El papelón de la Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema de Justicia. Foto: Internet

 Por Nelson Lombana Silva

Nuevamente la Corte Suprema de Justicia se ha burlado del país al negarse a nombrar la fiscal general de la Nación de la terna presentada por el presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, sin mostrar un solo argumento válido que justifique semejante afrenta, tanto a la comunidad nacional como internacional.

Resulta indignante tal postura por cuanto no tiene un fundamento legal, jurídico dicho comportamiento, sino más bien un prurito de favorecer la descompuesta oligarquía que se ha forjado en la corrupción, el narcotráfico y el paramilitarismo.

La fiscalía general de la nación se ha convertido en un verdadero esperpento de impunidad que, al decir de los doctos en la materia, supera el 94 por ciento la impunidad que le imprimió el señor Francisco Barbosa y quien sigue en el cargo en cuerpo ajeno, en la persona de la señora Martha Mancera, de quien se dice es más corrupta que el saliente fiscal.

La jugada de la derecha es evidente: Tapar y tapar los grandes cocinados nauseabundos que caracterizaron la fiscalía saliente e impedir que llegue a este cargo una funcionaria decente y honesta, que es el sueño utópico del pueblo colombiano.

El régimen capitalista es una cloaca en alto grado de descomposición que ve con horror la más mínima reforma que favorezca el interés del pueblo. Es la lucha de clases en todo su esplendor, tal como lo relató científicamente el maestro del proletariado Carlos Marx.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que esta es una de las oligarquías más atrasadas del continente y del mundo. Petro, dijo en campaña, que él no iba a desarrollar el Socialismo como decían sus adversarios con frenesí, sino que iba a desarrollar y modernizar el capitalismo y, eso es lo que está haciendo de alguna manera. Sus medidas no tienen nada que ver con la esencia del Socialismo y menos del Comunismo. Son reformas ajustadas a la dinámica del capitalismo, pero que resultan importantes para una sociedad colombiana tan desigual, tan analfabeta política y tan corroída por la pobreza y la marginalidad.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, están allí para defender los intereses de la gran burguesía, para evitar que, por ejemplo, el señor Álvaro Uribe Vélez no responda ante los tribunales por las 6402 ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como “falsos positivos”. Para que nadie sea llevado a prisión por los numerosos y abultados robos que han conmovido a la comunidad nacional e internacional, a pesar del crudo hermetismo de los medios corporativos de comunicación.

Salarios y prebendas

No se justifica que la Corte Suprema de Justicia lleve mamando gallo, casi seis meses, eludiendo su responsabilidad de nombrar la fiscal general de la nación. Es como si tuviera trabajando a honorem causa. Pero en realidad, la cantidad de plata que tiene que colocar el pueblo humilde como usted y yo, resulta exageradamente onerosa.

Mediante decreto 902 de junio 2 de 2023, sancionado por el presidente Petro, el salario básico de un magistrado es de $9.148.658,oo pesos mensuales, con una verdadera cascada de prebendas adicionales, sobre todo, para los que se acuestan sin comida en Colombia: Asignación básica mensual $3.293.520,oo pesos; gastos de representación mensual $5.855.138 pesos; prima técnica $5.489.198 pesos; prima especial de servicio a que se refiere el artículo 15 de la ley 4ª de 1992, que es aquella que es sumada a los demás ingresos laborales igual a los percibidos en su totalidad por los miembros del congreso, sin que en ningún caso lo supere; la prima especial de servicios, que también se reconocerá cuando el empleado se encuentra disfrutando su período vacacional; prima de servicios, prima de navidad, priva de vacaciones, la prima técnica, la prima especial, prima de antigüedad, etc.

Con todo ese chorro de dinero que devengan los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dineros que salen de los impuestos del pueblo colombiano, no actúan profesionalmente, sino que lo hacen al vaivén de sus jefes politiqueros que no quieren que brille en Colombia por primera vez la justicia, de tal manera que deje de ser exclusivamente para los de ruana. Es, ciertamente, indignante.

La movilización del pasado 8 de febrero, fue un grito de indignación nacional, un basta y un llamado a rectificar esa pusilánime postura que raya, naturalmente, en la corrupción y la injusticia social. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, sigue como la canción: Ciega, sorda y muda. Por eso, el pueblo debe movilizarse nuevamente quizás con fuerza y contundencia. No puede renunciar a la calle, a la protesta y a la formación política. Es un nuevo momento que hay que defender, como dice el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez: ¡Con todo el corazón!