Por Nelson Lombana Silva
En el primer caso, realmente es una bofetada al pueblo colombiano, una infamia de marca mayor. Mientras el pueblo se está muriendo de física hambre, el mandatario no duda en lanzar botes salvavidas a una transnacional del transporte que no es colombiana y su principal propietario o accionista, se encuentra sindicado de nexos con los oscuros negocios de Odebrech. Quizás, la única explicación “lógica” es que la Vicepresidenta de Relaciones Públicas Avianca en Colombia es la hermana del presidente Duque.
Los recursos económicos que deberían ir a financiar a los pequeños y medianos empresarios sacudidos por la política depredadora que trae consigo el neoliberalismo y la pandemia del Covid – 19, el mandatario consecuente con los grandes monopolios, está dispuesto a entregar semejante suma, sin ninguna garantía que estos recursos regresen a las arcas del estado colombiano. A dos manos el presidente feria los dineros del pueblo, en defensa de los consorcios del transporte sin contraer un músculo de su enjuto rostro.
Esto tiene que generar indignación en el pueblo colombiano, indignación que hay que manifestar con la movilización callejera. La medida, si se concreta, representa una humillación, sobre todo de esas muchedumbres que luchan heroicamente por subsistir en las condiciones más adversas e infames. No se puede permitir que el presupuesto que debe ir al pueblo, el gobierno nacional lo esté desviando a satisfacer el interés del gran capital, en este caso de la multinacional Avianca. A Iván Duque Márquez hay que declararlo persona no grata, señalarlo donde llegué, por traición a la patria y al abnegado pueblo, históricamente engañado y explotado.
La otra noticia tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de trasladar el proceso contra Uribe Vélez a la Fiscalía General de la Nación. Es una puñalada trapera a la esperanza de justicia en Colombia. ¿Quién cree en la idoneidad de la Fiscalía? ¿Quién puede creer que el Fiscal General, Francisco Barbosa, será neutral y objetivo? Todos sabemos que este personaje de tan alta posición es cuota del uribismo, del sistema mafioso que gobierna a Colombia.
En este campo el pueblo también se debe movilizar y no asumir una postura de simple espectador. Es urgente parar la impunidad que seguramente se cuece en las alturas del poder, para que el narcotraficante número 82, según la CIA, siga siendo el reyezuelo de la impunidad en Colombia.
Los hijos del ex presidente Uribe contrataron por 50 mil dólares a una firma estadounidense para que diga en este país, que la Corte Suprema de Justicia, tomó una decisión ilegal contra su padre, aupada por las Farc. La campaña contratada comenzó ayer, según versiones periodísticas. El propósito es desprestigiar al máximo la Corte Suprema de Justicia.
Según información periodística, la campaña de desprestigio contra la Corte, comenzó ayer mismo. En uno de sus apartes, señala: “El arresto y la detención ilegal del ex presidente Álvaro Uribe, mientras los líderes terroristas están caminando libres hoy en Colombia, es indignante; él debería quedar libre inmediatamente y permitirle defenderse en contra de estas acusaciones infundadas y políticamente motivadas. Nosotros estamos orgullosos de ayudar a que el presidente Uribe cuente su historia”.
Desde hoy, al parecer, seguirán apareciendo documentos de esta calaña, con el oscuro propósito de desinformar y desprestigiar la Corte Suprema de Justicia, presionando de esta manera la libertad del matarife y narcotraficante número 82, responsable de múltiples masacres y crímenes de lesa humanidad en Colombia. Es claro, el Estado Colombiano mafioso va con toda a rescatar a este infeliz criminal para que siga disfrutando las mieses de la impunidad. ¡Qué horror!
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