Por Agamenón
El Gobierno Nacional que preside el señor Iván Duque Márquez, en un esfuerzo desesperado por taparle la boca al paramilitar Dairo Antonio Úrsula, alias Otoniel, movió cielo y tierra para lograr su extradición a los Estados Unidos y de esta manera neutralizar el “ventilador” que comenzaba a agitar el citado criminal.
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se rindieron ante la presión seguramente asfixiante del mandadero del narcotraficante número 82, según la CIA, Álvaro Uribe Vélez.
Según trascendió, alias Otoniel, estaba interesado en acogerse a la Jurisdicción Especial para Paz (JEP), con el compromiso de contar la verdad. Al parecer, el Gobierno Nacional, Uribe Vélez, políticos, empresarios, etc, saldrían salpicados con sus declaraciones, razón por la cual hicieron causa común para que fuera extraditado.
Lo mismo hizo Álvaro Uribe Vélez con sus compinches paramilitares, los extraditó para que no cantaran y dijeran la estrecha relación entre el entonces presidente y la mafia colombiana.
Iván Duque Márquez engaña a las víctimas de alias Otoniel, cuando dice que el capo regresará al país a responder por sus crímenes de lesa humanidad. Difícilmente, lo podría hacer.
Cobra vigencia lo dicho por el comandante fariano, Manuel Marulanda Vélez: “La mafia termina eliminándose entre sí”.
De por sí, la extradición es una vergüenza. Es la pérdida de la soberanía nacional. Es tanto como decirle al vecino que castigue el hijo porque éste resulta incapaz. Es la fiel estampa del neocolonialismo.
Es más: Todo indicaría que este mafioso fue traicionado por su socio el gobierno, toda vez que el supuesto operativo para detenerlo fue un montaje, un show mediático. Al parecer fue algo acordado.
Una vez más se coloca en evidencia la tenaza mafiosa que oprime a Colombia por obra y gracia de la clase dominante, totalmente comprometida con el narcotráfico, la corrupción y la violencia.
Solo un gobierno democrático podría iniciar un proceso de depuración de las costumbres políticas en Colombia, el movimiento Pacto Histórico y la candidatura presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez.
Por eso el interés de la gran burguesía mafiosa de asesinarlo, como hicieron con el general Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán Sarmiento, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Pizarro León Gómez y más de cinco mil militantes del Partido Comunista y la Unión Patriótica.
En todos estos abominables magnicidios, la policía ha dicho lo mismo: “No teníamos conocimiento de las amenazas”.
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se rindieron ante la presión seguramente asfixiante del mandadero del narcotraficante número 82, según la CIA, Álvaro Uribe Vélez.
Según trascendió, alias Otoniel, estaba interesado en acogerse a la Jurisdicción Especial para Paz (JEP), con el compromiso de contar la verdad. Al parecer, el Gobierno Nacional, Uribe Vélez, políticos, empresarios, etc, saldrían salpicados con sus declaraciones, razón por la cual hicieron causa común para que fuera extraditado.
Lo mismo hizo Álvaro Uribe Vélez con sus compinches paramilitares, los extraditó para que no cantaran y dijeran la estrecha relación entre el entonces presidente y la mafia colombiana.
Iván Duque Márquez engaña a las víctimas de alias Otoniel, cuando dice que el capo regresará al país a responder por sus crímenes de lesa humanidad. Difícilmente, lo podría hacer.
Cobra vigencia lo dicho por el comandante fariano, Manuel Marulanda Vélez: “La mafia termina eliminándose entre sí”.
De por sí, la extradición es una vergüenza. Es la pérdida de la soberanía nacional. Es tanto como decirle al vecino que castigue el hijo porque éste resulta incapaz. Es la fiel estampa del neocolonialismo.
Es más: Todo indicaría que este mafioso fue traicionado por su socio el gobierno, toda vez que el supuesto operativo para detenerlo fue un montaje, un show mediático. Al parecer fue algo acordado.
Una vez más se coloca en evidencia la tenaza mafiosa que oprime a Colombia por obra y gracia de la clase dominante, totalmente comprometida con el narcotráfico, la corrupción y la violencia.
Solo un gobierno democrático podría iniciar un proceso de depuración de las costumbres políticas en Colombia, el movimiento Pacto Histórico y la candidatura presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez.
Por eso el interés de la gran burguesía mafiosa de asesinarlo, como hicieron con el general Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán Sarmiento, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Pizarro León Gómez y más de cinco mil militantes del Partido Comunista y la Unión Patriótica.
En todos estos abominables magnicidios, la policía ha dicho lo mismo: “No teníamos conocimiento de las amenazas”.
Foto: El Tiempo
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