Jornada de protesta adelantó rama judicial en el Tolima

Cerrado permaneció ayer el palacio de Justicia en la ciudad de Ibagué, Tolima. Foto Nelosi

Los trabajadores de la rama judicial en el departamento de Tolima, desarrollaron ayer una jornada de protesta, en solidaridad con los 4800 jueces de descongestión de los despachos judiciales que fueron separados de sus cargos.

Fernando Suarez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la rama Judicial (Asonal Judicial) en esta sección del país, explicó los motivos de la protesta: “Estamos haciendo estas jornadas nacionales de protesta o asambleas informativas de carácter permanente, exigiéndole al Consejo Superior de la Judicatura, sea reformado o mejor, sea anulado el acuerdo emitido el 31 de julio de 2014, por la cual suprimió más de 4800 compañeros a nivel nacional y en la ciudad de Ibagué, más de 60 compañeros, en cuanto a lo que respecta al programa de descongestión, como se había hablado en la última reunión interinstitucional que iría hasta el mes de diciembre de 2014”.

La congestión de los despachos judiciales en Colombia es supremamente alta. Hay muchos procesos pendientes y pocos profesionales para resolver oportunamente dichos procesos, según el dirigente sindical. “Es de amplio conocimiento de la comunidad en general, que la congestión en la justicia en Colombia realmente sobrepasa los topes. Es por eso que se había programado esta descongestión desde 2007 hasta el 2012 y el gobierno nacional a través del ministerio de hacienda ha venido haciendo adiciones o trasladamos presupuestales para poder ir evacuando todos esos procesos represados en la parte penal, civil y administrativa, en el país. En el caso del Tolima vemos con mucha preocupación que todos esos procesos que se estaban diligenciando, tienen que regresar nuevamente a los juzgados de origen creando un caos total en la administración de justicia en este departamento”. 

¿Por qué se suspende a los jueces de descongestión ahora cuando estaba proyectado a diciembre de 2014? Responde el compañero Fernando Suarez: “Lo que nos dice el Consejo de la Judicatura es que los despachos judiciales que se suprimieron fue porque ya habían cumplido su misión, su meta, no tenían ya procesos para resolver, otros porque no habían cumplido las metas trazadas o porque no habían presentado las estadísticas. En el departamento del Tolima hicimos un recorrido concienzudo por los diferentes despachos judiciales y vemos que no es así lo que afirma el Consejo de la Judicatura. Por el contrario, se ha cumplido por encima de las metas, se presentaron muy cumplidamente las estadísticas y todavía resta una cantidad enorme de procesos por resolver”.

El dirigente sindical aspira que la protesta sea por el día de ayer y que hoy se asuma una decisión plausible para la justicia colombiana. “Sabemos que el Consejo Superior de la Judicatura está haciendo un análisis del tema, ya se habló con el compañero Luis Fernando Otálvaro, presidente nacional de Asonal Judicial, quien hace parte de la comisión interinstitucional para retraer, o sea, emitir una decisión nueva para que el programa vaya hasta noviembre de 2014. En esa fecha hablaríamos con el gobierno nacional a través del ministerio de hacienda para que haga un traslado presupuestal y poder terminar el 2014 con este programa de descongestión”.

Sobre el número de trabajadores que paralizaron sus labores ayer en el Tolima, dijo el líder sindical: “Unos 1200 empleados, son los que laboran en el palacio de justicia, los que laboran en el edificio de Metropol, que la mayoría son juzgados de descongestión y los compañeros que laboran en el edificio de Comfatolima en la 69 con avenida Ambalá, que son los compañeros de la especialidad administrativa”.

El gobierno nacional sigue siendo mezquino con la justicia, sin importarle que miles de compatriotas se estén literalmente “pudriendo” en las cárceles del país, en precarias condiciones, pues predominan el hacinamiento, la falta de salud y alimentación medianamente humana. Además, muchos de ellos son inocentes y víctimas de montajes judiciales como la mayoría de presos políticos.