 |
| Vista parcial de la audiencia pública. Foto Nelosi. |
La audiencia pública iniciada y suspendida en septiembre del año pasado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), con el fin de conceder licencia para la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Totare, al norte del departamento de Tolima, se desarrolló ayer, en la ciudad de Ibagué, con movilización gigantesca de policía, el criminal ESMAD e impedimento que las organizaciones ambientalistas y comunidades desplegaran sus pancartas rechazando dicha construcción por cuanto perjudica el sistema ambiental de la región y empobrece aún más a las comunidades directamente afectadas, correspondientes a los municipios de Anzoátegui, Alvarado y Venadillo.
Dicha audiencia fue precedida y dirigida por el director de CORTOLIMA, Jorge Enrique Cardozo Rodríguez. Se inscribieron para participar 581 personas, quienes tenían en promedio tres minutos para intervenir. Brillaron por su ausencia los tres alcaldes municipales, no así los personeros, algunos concejales, líderes comunitarios y ambientalistas. También se hicieron presentes delegados del gobernador, del alcalde de Ibagué y funcionarios del ministerio público, entre ellos, el procurador regional, Daniel Rubio Jiménez.
La licencia es solicitada por Iván Benítez Jiménez, personaje arrogante que no dudó en calificar a la comunidad y a los ambientalistas que se oponen de “terroristas”. Al parecer está emparentado con un ministro del presidente Iván Duque Márquez, según denunciaron los participantes de esta audiencia pública realizada en la ciudad musical de Colombia.
Las supuestas “maravillas” del proyecto
La comunidad escuchó atentamente la iniciativa. Las “maravillas” que ofrece el proyecto. Entre otras: Se garantiza las mismas condiciones del agua que actualmente existe; vamos a sembrar 59 mil árboles adicionales para cuidar la cuenca; no habrá afectación a la producción hídrica; no somos un proyecto minero, somos una empresa especialista en centrales hidroeléctricas; no le vamos a vender la energía a ninguna empresa minera, va a estar al sistema interconectado nacional y vendida a través de la bolsa; no vamos a afectar ningún cultivo.
Sobre las supuestas ventajas, señaló: Vamos a generar 400 empleos directos y mil empleos indirectos; vamos a generar industria; vamos a capacitar a los jóvenes de la región para que puedan servir como operadores y en la construcción del mismo proyecto; el proyecto cuesta alrededor de $120 mil millones de pesos, de los cuales, mínimo un 50 por ciento tiene que ser gastado en el sitio; vamos a aportar de acuerdo a la ley, el 6 por ciento de las ventas brutas de energía. Eso corresponde a $1.700 millones de pesos anuales que van a recibir la Corporación en un 50 por ciento y los municipios de influencia en la zona directa. El plan de inversión social plantea una inversión de 2.075 millones de pesos. ¡Qué maravilla!
Despojo y miseria
Los argumentos expuestos por el defensor del proyecto rápidamente fueron desmentidos por los ambientalistas y las comunidades que poco a copo colocaron en blanco y negro los reales y pérfidos alcances de la iniciativa que se mueve naturalmente en la lógica del gran capital y del modelo neoliberal. Los argumentos fueron claros, precisos, contundentes y bien argumentados.
Abrió la ronda de intervenciones, el joven ambientalista, José Eduardo Jiménez Patiño. Dijo que la iniciativa hace parte del modelo extractivista y de despojo que se ha venido implementando en el país, que se presenta en la actualidad con varias caras. “Si bien estamos hablando de una hidroeléctrica que se hace llamar a filo de agua, se supone pequeña, ésta también obedece, hace parte de este modelo de despojo extractivista”.
“Cuando mencionamos sus impactos, no solo ambientales, sino sociales, económicos y culturales que esto genera en los territorios, pues también podemos observar que hay otros proyectos de igual similitud en el departamento del Tolima, como la hidroeléctrica Amoyá que hoy en día es el proyecto más grande en el sur del departamento del Tolima y que ha ocasionado unos impactos ambientales y ecológicos que nos generan bastante preocupación. Hoy en día, las personas de 16 veredas del municipio de Chaparral, no tienen agua. Dice que el río no se seca, ni las quebradas, cuando no es cierto, porque al captar el agua en los túneles que van a ser de tres kilómetros aproximadamente, obviamente, el caudal ecológico disminuye y eso genera sequía de las quebradas”.
Otra gran paradoja que anotó el líder sindical es que estas veredas no tienen fluido eléctrico. Como la energía se vende en la bolsa internacional, dicha energía resulta comprada por grandes proyectos mineros. “Si nos ponemos a mirar en el norte del Tolima, hay proyectos mineros como el del Oasis, el del Porvenir y algunos otros que toman la energía de estos tipos de proyectos. Por eso se viene hablando de diez proyectos de hidroeléctricas en el norte del Tolima”, subrayó.
Otra preocupación que destacó el líder ambiental es el relacionado con el cambio climático. En el sur del Tolima se han secado cerca de 47 quebradas, también ha afectado la humedad y los cultivos de café que son los que predominan en la región del sur del Tolima. “Eso no lo podemos permitir en un área que produce café, aguacate y otros productos en el norte del Tolima”.
“Cuando nos habla de empleo, nos vamos a las estadísticas nacionales y la contraloría general de la nación, dijo que tan solo 1.2 por ciento es lo que genera estos tipos de proyectos de empleos, y eso, obviamente, no son constantes, sino son empleos de prestación de servicios por un tiempo determinado”.
Por su parte, el veterano ambientalista, José Augusto Benjumea, dijo que estaba como eco ciudadano, “los eco “terroristas” no están en nuestro imaginario, merecemos mejor respeto”. Eso en alusión al calificativo dado por el aspirante a la licencia para construir la hidroeléctrica en esta zona.
Las batallas por defender el medio ambiente no pueden quedar reducido a “estos intereses perversos y codiciosos que tratan de disfrazar el desarrollo y la felicidad de la gente, la verdad debe salir a flote”, indicó.
Presentó un informe oficial deteniéndose en la parte geológico y morfológico de la realidad de las montañas donde se proyecta hacer esta obra, afirmando que eso no lo puede desconocer la autoridad representada por el director de CORTOLIMA en cabeza del doctor Cardozo al momento de decidir sobre esta licencia ambiental. “Nosotros sabemos de la precariedad de nuestros suelos de nuestras montañas y no puede ser que una chequera de una multinacional nos haga creer que eso es desarrollo. Eso es una forma de disfrazar la verdad y eso nos afecta”, agregó.
Al hablar de geología de la montaña, dijo que hay que tener en cuenta que hay una roca madre que no puede ser taladrada ni siquiera con un martillo porque su impacto negativo sería de incalculables consecuencias, el impacto producido por la dinamita sería devastador.
Dijo que esta zona era volcánica y que el cinturón de fuego del Pacífico pasa por esta cordillera; en este sector se presenta una conjunción de fallas geológicas, lo que sería imposible usar dinamita por cuanto las consecuencias serían gravísimas.
“Realmente nos sentimos manoseados, nos sentimos realmente despojados de todo lo que un ciudadano, un eco ciudadano como el que está aquí hablando, se merece”, señaló Benjumea.
Dijo que nada de lo que tiene programado tiene que ver con el progreso de los municipios y de las comunidades.
Las intervenciones casi por unanimidad rechazaron la iniciativa y le pidieron al director de CORTOLIMA, Jorge Enrique Cardozo Rodríguez, no conceder la licencia ambiental.
El funcionario dijo que se tomaría entre uno y dos meses, para decidir sobre el particular. Ojalá, como dijo uno de los intervinientes, el poder de la chequera no se imponga sobre la necesidad imperiosa de defender los bienes de la comunidad y el medio ambiente. La comunidad debe movilizarse y estar a la expectativa, no puede cruzarse de brazos a esperar el fallo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario