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| Luis Alberto González Rocha, Juez de Paz. Foto Nelosi |
Los infames atropellos de los dueños de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad de Ibagué, Tolima, es el pan nuestro de cada día. Cada vez cometen más bellaquerías contra un pueblo sumiso, analfabeto y desorganizado. Estas empresas aprovechan esa quietud de los usuarios para exprimirlos a su antojo, en una de las administraciones municipales más perversas que ha tenido en los últimos tiempos la ciudad musical de Colombia.
La privatización de los servicios públicos domiciliarios en el marco del rapaz capitalismo salvaje y su modelo neoliberal, se acentúa peligrosamente aumentando la pobreza en vastas zonas de esta ciudad y en la misma zona rural. Los usuarios se ven a gatas para pagar estos servicios que son casi siempre de mala calidad y exageradamente costosos.
El drama es a granel y todos los días. Sin embargo, hay muy poco interés en la organización por parte de los usuarios. Prefieren callar y maldecir en voz baja. En ese desierto inexorable hay un líder que hace más de treinta años estudia el tema e insiste en llamar a los usuarios a romper con la maldita resignación y a asumir una posición digna y beligerante, exigiendo sus derechos. Se trata del juez de paz Luis Alberto González Rocha.
Por estos días, ganó un pleito a la usurera Enertolima y el beneficiado publica un emocionante texto en el cual destaca la obra del juez de paz y a su vez cuenta detalladamente la infamia de esta empresa.
Como las palabras conmueven pero los ejemplos arrastran, transcribimos textualmente esta carta, la cual dice así:
“Me permito solicitar un reconocimiento especial al juez de paz: Luis Alberto González Rocha, por sus excelentes servicios en favor de las comunidades menos favorecidas”.
“Hechos: Soy el propietario de un inmueble casa, ubicado en la avenida Ambalá número 42 – 57, barrio Cordobita, donde para poder subsistir, en lo que es la sala de la casa, abrí una venta de tintos, pan y gaseosa, por no tener empleo fijo, ser mayor de edad, no tener pensión, no tener auxilio del Estado. Y ser de extrema pobreza”.
“La empresa de energía del Tolima, sin visita previa como lo establece la ley, y sin autonomía porque quien cambia los estratos socioeconómicos es planeación y no las empresas prestadoras de estos servicios, levantó un acta ficticia, sin presencia del usuario y con fecha 18 de noviembre 2013, con decisión número 2012 – 0004 – 80 – 30, decidía cambiar el estrato del inmueble de residencial a comercial, violando el debido proceso y aplicando la posición dominante prohibida por la ley”.
“Y, al cambiar de estrato, el valor de la factura pasó de pagar $35 mil pesos a $546 mil, causando aumento en la tarifa de aseo imposible de pagar, por lo que acudí al juez de paz, que ha ayudado a muchas personas todos los días y quien atiende en un parque, porque el inspector cuarto de policía, abogado Ricardo Cárdenas Portela, se niega a prestar las instalaciones de la inspección para que el juez atienda a los usuarios de la justicia de paz, quien se conoce la legislación que regula estos servicios y también conoce las necesidades de las personas, sin cobrar por estos servicios, y no veo ningún reconocimiento”.
“El juez de paz, inició un proceso de reclamación ante la empresa, en su propio computador elaboró el Derecho de Petición, que fue negado por la empresa de energía, por lo que elaboró el recurso de Reposición con subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, donde la empresa presentó argumentos falsos y no pudo demostrar la realidad de los hechos y la decisión en justicia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fue la devolución al estrato residencial, devolución de lo cobrado ilegalmente, devolución del cobro de reconexión prohibido por medio de la sentencia SU – 10 – 10 del Consejo de Estado”.
“Así mismo la empresa no tuvo en cuenta la resolución 108 Creg y argumentó cosas contrarias a la realidad”.
“Por lo anterior, me encuentro satisfecho y pasó mi horrible noche ya que era una pesadilla, que no me dejaba dormir ni comer tranquilo, que había pensado hasta vender la casa e irme a vivir en otra ciudad, porque quién puede aceptar este cambio tan enorme”.
“Pero el juez de paz, quien fue mi ángel salvador y con sus servicios estoy muy satisfecho y quiero que le sea reconocido estos servicios. Además que se ponga como ejemplo de sus compañeros y la sociedad”.
“Lo anterior con el fin de que se publique por todos los medios con el fin de dar a conocer el defensor de los usuarios juez de paz, Luis Alberto González Rocha, quien reside manzana 5, casa 34 urbanización Castilla, por la avenida Tobogán, tel. 264 2887 y celulares: 310 810 4931 y 316 430 00 63”.
Atentamente, Luis Eduardo González.
La carta termina con dos reflexiones muy importantes: “Como casi todas las ciudades, los servicios públicos domiciliarios son un “incendio social”, y quieren apagarlo con gasolina”.
“La verdadera paz sólo puede ser fruto de la justicia. ¿Qué está haciendo usted por la paz?”.
Este relato descarnado que hace el usuario Luis Eduardo González sobre su propio drama y que el juez de paz, Luis Alberto González Rocha, lo salva milagrosamente, es apenas un ejemplo de los cientos y cientos de casos que a diario suceden en esta ciudad por obra y gracia de las empresas que se creen dueñas de todo y estar por encima hasta de la misma legislación burguesa.
En esas condiciones, el juez de paz formula un llamado a la unidad y la organización de los usuarios para contrarrestar los infames atropellos de que son objeto cientos y cientos de usuarios de los servicios públicos domiciliarios en Ibagué.
Seguramente cualquier parecido con el drama de usuarios de otras ciudades del país con el aquí relatado, será simple y llanamente coincidencia.
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