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| Foto: Colombia Plural |
Por Nelson Lombana Silva
El artículo publicado por el periodista Alberto Donadio, da cuenta que el Estado liderado por el entonces presidente de la república, Virgilio Barco Vargas, autorizó el abominable genocidio político contra la Unión Patriótica (Up). Durante 36 años esto se mantuvo en absoluta reserva y gracias a la intrepidez investigativa de este periodista, la verdad clara, precisa y concreta, comienza a salir a flote.
Serias investigaciones señalaban con fundamento al Estado de este genocidio, único en su género a nivel mundial. Lo importante de esta revelación periodística, es que salen nombres en concreto. Responsabilidades directas que reafirman las conjeturas que se tenían represadas durante tantos años.
Con el visto bueno del tatareto presidente Barco Vargas (1986 – 1990), se llevó a cabo el genocidio que cobró la vida de cerca de 6000 personas, entre ellas, candidatos presidenciales, senadores de la república, representantes a la cámara, diputados, concejales y líderes comunales, sindicales y populares. Una verdadera orgía de sangre autorizada desde el alto gobierno nacional.
Una vez tomó las riendas del país, este presidente acudió a los oficios del israelí, Rafi Eitán, amigo personal para que le aconsejara como enfrentar la guerrilla. Mediante un jugoso contrato, seguramente, el espía hizo un recorrido por el país y su tétrica conclusión que le presenta al presidente, es la eliminación física de los militantes de la Unión Patriótica. Se ofrece a cambio de un segundo contrato, pero la cúpula militar se opone amenazando con presentar renuncia y de paso, comprometiéndose a hacer este sucio trabajo de eliminar a la auténtica oposición del momento en el país. Barco cede a las pretensiones del generalato.
Como era obvio, el siniestro plan era mantenido en absoluta reserva. Al parecer, ni siquiera el asesor de paz de este gobierno, Carlos Ossa Escobar, tenía conocimiento. Por eso, en cierta oportunidad se dirige a la cúpula militar bajo el mando del general, Rafael Samudio Molina, expresando su preocupación por la racha de asesinatos de los miembros de la Up y la respuesta cínica de este general fue: “A ese ritmo no van a acabar nunca”.
En este plan hay otros personajes implicados de una u otra manera. El periodista Alberto Donadio, en su valiente artículo, señala a: El secretario general de la presidencia, el empresario Germán Montoya Vélez, Juan José Turbay, miembro de la junta directiva de Ecopetrol, y quien pagó los servicios del criminal espía, Rafi Eitán.
Durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas, el derrame de sangre en Colombia fue impresionante. Se considera que durante su mandato fueron asesinados más de 78.000 personas. El militarismo y la mafia, tuvieron plena libertad para actuar a las anchas y cometer los crímenes más absurdos y repugnantes. Las cifras son espeluznantes: 250 policías cayeron, 19 carrobombas dejaron más de 300 víctimas, más de 125 atentados dinamiteros contra el oleoducto, 3000 miembros de la Up asesinados, más los desaparecidos, los torturados y los desplazados, hacen que la suma supere los 6000, según estadistas del Centro Nacional de Memoria.
Resulta deplorable saber que el mismo Estado condena a muerte y paga por ésta, contra todo aquel que no se someta al cruel imperio del régimen capitalista. No hay libertad para disentir. Colombia es una dictadura con el ropaje de falsa democracia. El pueblo debe tomar conciencia y asumir una postura crítica y unitaria. No hacerlo así, es permitir que todos estos crímenes se sigan cometiendo y el grado de impunidad en muchos casos, supere el ciento por ciento.
Serias investigaciones señalaban con fundamento al Estado de este genocidio, único en su género a nivel mundial. Lo importante de esta revelación periodística, es que salen nombres en concreto. Responsabilidades directas que reafirman las conjeturas que se tenían represadas durante tantos años.
Con el visto bueno del tatareto presidente Barco Vargas (1986 – 1990), se llevó a cabo el genocidio que cobró la vida de cerca de 6000 personas, entre ellas, candidatos presidenciales, senadores de la república, representantes a la cámara, diputados, concejales y líderes comunales, sindicales y populares. Una verdadera orgía de sangre autorizada desde el alto gobierno nacional.
Una vez tomó las riendas del país, este presidente acudió a los oficios del israelí, Rafi Eitán, amigo personal para que le aconsejara como enfrentar la guerrilla. Mediante un jugoso contrato, seguramente, el espía hizo un recorrido por el país y su tétrica conclusión que le presenta al presidente, es la eliminación física de los militantes de la Unión Patriótica. Se ofrece a cambio de un segundo contrato, pero la cúpula militar se opone amenazando con presentar renuncia y de paso, comprometiéndose a hacer este sucio trabajo de eliminar a la auténtica oposición del momento en el país. Barco cede a las pretensiones del generalato.
Como era obvio, el siniestro plan era mantenido en absoluta reserva. Al parecer, ni siquiera el asesor de paz de este gobierno, Carlos Ossa Escobar, tenía conocimiento. Por eso, en cierta oportunidad se dirige a la cúpula militar bajo el mando del general, Rafael Samudio Molina, expresando su preocupación por la racha de asesinatos de los miembros de la Up y la respuesta cínica de este general fue: “A ese ritmo no van a acabar nunca”.
En este plan hay otros personajes implicados de una u otra manera. El periodista Alberto Donadio, en su valiente artículo, señala a: El secretario general de la presidencia, el empresario Germán Montoya Vélez, Juan José Turbay, miembro de la junta directiva de Ecopetrol, y quien pagó los servicios del criminal espía, Rafi Eitán.
Durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas, el derrame de sangre en Colombia fue impresionante. Se considera que durante su mandato fueron asesinados más de 78.000 personas. El militarismo y la mafia, tuvieron plena libertad para actuar a las anchas y cometer los crímenes más absurdos y repugnantes. Las cifras son espeluznantes: 250 policías cayeron, 19 carrobombas dejaron más de 300 víctimas, más de 125 atentados dinamiteros contra el oleoducto, 3000 miembros de la Up asesinados, más los desaparecidos, los torturados y los desplazados, hacen que la suma supere los 6000, según estadistas del Centro Nacional de Memoria.
Resulta deplorable saber que el mismo Estado condena a muerte y paga por ésta, contra todo aquel que no se someta al cruel imperio del régimen capitalista. No hay libertad para disentir. Colombia es una dictadura con el ropaje de falsa democracia. El pueblo debe tomar conciencia y asumir una postura crítica y unitaria. No hacerlo así, es permitir que todos estos crímenes se sigan cometiendo y el grado de impunidad en muchos casos, supere el ciento por ciento.
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