colombia sin el consentimiento de los Estados Unidos.

Los tétricos documentos secretos de los Estados Unidos llamados: “Santafé I, II, III, IV, V y VI”, bajo la consigna de la guerra de baja intensidad y preventiva, son documentos de guerra abiertos contra el pueblo implementado en la escuela de las Américas, que funcionó primero en el canal de Panamá y ahora en territorio de los Estados Unidos. Son libretos para torturar, amenazar, desaparecer y eliminar toda resistencia popular y política en Colombia. Casi todos los militares de alto rango y que poco a poco vienen siendo cuestionados por violación de derechos humanos, estudiaron en esta siniestra escuela.

Así las cosas, la sistemática violación de los Derechos Humanos en el sur del Tolima, e incluso, en Colombia, no son simples “frutas podridas” como quiere hacer creer el gobierno nacional. Todo lo contrario. Es toda una política concebida e implementada desde la alta esfera del poder y desarrollada contra el pueblo inerme e inocente.

Gracias a la valentía, la conciencia de clase y la formación política que poco a poco fue asimilando el camarada Raúl Rojas González, podemos conocer una parte de esa cruda realidad en esta parte del Tolima y de Colombia. En su condición de diputado del Partido Comunista y la Unión Patriótica, Up, Rojas González denunció vejámenes del binomio militar – paramilitar, prácticas que siguen vigentes infortunadamente. Además, que el mismo Raúl Rojas González, su familia, su esposa y sus hijos fueron víctimas directamente de este régimen que todavía perdura en Colombia. Es vigente.

Presentamos una serie de testimonios y denuncias formuladas por el entonces diputado Comunista, testimonios y denuncias presentadas a organismos del orden nacional e internacional, pero también ante los entes militares y gubernamentales.

El esfuerzo está enfilado en ir rescatando la historia de los vencidos, historia que ha permanecido oculta, ignorada y tergiversada, pues siempre nos han enseñado la historia de los vencedores. Es decir, la versión acomodada de la clase dominante.

El 3 de junio de 1987, en su condición de diputado Comunista, denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá, una serie de hechos horripilantes presentados en distintas poblaciones, especialmente, del sur del Tolima:

“El 24 de diciembre de 1985, en el corregimiento de Herrera, municipio de Rioblanco, en la fuente de soda Las Vegas, un soldado del puesto militar hirió de tres tiros de fusil al agricultor José Arley Valencia Loaiza sin que se conozca investigación alguna. El dueño del negocio Gustavo Vanegas es testigo y Dora Lilia Valencia”.

“En el casco urbano de Rioblanco, en horas de la noche del sábado 30 de mayo de 1987, al pie del cementerio, Pablo E. Muñoz fue asesinado por una patrulla militar al mando del cabo del ejército de apellido Mora; hay varios testigos cuando el ejército lo llevaba detenido, entre ellos, Antonio Romero. A mediados del mes de mayo en horas de la noche en el cementerio del mismo pueblo, el agricultor Dagoberto Méndez apareció degollado; esto ha causado pánico en la población, porque varios ciudadanos vieron a tres soldados que lo llevaban hacia el cementerio”.

“El 10 de mayo de 1987, en la noche, en Rioblanco y en el corredor del negocio cantina de Cecilia Mosquera, fue asesinado un agricultor que se desconoce su nombre y herido Hermes Céspedes Cortés que fue recogido por sus amigos y llevado al hospital, pero antes de llegar fue alcanzado por los contraguerrilleros Norvey Ospina, Eduardo Ospina y lo acabaron de matar. Los Ospina son civiles que vienen patrullando con el ejército acantonado en este lugar perteneciente al batallón Caicedo de Chaparral”.

“En el Cambrín, a orillas del río Saldaña del municipio de Rioblanco, al amanecer el 13 de abril, Leonardo Valencia fue asesinado por un grupo de soldados y contraguerrilla en los cuales se encontraba Juan de Dios  Parra, alias juancho loipo”.

“En Berlín, municipio de Ataco (Tolima) el 11 de abril de 1987, cerca de 20 soldados y contraguerrilla, o sea, civiles a sueldo, entre ellos venía  Juan Ángel Parra, alias media luz, detuvieron a Henry Muñoz y a otro campesino que se desconoce su nombre. Henry después fue encontrado en el río Saldaña, amarrado con alambre y sin vida. De estos hechos puede declarar Erasmo Muñoz, tío de Henry y que ha manifestado dar nombres de los testigos, mientras que el otro agricultor continúa desaparecido”.

“En la Lindosa, municipio de Rioblanco, a mediados de noviembre de 1986, Raúl Vargas fue herido de varios tiros quedando inválido de por vida, por el sujeto José de Jesús Hernández y después se vinculó a trabajar en la contraguerrilla bajo sueldo de la Sexta Brigada con sede en Ibagué. De esos hechos puede certificar el mismo Raúl Vargas que se encuentra en Rioblanco. Isidro Vega también fue herido por una patrulla militar en el caserío  de la inspección de la Lindosa, hechos de los que puede certificar el inspector de policía, Teófilo Marín”.

“Del 10 al 20 de marzo en la casa residencia del doctor Hernando Cárdenas en horas de la noche le fue instalado un paquete de dinamita y un rollo de propaganda titulada: “rojo atá”, hechos atribuidos a militares, según testimonio del mismo doctor Cárdenas y que manifiesta declarar, testimonios de cómo es perseguido por el cabo del ejército de apellido Mora”.

“Del 25 al 29 de mayo de 1987, en la vereda El Limón, municipio de Chaparral (Tolima), una patrulla militar arbitrariamente se posesionó de la casa de Milciades Neira y se apoderaron de plátanos, yuca y otros frutos, lo mismo hicieron en la finca de Ignacio Montes y otros, dejando a varias familias sin cómo conseguir el mercado para el sustento de las familias. Igualmente, se comieron una marrana de Omar Velásquez  sin indemnizar su valor, causando grave daño a la familia”.

“En el Cruce de Maito, municipio de Chaparral, una patrulla militar hirió de cinco disparos en las piernas al agricultor Luis Armando Cárdenas sin justa causa, al conductor de bus de la empresa Coointrasur  Miguel Mendoza es testigo de los hechos”.

Ante la racha de violaciones de derechos humanos en el departamento del Tolima, especialmente en el sur, el diputado comunista Raúl Rojas González, presenta una proposición mediante la cual cita al secretario departamental de gobierno para que se pronuncie sobre el particular.

Dicha proposición fue presentada en noviembre de 1988, con el siguiente cuestionario:

1.       ¿Por quién y en qué condiciones se ejerce la autoridad civil en el departamento?

2.      Si es cierto que esta autoridad se ejerce, ¿Cómo puede demostrarse ante esta corporación y por ella a la opinión pública, que la reclama y no tiene respuesta?

3.      Explique a esta Corporación, ¿Por qué en el departamento la Sexta Brigada y el comando departamental de policía, pasaron por encima de la autoridad civil representada en los alcaldes municipales y gobernador departamental?

4.      Si hay pleno manejo de la sociedad civil por parte del gobierno departamental como lo establece la Constitución y las leyes, informe a esta Corporación y a la opinión pública, ¿Qué averiguaciones ha adelantado el gobierno departamental en las denuncias hechas al despacho del gobernador en varias oportunidades por los muchos asesinatos, desapariciones, torturas y amenazas a diferentes ciudadanos del Tolima como: Honorio Moreno en el año 1982, Jairo López en el año 1986, el señor Agudelo en el año 1987, Jairo Martínez Naranjo en el año 1987 en el municipio de Mariquita (Tolima); Demetrio Aldana, concejal y candidato a la alcaldía de Planadas (Tolima), Víctor Manuel Aroka, el 26 de febrero del año 1986 en Cielo Alto, municipio de Cunday (Tolima), William Varón Díaz, en octubre 30 de 1988, en el municipio de Honda (Tolima); Policarpo Prada, éstos entre muchos asesinatos que se conocen además de los desaparecidos entre ellos, Juan Bautista Marín Totena?

5.      Si la autoridad civil tiene el control sobre la autoridad militar para bien de la democracia y en defensa de ella, explíquele a esta Corporación y a la ciudadanía tolimense, especialmente al sector campesino del sur del Tolima, ¿Quién ordenó y en razón a qué fue desarrollado por la Sexta, Novena y Décima Brigada del ejército operativo militar, por el cual han tenido que salir campesinos desterrados unos y otros huyendo, por los malos tratos, amenazas  y control absoluto en los movimientos de las comunidades, por parte de los citados militares?

El primero de octubre de 1987, el diputado Comunista presentó una proposición, la cual fue aprobada por unanimidad y difundía ampliamente en los medios de comunicación, dirigida al señor gobernador, demandando un pronunciamiento frente a los nuevos hechos de violencia que sacudían una vez más el departamento del Tolima.

El texto fue el siguiente: “La asamblea departamental en uso de sus atribuciones legales aprueba: Ante la amenaza permanente a que viene siendo sometida la ciudadanía, sectores gremiales, políticos y demócratas, es preciso unirnos para protestar por el asesinato  del concejal Demetrio Aldana en Planadas, José Humberto Zuluaga en Ataco, el atentado terrorista en la librería El Zancudo, así como también los atentados y heridas al presidente del concejo de Chaparral, Pedro Luis Méndez, Uriel Montoya de Rovira, Humberto Quintero y Constantino Campo de Roncesvalles y desapariciones de Juan Bautista Marín Totena  de Rovira y Gabriel Alfonso Duarte del Líbano que después fue encontrado en el Totumo  en la vía Ibagué – Rovira, torturado y sin vida”.

“Estos hechos nos obligan a solicitar al señor gobernador, a la procuraduría departamental, adelante una severa investigación a fin de castigar a los responsables de estos hechos criminales”.

El 18 de octubre de 1989, firma una carta con los compañeros Reinaldo Silva, Alirio Quintero, Argemiro Hernández, Henry Salazar y Fernando Mayorga, la cual es dirigida a Beatriz Gómez de Pérez, secretaria departamental de gobierno, en los siguientes términos:

“De la manera más respetuosa nos permitimos informarle hechos violentos que han alterado el orden público en la región de las Hermosas, más exactamente en el Tequendama, jurisdicción de la Virginia y en la vereda El Cairo”.

“El sábado 7 del mes de octubre del presente, se llevó a cabo un encuentro entre los alcaldes de Chaparral y Tuluá (Valle), donde se firmó el convenio de la construcción del carreteable San José – Tuluá, habiéndose militarizado la zona dos días antes del encuentro como medidas de seguridad; el sábado 7 en horas de la noche sujetos armados con carabinas y pistolas, de civil y semi – encapuchados, incurrieron en la casa de la finca Perales, vereda Tequendama de propiedad del señor Uriel Sosa, intimidaron a las señoras del dueño de la finca y del mayordomo encerrándolas en una pieza con candado y golpearon brutalmente, casi de muerte, al mayordomo para que confesara donde se encontraba Uriel Sosa, luego abandonaron el lugar  apoderándose de la remesa de consumo de ésta, queso, productos de la finca, dinero y una escopeta de cápsula”.

“El día domingo 8 en horas de la mañana cuando bajaban en camilla al mayordomo de una cañada de la misma finca, le salieron al camino a Uriel y le gritaron alto quien venía adelante en una mula. Se asustó. Empezó a correr lo que le permitió poder escapar llevando consigo un niño en los brazos, a la esposa que venía más atrás  le dijeron que si llegaba a decir algo no respondían por su vida”.

“El señor Uriel quien informó, solicitó se le reserve su nombre, el lunes 9 en la finca La Esmeralda, en la ribera del río Amoyá, frente a la vereda El Cairo, llegaron presumiblemente los mismos sujetos a la casa del señor Víctor Manuel Ortiz a las 5:30 de la mañana segándole la vida a éste y a su hijo de 18 años de edad e hirieron a su esposa Adalgiza Munar y a su hija Erly, seguidamente faltando diez minutos para las seis de la mañana llegaron a la casa del secretario de la inspección de policía de San José de las Hermosas preguntando afanosamente por él quien minutos antes había salido al lugar de trabajo, le requisaron la casa y la esposa de él le insistía se identificaran dando como única respuesta que tenían que abandonar la región de lo contrario no respondían por su vida”.

“A su paso encontraron a la profesora de la escuela El Cairo, a la cual detuvieron y encañonaron e investigaron; según informe de los campesinos es un grupo de contraguerrilla que dirige el señor Carlos Cárdenas, quien estuvo en la región de las Hermosas en septiembre del año 1988, portando uniforme y prendas militares en compañía de otros elementos de reconocida trayectoria antisocial  como son: Jairo Romero, alias kairús, y Juvenal Orozco, también portando prendas y uniformes militares”.

“Estos sujetos portan una lista de personas de la región pertenecientes a diferentes grupos políticos e intimidan diciendo que deben abandonar la región de lo contrario se atengan a las consecuencias. Lo más preocupante es que manifiesta el individuo Carlos Cárdenas que va a hacer una limpieza similar a lo que años atrás hizo con los colonos del Magdalena Medio”.

“Según otros informes de este mismo sector, el día miércoles aparecieron en la vereda El Tequendama dos cadáveres, uno de nombre Efraín Quijano y el otro del municipio de San Antonio (Tolima) que se desconoce su nombre, dejándole sobre su cuerpo escritos que según informes dice: “Así se le paga a los auxiliadores de la guerrilla, (hijo de puta)”, firman como los magníficos”.

“Este grupo de asesinos aparece en el mismo momento que es militarizada la región, coincidiendo con la reunión que organiza el alcalde Maclovio Alvira el 5 de octubre y donde se orienta acumular dinero para sostener un grupo de elementos que próximamente traerán de Bogotá para hacer limpieza”.

“El campesinado viene organizando para abandonar la región como una medida de defender su vida y exigen a las autoridades civiles y militares el retiro, captura y castigo de los asesinos”.

El diputado Rojas González se mueve en una región convulsionada por el terrorismo de Estado que no da tregua. Es el desalmado genocidio contra el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Una cacería inhumana única en su género en el mundo. Es tal la brutalidad que algunos medios masivos de comunicación tímidamente registran entre líneas hechos de esta naturaleza. El Tiempo de febrero 24 de 1991 – por ejemplo – da a conocer el brutal asesinato  de toda una familia de la Up en esta parte del país.

Dice la crónica bajo el subtítulo: “Siete muertos en ataque paramilitar” y el título a dos columnas: “Masacrada familia de la Up”: “Ocho militantes de la Unión Patriótica (Up) fueron asesinados en la noche del viernes en dos acciones cometidas en los departamentos de Tolima y Meta”.

“El primer caso ocurrió en la inspección de policía de Montoso – a dos horas por carretera destapada del municipio de Prado – cuando un grupo de paramilitar masacró a una familia que pertenecía al movimiento de izquierda”.

“Unos treinta hombres vestidos de civil irrumpieron en la casa de la familia Camacho Vásquez cuando estos observaban por televisión el partido entre América y Nacional”.

“Los asesinaron con disparos de fusil y cortes de machete. Entre los muertos hay una niña de tres años, mientras que otro niño de brazos está desaparecido”.

“Informaciones conocidas en Ibagué, en Prado y Purificación – poblaciones vecinas al lugar donde ocurrieron los hechos – coinciden en afirmar que los autores pertenecen a un grupo paramilitar”.

“Dirigentes de la Up en Ibagué, entre ellos el abogado Jairo Espinosa, del comando departamental  y el ex diputado Alonso Núñez, afirmaron que por las características e indicios del múltiple homicidio no hay dudas en señalar a un grupo paramilitar que opera en la región como “los autores del hecho”.

“Entre los muertos figura la concejal Rosalba Camacho, de 60 años, veterana dirigente del Partido Comunista y vinculada a la Up desde cuando fue creada la agrupación”.

“Además de Camacho, fueron asesinados Martín Vásquez, 62 años, Elizabeth Vásquez, 28; Josefina Vásquez 24; Jairo Vásquez, 18; y dos menores”.

“La inspección de Montoso ha sido escenario en los últimos años de hechos violentos. El dirigente Rodolfo Basurto fue asesinado hace pocos meses y lo mismo ocurrió con el inspector de la localidad Manuel Cubillos”.

“En la región, el ejército mantiene un puesto que controla el paso de campesinos hacia la Uribe. Montoso es un sitio estratégico para el desplazamiento de los insurgentes, por lo que hay permanentes requisas que son motivo de cuestionamientos por parte de la Up”.

“En la asamblea del Tolima la Up se han promovido debates en tal sentido para exigir el retiro del ejército”.

“Por su parte el alcalde de Prado, Luis Carlos Hoyos, dijo que con esta masacre y por encontrarse entre las víctimas la dirigente Rosalba Camacho se crea una nueva situación de peligrosa intranquilidad en la región”.

“Sobre los hechos en el Meta se informó que el ex concejal de Fuente de Oro por la Up, Victoriano Torres, de 49 años, fue asesinado por desconocidos que lo interceptaron cuando se dirigía a su residencia en una zona rural del municipio de Cubarral. La víctima recibió varios tiros en el cráneo y el tórax”.

“Según información suministrada por la policía, el líder político recibió siete impactos con pistola calibre 9 milímetros cuando transitaba por la vereda La Luna, jurisdicción de Fuente de Oro, por la vía que conduce a Puerto Limón”.

Un nuevo documento firma el diputado comunista, lo mismo que líderes comunales y populares del Tolima. Éste va dirigido al doctor Ramiro Lozano Neira, gobernador del Tolima; al doctor Rubén Darío Rodríguez Góngora, alcalde popular de Ibagué; al arzobispo arquidiócesis de Ibagué y a las fuerzas armadas del departamento.

El texto es el siguiente:

“Los comuneros y juntas de acción comunal de la región del cañón de Cocora y habitantes del sector de Laureles corregimiento de Ibagué, nos permitimos hacerles llegar a ustedes, con todo respeto  y con el fin de que se hagan los correctivos del caso, en la mayor brevedad posible la siguiente carta abierta:”

1.       “El día 11 de marzo del año en curso en la vereda Laguneta de propiedad del señor Juan de Dios Botero, fue asesinado vilmente el menor de nombre Gustavo Humberto Marroquín Iglesias, de tan solo ocho años de edad, de mano de las fuerzas armadas de Colombia (ejército nacional), hechos que denunciamos oportunamente ante la Procuraduría, Fiscalía, Ministro de Defensa y Defensoría del Pueblo, sin que hasta la presente se halla obtenido resultado alguno, en cuanto a la muerte del menor se refiere”.

2.      “No contento con esto, los días 13 y 14 del mes y año en curso, y en la finca La Esmeralda de propiedad del señor José Medina se presentó un grupo sin determinar el número de personas portando armas de gran potencia y con el rostro cubierto con capuchones tejidos en lana, los cuales dejan ver solo los ojos y la boca similares a los del ejército colombiano, cometiendo toda clase de abusos empezando por destruir la remeza existente en la alacena del mencionado señor, al igual que sacrificaron cuatro aves de corral aduciendo  que tenían hambre  y que debían darles de comer a toda costa, pero es más triste y difícil de comprender y entender que ante la negativa del señor Medina fue asesinado su mayordomo de nombre José Oliver Morales, de un tiro en el dorso derecho de su cuerpo muriendo lentamente y sin poderle prestar ayuda como quiera que los demás allí presentes y pertenecientes a la finca fueron encañonados, ultrajados física y moralmente, y como si fuera poco encerrados en compañía del difunto en una de las piezas que hacen parte de la casa de habitación de la mencionada finca; también procedieron a dejarlos una vez iniciaron su retirada bajo llave manifestando que el próximo sería don José Medina. Es de anotar que de los alimentos en mención una vez cocinados por parte de ellos ante la negativa de los propietarios de la finca fueron dejados sin consumir, o sea, que solo querían era intimidar y crear desorden”.

3.      “Esto no es todo, ya que con antelación a lo anterior, arrimaron a las fincas como la propiedad del señor Peña y a patadas y culatazos le abrieron las puertas y ventanas, penetrando de esta manera a las piezas que conforman la casa de habitación de dicha finca, destruyendo todo cuanto revisaban a su paso. En la finca Waterloo de propiedad de la familia Santa María incursionaron de la misma forma de improperios y abusos y después de intimidar procedieron a llevarse un radio transistor y $30 mil pesos en efectivo que se encontraba en el cajón del nochero de propiedad del administrador de la finca”.

4.      “Que como representantes auténticos de las comunidades de este Cañón, nos vemos abocados a hacer dicha denuncia ante ustedes con el fin de que se investigue o esclarezcan los hechos, y la hacemos más precisamente ante usted señor gobernador, ya que desde que usted tomó posesión de la gobernación del Tolima, ha demostrado el interés de conservar la paz y la armonía de los habitantes de nuestro querido Tolima. Denuncia que no solo le presentamos ante ustedes, sino que estamos dispuestos a hacerla pública ya que continúa los hostigamientos por parte de estos elementos, ya que sin lugar a dudas  y sin ir a equivocarnos, pertenecen a las fuerzas armadas de Colombia, afirmación ésta que hacemos ya que no existe incursión guerrillera”.

“Señor Gobernador, el Cañón de Cocora es una región que a decir verdad hace ya unos años goza de paz como usted lo puede apreciar en sus anales delictivos que se lleva como estadística en la gobernación, pero que como muy seguramente que con estas incursiones del ejército nacional se verá perturbada, ya que la gente se cansa de ver que no tiene el respaldo ni siquiera de aquellos que dicen ser los defensores de nuestra querida patria”.

5.      “Queremos anotar o hacer notar que el asesinato del menor en mención fue dos días antes de las elecciones parlamentarias y los hechos posteriores, cuatro días antes de la segunda vuelta presidencial”.

6.      “La anterior carta la  hacemos tanto como representantes de la comunidad, como los habitantes afectados de este Cañón de Cocora, ya que condenamos la actitud vil como vienen operando las fuerzas armadas y solicitamos su retiro de inmediato de la región, para evitar con esto que los moradores de la región sean los primeros en abandonar el campo por el hostigamiento a que han venido siendo sometidos por los antes mencionados. Señor gobernador y demás: El campo tolimense está siendo abandonado porque se le ha hecho caso omiso a denuncias que como esta  se han venido presentando constantemente por el temor a ser la próxima víctima. Por la atención que se le preste a la presente nos suscribimos”.

Tenebroso estatuto de seguridad de Turbay Ayala

El tenebroso estatuto de seguridad del triste célebre ex presidente Julio Cesar Turbay Ayala y su ministro “estrella” de seguridad, Luis Carlos Camacho Leiva, dejó en los tolimenses profundo dolor por los horrendos crímenes y abuso de autoridad de los militares contra la inerme población civil, tanto en el departamento como en el país. Allanamientos sin orden judicial, desapariciones forzadas, torturas infames, asesinatos crueles y masacres horripilantes, se vivieron durante este oscuro y vergonzoso período histórico de Colombia.

A pesar de la elevada marea, Comunistas y demócratas dieron la batalla por la defensa de los Derechos Humanos y la libertad pagando un elevado precio que la historia habrá de reconocerles en su debido tiempo. Mientras los hechos más escabrosos sucedían en campos y ciudades, el mandatario cínicamente decía en el exterior que “el único preso político en Colombia era él”.

El 4 y 5 de febrero de 1979, Ibagué fue sede del XXXIII encuentro de delegados de la federación nacional de cafeteros de Colombia (Sintrafec), con la asistencia de cien delegados de diferentes municipios del país, celebrando esta organización sus veinte años de vida.

Los periodistas del Tolima reunidos en asamblea departamental hacen un enérgico pronunciamiento contra el represivo estatuto de seguridad de Turbay y Luis Carlos Camacho Leiva, en febrero de 1979, lo que refleja la grave situación que vive el departamento con la implementación de este esperpento jurídico.

Pero allí no para la cosa, porque 28 personalidades del departamento se reúnen el 12 de febrero de 1979 en Ibagué, con el objeto de definir la realización de un foro departamental para analizar la situación de los Derechos Humanos en la región. Deciden el 14 de febrero llevar a cabo rueda de prensa y audiencia con el gobernador y los comandantes de la fuerza pública, para exponer los malos tratos de que vienen siendo objeto cincuenta presos políticos recluidos en el batallón Jaime Roock, lo mismo que una visita al penal con el director de la Cruz Roja para constatar las denuncias formuladas.

Hacen parte de esta comisión, entre otros, las siguientes personalidades: Abogados: Carlos Lozano Agudelo, Eusebio Galindo López, Simón de la Pava Salazar, Álvaro Hernández, Jairo Rivera, Guillermo Caballero Farfán, Rafael Aguja Sanabria, Gabriel Anchique; el médico Alfonso Cabrera, dirigente de la Anapo.

El comité de Derechos Humanos así constituida denuncia la serie de atropellos a que son sometidos los presos políticos hacinados en las cárceles del régimen, incluyendo la tortura permanente. Los mismos funcionarios del batallón Jaime Roock reconocen a regañadientes que 38 ciudadanos se encuentran detenidos en sus dependencias, según el semanario Voz Proletaria  del 22 al 28 de febrero de 1979, página 1.

Este comité se constituyó oficialmente el jueves 16 de febrero de 1979, en la asamblea departamental con la presencia nutrida de personalidades democráticas, líderes populares, dirigentes de izquierda, en cabeza del camarada Raúl Rojas González y víctimas del terrorismo de Estado en el Tolima.

El acto fue coordinado por el líder anapista Alfonso Cabrera e intervinieron, el jurista liberal de gran prestigio, Eusebio Galindo López, ex procurador del Tolima, lo mismo que el doctor Carlos Lozano Agudelo, prestante abogado liberal, que leyó la declaración de principios  del comité departamental.

Esta fue una densa e importante pieza jurídica – política que fijaba como propósitos, entre otros, la acción por la vigencia plena del artículo 26 de la constitución nacional. También intervino Teodosio Varela, a nombre de la asociación de juristas demócratas y denuncias sobre las torturas y demás anomalías cometidas por el ejército adscrito al batallón Jaime Roock contra labriegos de Cajamarca y de las veredas de Santa Helena, Dinamarca y Alto Chilí en el municipio de Roncesvalles, también a la profesora Rosalba González y el propio párroco de Santa Helena, Norbey Betancourt.

El abogado Camilo González Pacheco, fustigó de manera sectaria y divisionista a los miembros del comité pro – Derechos Humanos, lo que fue rechazado por los asistentes. El evento fue clausurado por el abogado y escritor Álvaro Hernández, quien presentó el comité oficialmente: Simón de la Pava Salazar, Carlos Lozano Agudelo, Eusebio Galindo López, Álvaro Hernández, Guillermo Caballero Farfán, Gabriel Anchique, Rafael Aguja Sanabria, Alfonso Cabrera y Genel Fernández, según el periódico Voz Proletaria del 22 de febrero de 1979, página 5.

Mientras esto sucede, se conoce el 3 de marzo del mismo año, de la detención del compañero Saúl Cubillos, odontólogo y conocido activista del Partido Comunista y la Unión Nacional de Oposición (Uno), en el municipio de Icononzo (Tolima), por parte de los militares, que entran violentamente a su casa y a pesar de no encontrar nada en su interior, lo detienen y es llevado al cuartel sindicado de subversivo, siendo trasladado de inmediato a Melgar; allí comunica a una comisión integrada por el vicepresidente del concejo de Icononzo que será trasladado a la ciudad de Ibagué inmediatamente, sin presentar un solo argumento sólido.

El 14 de febrero de 1979, 38 sacerdotes del Tolima envían una misiva al presidente de la república, para informar una serie de torturas, atropellos y detenciones arbitrarias que vienen haciendo los militares en el departamento.

Apartes del texto son los siguientes:

“En el municipio de Roncesvalles, el 5 de febrero de 1979, hacia el mediodía, en la plaza de la inspección de policía de Santa Helena, municipio de Roncesvalles, el capitán José Rey Mantilla y un teniente de apellido Martínez, quienes comandaban una patrulla del ejército del batallón Jaime Roock, agredieron arbitrariamente de palabras y hechos (culatazos, chuzones, empujones, puños) al padre Norbey Betancourt, párroco de la localidad, aún después de haberse identificado como tal ante los militares citados. En el mismo lugar, un grupo de campesinos  con su maestra, recibió un trato peor, al ser torturados física y psicológicamente”.

Firman la denuncia, entre otros, los siguientes religiosos: Amado Sogamoso, párroco de Rovira; Luis Armando Mejía, Luis Efraín Amador; Arnulfo Pinilla, párroco del barrio Yuldaima de Ibagué;  Jorge Vásquez, de Coello; Jeremías Vargas, capellán de bachillerato y del conservatorio de música del Tolima; Sebastián Garzón, de Santa Helena del municipio de Roncesvalles; Oscar Patiño, Libardo Jaramillo, sacerdotes de la catedral de Ibagué; Camilo Torres, José Ramón Rocha, Alfonso Giraldo, de Padua; Marco  Fidel Suárez, de Cajamarca; Aurelio Yáñez, Payandé; Augusto Osorio, Francisco Ramírez, de Junín y San Rafael; Luis Gilberto Salive, canciller del arzobispado; Jaime Mejía, Álvaro Reyes, Oscar Rebelión, Jorge Chacón y Francisco Salamanca, según el semanario Voz Proletaria de febrero 22 de 1979, página 5.

En octubre de 1988, se conoce la relación de más campesinos asesinados por parte de los militares. El listado es el siguiente:

El 8 de diciembre de 1986, unidades militares de la décima Brigada, llega a la inspección de la colonia, jurisdicción del municipio de Villarrica, donde se celebraba una fiesta campesina y disparan indiscriminadamente, matando a varios campesinos y dejando varios heridos.

El 26 de febrero del mismo año, es asesinado Víctor Manuel Aroka en la localidad de Cunday por una patrulla militar de la décima Brigada al mando del mayor Pizarro. El 10 de mayo, el contraguerrilla Medardo Ortiz, asesina a Dúber Garzón en la vereda el Paujil. El 18 de enero de 1987, es asesinado Didier Guaraca por un grupo de contraguerrilla en la vereda La Estrella del municipio de Ataco.

En febrero de 1987, Villarrica es militarizada por orden del mayor Hugo Molano. El 16 de febrero del mismo año, es asesinado Gener Avilés por una patrulla militar en el municipio de Planadas. El 19 de febrero de ese año, José Manuel Panches es obligado por unidades militares de la décima Brigada a construir su propia fosa, a cargar por largo tiempo un pesado equipo militar y a coger con la boca una granada MK2, en Villarrica.

El 5 de marzo de 1987, el concejal de Chaparral y diputado del Tolima, Raúl Rojas González, es nuevamente amenazado de muerte. El 10 de marzo del mismo año, es dinamitada la residencia del concejal Demetrio Aldana por paramilitares en el municipio de Planadas, los cuales una vez cometido el hecho llegaron al batallón Caicedo con sede en Chaparral, según seguimiento que adelantaron compañeros del afectado.

El 18 de marzo de 1987, la compañera Elvira Rico Cardozo de Purificación, fue detenida a las 11 de la mañana por unidades militares, obligada a subir a un Renault azul, y llevada al corregimiento de Castilla, municipio de Coyaima, después a los municipios de Guamo, Saldaña, Espinal y luego, nuevamente al municipio de Purificación, haciéndole averiguaciones sobre la guerrilla y dejando sobres de papel manila por debajo de la puerta de ciertas residencias sin poder saber el contenido de éstas.

El 30 de octubre de 1990, es desaparecido el concejal de la Unión Patriótica (Up), José Migdonio Núñez en la vereda Llano de la virgen municipio de Coello. El 3 de marzo de 1991, es asesinado Walter Rojas Campos, hijo de Raúl Rojas y María Oliva Campos, en el perímetro urbano del municipio de Chaparral de 5 disparos de pistola 9 milímetros, por Miller Castañeda al mando del batallón Caicedo con sede en este municipio.

El 17 de abril de 1991, son asesinados José Joaquín Conde y Uldarico Ñústes por militares, en el cruce de las carreteras  de Rionegro y San Andrés a un kilómetro del puesto militar  de San Andrés, municipio de Dolores. En octubre de 1993, es asesinado José Edgar Leytón. El 21 de junio de 1990, es asesinado Vladimir Cely de varias puñaladas en Ibagué.

El 19 de julio de 1989, se produce diversos allanamientos en la ciudad de Ibagué contra compañeros trabajadores de cemento Diamante, entre ellos: Álvaro Perdomo y cuatro compañeros más, por el simple hecho de hacer campaña a favor de la Unión Patriótica. La persecución política se da prioritariamente en zonas de influencia del Partido Comunista y la Unión Patriótica, exactamente en los municipios de Dolores, Prado, Villarrica, Coyaima, Natagaima, Ortega, Rovira, Planadas, Lérida, Armero, Mariquita, etc.

La guerra sucia se da con métodos brutales, fascistas que incluye la tortura física, psicológica y la eliminación física de los compañeros y campesinos de bien. La mayoría de estas fechorías quedan en el anonimato porque las víctimas y los familiares temen denunciar, según documento fechado el 19 de julio de 1989.

El 21 de junio de 1985, Jaime Garrido Leal, hace llegar una carta al Procurador Regional en la que denuncia la detención de varios ciudadanos por la Sijin, algunos de los cuales fueron golpeados salvajemente; pide investigación y libertad inmediata de todos los detenidos. Apartes de la carta son las siguientes:

“El pasado 20 de junio, fueron detenidos los jóvenes: Heber Enrique Penagos, José Hugo Varón, Rubén García, Jhon Edward Hernández y Boris Julián Forero, los cuales fueron trasladados a las dependencias de la Sijin para efectos de la investigación”.

“El mismo 20 de junio, fui detenido junto a Alfonso Aguirre y José A. Zamora, cuando realizábamos una brigada de difusión del semanario Voz, órgano oficial del Partido Comunista Colombiano, respaldados por el correspondiente permiso, según oficio número 339 de la secretaría de gobierno municipal a cargo del señor doctor Simón Herrán Méndez, y estando detenido en el patio del comando de policía pude ver el rostro del menor Jhon Edward Hernández, señales de haber recibido un golpe en la vista y Rubén García tenía un golpe en la parte frontal, los tres restantes, aunque aparentemente no tenían golpes, pude conocer que también habían sido golpeados”.

“Los mencionados jóvenes hoy se encuentran detenidos en el penal de esta ciudad y en las próximas horas serán puestos a disposición de los juzgados primero y segundo penal del circuito, sindicados de subversivos por la Sijin”.

El 18 de mayo de 2004, en el municipio de Purificación nuevamente los militares se ensañan contra la población civil, en esta oportunidad contra una humilde y desamparada familia. Ante los organismos nacionales e internacionales defensores de los Derechos Humanos, Luis Enrique Celemín, presenta la queja. Apartes del texto son los siguientes:

“El día lunes 10 de mayo de 2004, a las cinco de la mañana, una escuadra militar integrada por trece hombres de la Brigada móvil No. 8, al mando del cabo Polo, ingresaron de manera ilegal, en estado de embriaguez, sin orden de allanamiento, ni identificación, a la vivienda del señor Angelmiro Romero Cruz, ubicada en la vereda de Aguas Negras del municipio de Purificación (Tolima), atemorizando con sus armas e insolencias a los integrantes del núcleo familiar conformado por don Angelmiro Romero Cruz, la señora Arsened Celemín, dos hijos y una nieta de ocho años”.

“Esta escuadra militar irrumpió en la casa preguntando con palabras groseras y sin el más mínimo asomo de decencia y decoro con quienes estaban durmiendo en la citada vivienda. Al ver estos hombres con actitudes violentas y arrogantes, en estado de embriaguez, blandiendo armas, la señora Arsened que sufre problemas nerviosos, se asustó creyendo que eran hombres con malas intenciones y salió a toda prisa, a lo cual, seis soldados salieron detrás de ella en actitud agresiva, con sus armas en posición de combate, siendo interceptada a unos metros de la vivienda y sometida a vejámenes, como puños, puntapiés, golpes de culata de fusil y palabras soeces, lo mismo que le pusieron en la boca la trompetilla de un fusil e hicieron disparos al aire y contra ella. Luego fue arrastrada hasta la casa mientras los soldados se expresaban de ella con palabras de grueso calibre”.

“Como consecuencia de esta paliza y vejámenes a la cual fue sometida la señora Arsened Celemín, ésta fue afectada en la cabeza, la espalda y la cadera con heridas abiertas, laceraciones graves y hematomas, sin tener en cuenta las repercusiones internas tanto orgánicas como psíquicas que le puedan producir esta violación flagrante a los mínimos derechos del ser humano y más una señora que merece respeto y consideración”.

“La reacción de su señor esposo, sus dos hijos y la nieta al observar los desmanes de la tropa, fue la de tratar de bajarle el tono a la agresión impartida por estos soldados integrantes de esta Brigada móvil No. 8. La actitud asumida por el cabo Polo fue la de tratar de contener a sus hombres, advirtiéndoles a los seis soldados que habían ocasionado los hechos en cuestión, que se moderaran, y que si hubiera pasado algo más delicado como la muerte de la señora, el problema aún sería más grave”.

“En el transcurso de quince minutos empezaron a llegar más integrantes de la fuerza pública, como reacción a los disparos ejecutados por la escuadra militar, pera intentar detener a la señora afectada”.

“Posteriormente, los soldados que participaron en el hecho, trataron de darle disculpas a la señora objeto del abuso, lo mismo que proporcionarle analgésicos y luego se retiraron. Finalmente, en compañía de dos hijos y una hermana, la señora Arsened Celemín buscó atención inmediata en el casco urbano del municipio de Prado (Tolima), como también la posibilidad de entablar las respectivas demandas, no sin antes ser detenida con miles de obstáculos en el sector urbano de Montoso, por parte de la fuerza pública acantonada en el lugar”.

“En la actualidad, la señora Arsened se encuentra recibiendo cuidados médicos y realizándose exámenes rigurosos en la ciudad de Santafé de Bogotá”.

“En consecuencia, solicito a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía General de la Nación, organismos defensores de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, y demás autoridades civiles y militares sanción ejemplar inmediata para estos violadores de los Derechos Humanos, infractores de todos los convenios, protocolos y acuerdos internacionales en materia humanitaria, a su vez plenas garantías de respeto por la vida y la integridad física de mi familia y la mía propia”.

La violencia militarista contra el pueblo no para en el departamento de Tolima. El 16 de enero de 1989, el Representante a la Cámara, el Comunista Rafael Cely Cely, le hace llegar una carta al entonces gobernador Germán Huertas Combariza, solicitándole que actúe ante tanta barbarie. El texto es el siguiente:

“Atentamente, le recordamos de nuestra preocupación que le expresamos verbalmente y por escrito desde el 3 de los corrientes  y luego el 12 de los mismos, con motivo de la detención sin causa de los ciudadanos Luis Fernando Bayer Mejía y Oliverio Peña, desde el 17 de octubre último pasado, detenciones por espacio de 3 meses sin ningún delito cometido según información escrita de la Sexta Brigada, se encuentran patrullando lejos de Ibagué, sin estar prestando el servicio militar obligatorio ni contratado, luego se trata de una detención ilegal que el señor gobernador ordenará la libertad inmediata”.

“La señora Margarita Mejía de Bayer, el 3 de los corrientes le dejó en su despacho un documento solicitando su intervención para que la libertad de Luis Fernando Bayer Mejía y Oliverio Peña Ávila y nos dejó una copia a la Unión Patriótica, sin saber hasta la fecha cual ha sido el resultado de su gestión, continuando la detención ilegal de los ciudadanos en mención”.

“Es de conocimiento público que el 31 de diciembre último fue asesinado en las Hermosas municipio de Chaparral, Baldomero Quintero; el 2 de enero del año en curso fue asesinado en el barrio Boquerón de Ibagué, Juan de Dios Arias; el 30 de diciembre  fue detectado y desaparecido en la carretera de Ataco a Santiago Pérez, el concejal de Lejanías (Meta), Isaac Giraldo y al amanecer del 15 de enero por el camino de la vereda Malabar y el casco urbano de Mariquita fue asesinado de once disparos el campesino Audicel Guerra”.

“Ante esta ola de asesinatos le solicitamos al señor gobernador del Tolima el nombramiento de los investigadores y el castigo ejemplar a los responsables, para evitar la impunidad y que el departamento y el país se consuman en un charco de sangre”.

El mismo dirigente Comunista Rafael Cely Cely, desde Quito (Ecuador), le hace llegar el 27 de abril de 1994, una carta a la señora Susan Lee, funcionaria de Amnistía Internacional con sede en Londres (Inglaterra), colocándola al tanto de nuevos y dolorosos desafueros de la fuerza pública. Apartes de la carta son los siguientes:

“Solicito su oportuna y valiosa colaboración para que fuera asumida presa de conciencia la señora Melba Marulanda de Cely, detenida en Ibagué (Tolima) (Colombia), el 21 de septiembre de 1993 con expediente 18637, trasladada al Buen Pastor de Santafé de Bogotá a partir del 18 de marzo del año en curso”.

“De todas maneras espero confirmación de haber recibido dichos documentos en mención y posibles planteamientos y soluciones o aceptación de las solicitudes formuladas, ya que dicha señora y muchas personas más siguen detenidas sin acusación valedera, pretenden decretar “Estado de Conmoción” para justificar continuación política revanchista antipopular del gobierno de Colombia y encubrir su compromiso con los carteles de la droga y narcotráfico en las llamadas  negociaciones y colaboración, absuelven a los delincuentes y permanecen privados de la libertad el pueblo inocente e indefenso”.

“Además me propongo solicitarle a Amnistía Internacional se adelante investigación por la desaparición y asesinato del activista de los Derechos Humanos, Otoniel Casilimas Cantor, quien viviendo en Ibagué (Tolima), se trasladó al municipio de Tocaima, departamento de Cundinamarca, el 14 de enero de 1994, a las 2 de la madrugada, lo capturaron entrando a su residencia  de Tocaima en dos vehículos oficiales con otro compañero de Otoniel Casilimas Cantor, aparecieron torturados y asesinados por la carretera a Santafé de Bogotá entre Apulo y la Mesa, con los antecedentes de haber notificado a la compañera de Casilimas para que se presentara a una oficina de los servicios secretos en Ibagué bajo amenazas y amedrentamiento, pidiera información sobre la dirección de la casa en Tocaima donde se encontraba Otoniel Casilimas Cantor, pocos días después practicaron operativo, capturando, desapareciendo, torturando y asesinando al activista de los Derechos Humanos Otoniel Casilimas Cantor y su compañero Jorge Quintero”.

“La compañera de Casilimas Cantor, empleada de la secretaría de Hacienda de la gobernación del Tolima, de nombre Celinda Encina, deberá ser investigada para que suministre las informaciones y pormenores que ayuden a encontrar los antecedentes, allanamientos a su residencia, seguimiento y cita final para arrancarle la dirección donde se encontraban las mencionadas víctimas, por parte de los servicios secretos del gobierno de Colombia, pretendiendo que no se queden impune estos nuevos crímenes”.

La persecución contra miembros del Partido Comunista y la Unión Patriótica se intensifica en todo el departamento. No hay pausa. El plan exterminio sigue su curso inexorable. El 6 de octubre de 1988, el docente Oscar Ortiz Quintero del municipio de Honda (Tolima), dirige comunicación al Procurador Regional de este municipio con copia al sindicato de maestros del Tolima (Simatol) y a la coordinadora del magisterio de Honda, en la cual denuncia atropellos y sindicaciones por parte de unidades militares del batallón Patriota. Apartes de la misiva son los siguientes:

“El motivo de la presente es poner a su consideración una serie de hechos que se vienen sucediendo a través del tiempo. Yo trabajaba en el batallón Patriotas, en la alfabetización, nombrado por la sección de adultos de la secretaría de educación del Tolima. Mi actividad consistía en coordinar a los estudiantes del grado once de los colegios de Honda, que iban a darle clases a los soldados”.

“Estando trabajando en una época, me manda a llamar el comandante del B2 de esa entidad, el capitán Jairo Rodríguez y me dijo que yo era un infiltrado allí, y que andaba hablando mal del ejército, a lo cual yo le respondo, que eso era mentira y que yo no era amigo de los chismes”.

“Posteriormente me llama a la misma oficina del B2 y me dicen que colabore con ellos llevando información, a lo cual yo le respondo que no tengo ninguna información que darles”.

“Tiempo después me llamó el mayor Bermúdez y me dice que yo soy un Comunista y que estoy infiltrado en el batallón, que a partir de ese momento no podía volver a entrar allí; yo le respondo que tengo un nombramiento y un jefe, al cual se le debía comunicar esto, entonces llamó al director de núcleo educativo señor José Octalivar Rodríguez y él habla con el mayor Bermúdez y sigo laborando”.

“En el año de 1987, me manda a llamar el mayor Bermúdez, que estaba encargado del batallón y me notifica que a partir de ese momento no puedo volver a entrar al batallón, argumentando que yo estoy hablando  mal de ellos y es así como no vuelvo”.

“El sábado primero de octubre, en horas de la noche, me encontraba en el salón de billar denominado La 21 de propiedad del señor Nelson Ospina, estaba con el señor José Octalivar Rodríguez director de núcleo, jugando un chico de billar, en las otras mesas había otras personas. Cuando llegó el sargento Segundo, Rodríguez Lozano Rafael, perteneciente al batallón Patriota de Honda, al verlo lo saludo, diciéndole buenas noches mi sargento, luego le presento al director del núcleo y lo invito a que se tome una cerveza, luego dijo que si se podía sentar cerca de la mesa de billar, a lo cual respondimos que no había problemas”.

“Estando sentado empezó a hacer comentarios del juego y luego dijo: “A los Comunistas hay que matarlos”, luego dirigiéndoseme a mí me dijo: “Usted es Comunista”. Después de repetir las últimas palabras varias veces, yo le respondo: “Hágame el favor y me respeta, si lo mandaron a hacer inteligencia olvídese”.

“Luego dice: “Yo soy liberal y me voy para el bingo del Alto, hay que ayudarle a los conservadores, usted no va porque es Comunista y dirigiéndose al director de núcleo, le preguntó: “¿Usted qué política tiene?”, luego se va para el fondo del salón y yo enseguida le hablo duro a todos los que allí se encontraban, diciendo: “El señor es sargento del ejército, yo soy maestro y sindicalista; si algo me llega a suceder, él es el responsable ya que me acaba de amenazar”.

“Terminamos el juego de billar y nos sentamos con José Octalivar Rodríguez a tomarnos unas cervezas y el sargento se va; me paro y voy hacia una mesa de billarpool y le comento a uno de los señores que allí hay, que cómo le parece lo del sargento; es cuando vuelve a entrar y acercándoseme me dijo: “Si es que a mí me toca matarlo a usted lo mato”. Enseguida vuelvo y le levantó la voz y lo denuncio de nuevo”.

“Señor Procurador: Mi dirección es manzana 12, casa 15 barrio Chicó. Al señor José Octalivar Rodríguez lo pueden encontrar en la dirección del núcleo educativo. El propósito es que se esclarezcan estos hechos lo más pronto posible”.

Es apenas un resumen corto de la situación de los Derechos Humanos en el departamento del Tolima. Algunas denuncias que comunidades y líderes populares valientemente se han atrevido a contar parte, colocando en evidencia la criminalidad del militarismo en alianza directa con el paramilitarismo, con la financiación de gamonales y terratenientes en desarrollo del terrorismo de Estado del régimen capitalista. Es una terrible práctica de Estado y no simples hechos aislados, como suelen decir el gobierno y los mismos altos mandos militares.  

Resulta imposible registrar en su totalidad los hechos aberrantes que han cometido y siguen cometiendo las fuerzas armadas al amparo de la denominada “seguridad democrática” del triste célebre Álvaro Uribe Vélez y los gobiernos siguientes, naturalmente con la dirección directa de los Estados Unidos.

Las palabras del doctor Jorge Eliécer Gaitán Ayala, no pierde vigencia: “El Gobierno Nacional tiene la metralla homicida para los colombianos y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”.

En la inexorable lucha de clases, lucha tan desigual, conmovedora y dramática, los Comunistas no renuncian a la denuncia y a predicar la unidad, organización y acción de las masas. Les asiste un espíritu optimista de que otro país sí es posible, teniendo en cuenta que los tiranos son efímeros y los pueblos eternos. La paz con justicia social es el camino. No hay otra alternativa.